Piden otro informe para descartar un conflicto de intereses de Amaya Fernández como líder del PP de Bizkaia

La operación de Génova para reorientar el PP de Bizkaia con una gestora encabezada por Amaya Fernández se está encontrando con más trámites de los previstos en el camino. Fernández, expresidenta del PP vasco en el interregno tras la salida de Alfonso Alonso y la ratificación como líder de Carlos Iturgaiz, en 2020, es asesora en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, con labores de “auditora-jefe”, según la documentación oficial. Hace dos años logró un dictamen de compatibilidad para ser miembro del comité electoral nacional del PP, pero ahora se ha requerido un segundo informe para detallar sus funciones y analizar si hay o no un conflicto de intereses a la luz de su futuro cargo.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es un órgano auditor externo que depende del Parlamento Vasco. Sus siete vocales son designados por la Cámara y responden a cuotas de los partidos. Desde finales de 2021, son tres del PNV, dos del PSE-EE y uno de PP y EH Bildu. A su vez, estos vocales pueden designar un número acotado de asesores. Así es como, en el arranque de 2022, Fernández entró en la institución una vez alejada de la primera línea tras la convulsa etapa anterior que acabó con casi todo el equipo de Alonso fuera por decisión expresa de Pablo Casado, entonces líder de los 'populares'.

En 2023, ya con Alberto Núñez Feijóo a los mandos, Fernández empezó a ser rehabilitada y entró en un puesto en el comité electoral. En aquel momento, los letrados del Parlamento emitieron un informe y, mediante una resolución de la presidenta, Bakartxo Tejeria, del PNV, se estableció que no se apreciaban elementos de incompatibilidad entre sus labores en el órgano auditor y en el partido. Eso sí, se le pidió que comunicara cualquier cambio en su posición para volver a valorar su situación.

Esto ocurrió el 11 de septiembre, jueves. Dos días después, un sábado por la tarde, trascendió que Génova prescindía de la presidenta en Bizkaia desde 2017, Raquel González, y de su 'número dos', Eduardo Andrade. Seguirán en sus cargos institucionales pero ya sin responsabilidades orgánicas. Tras una etapa de diferencias y pugnas internas, se optó por una gestora para cambiar el rumbo del PP en el territorio vasco con más población. La propuesta pasaba por una presidencia interina con Fernández y con Santiago López Céspedes, parlamentario autonómico, como secretario general.

En la primera reunión de la Mesa tras ser pública esta noticia, el martes 16, se acordó solicitar a los letrados de la Cámara un nuevo dictamen de compatibilidad, como recogió este periódico. Sin embargo, fuentes parlamentarias y del Tribunal de Cuentas indican que lo que parecía un mero trámite no lo ha sido tanto. De momento, se ha solicitado un segundo dictamen. En concreto, los letrados han pedido al propio órgano auditor que emita un informe detallando en qué consisten exactamente esas funciones de “auditora-jefe”.

Las fuentes consultadas indican que, actualmente, participa en las labores de apoyo a la confección de las auditorías de instituciones públicas. La ley de Tribunal de Cuentas veta expresamente a los vocales que puedan simultanear su labor con otros cargos en partidos e instituciones, pero no es tan precisa con los asesores. En este mismo mandato del Tribunal de Cuentas ha habido otra asesora con un puesto dirigente en un partido, en su caso en el PNV. Se trata de Amaia Ruiz de Viñaspre, que fue 'número dos' de los nacionalistas en Álava hasta la reciente renovación del Araba Buru Batzar, de finales de 2024. Su caso saltó a la palestra por haber contratado a su propia hija, la también 'jeltzale' Ane Miren Atín. No obstante, en su caso no realiza labores de auditoría, ya que es personal auxiliar del gabinete de la presidenta, Ana Helguera.