El PNV mantiene su distancia con la Corona y se ausentará del acto institucional con Felipe VI por el aniversario del 23-F

Aitor Esteban, con Felipe VI tras las últimas elecciones generales

Como otros partidos nacionalistas e independentistas, el PNV también se ausentará este martes del acto institucional que se celebrará en las Cortes Generales con motivo del cuadragésimo aniversario del golpe de Estado del 23-F, que va a estar presidido por el actual Rey, Felipe VI. La formación que en Madrid lidera Aitor Esteban y que es uno de los socios más estables del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dará cuenta un par de horas antes del inicio del acto de sus motivos para no participar en una rueda de prensa, aunque el nacionalismo vasco lleva ya tiempo marcando claramente distancias con la Corona.

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El 6 de diciembre, día del aniversario de la Constitución, Esteban manifestó en una rueda de prensa que veía en "crisis" a la monarquía en España y añadió: "O la Casa Real empieza a ser un poco más consciente o se puede llevar un susto a medio plazo". El PNV ha sido crítico tanto con la sucesión de noticias sobre irregularidades y dinero opaco en el entorno del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, como con las comunicaciones de corte ultraderechista que un sector de las Fuerzas Armadas han dirigido al actual monarca, Felipe VI. Además, se han posicionado en contra de la inviolabilidad.

En el plano más institucional, el lehendakari, Iñigo Urkullu, también ha manifestado en más de una ocasión que la Corona debería "republicanizarse" ya que tiene un problema de "legitimación". "Si saliera que hay una mayoría que apuesta por la monarquía parlamentaria, estaría mucho más legitimada de lo que está actualmente", sostuvo Urkullu en una comparecencia pública en Navidad.

En el fondo del debate sobre el 23-F y el PNV está también el escaso recorrido que ha tenido su propuesta de reforma de la ley de secretos oficiales, que es de 1968, del período franquista. "Llevamos ya cinco años con esto", se lamentan en el grupo nacionalista, que defiende que España necesita una normativa homologable a la de otros países occidentales para desclasificar información ahora considerada confidencial no sólo del golpe de Estado, sino también de la guerra sucia o de atentados. Se quejan de que además de la abundante documentación secreta también es secreto el propio acuerdo del Gobierno con el que se clasifican los asuntos. El Congreso admitió a trámite la reforma en el verano de 2020 pero, desde entonces, está parada en fase de enmiendas. En otra ocasión anterior también estuvo casi año y medio en un cajón de la Cámara baja.

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22 de febrero de 2021 - 16:46 h

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