Los primeros testigos ratifican las irregularidades en torno al derribo del palacete protegido de Getxo

La investigación judicial en torno al derribo el edificio protegido Irurak Bat de Getxo ha avanzado este viernes y este lunes con las declaraciones de los primeros testigos desde que se inició la instrucción en 2024 y, sobre todo, desde que el caso adquirió nueva dimensión a comienzos de 2026 con la entrada de la Ertzaintza en dependencias municipales para analizar la existencia de posibles delitos contra el patrimonio. En las dos sesiones, según fuentes judiciales, los ertzainas que han realizado los informes en calidad de Policía judicial se han ratificado en que hay claros indicios de irregularidades, vecinos han apuntado que a comienzos de 2024 ya era notorio que se estaba tirando el palacete sin que nadie hiciera nada y la empresa Eslora, la que realizó el primer plan de viviendas de lujo que iban a sustituir a la vieja construcción y que luego renunció, ha confirmado que desde el principio eran conocedores que estaban trabajando con un edificio protegido.

Los primeros en declarar ante el instructor, el juez Marcos Amor, fueron cuatro agentes de la Ertzaintza que han confeccionado los informes sobre el derribo del Irurak Bat. Estuvieron unas cuatro horas compareciendo y defendieron la tesis que apuntaron ya en sus atestados, que creen que hay indicios de delito. Ahora mismo son diez las personas imputadas, incluidos tres exconcejales del PNV en Getxo. Dos de ellos, Irantzu Uriarte e Inazio Uriarte, que eran pareja, iban a adquirir una de las viviendas de lujo resultantes del derribo del Irurak Bat. Los abogados defensores trataron de insistir en la tesis de que en los registros incurrieron en extralimitaciones. De hecho, hay formulados recursos ante la Audiencia Provincial para anular pruebas.

En estos días han acudido también al Tribunal de Instancia de Getxo vecinos y conocedores de las obras en el Irurak Bat. Aunque el derribo se completó en agosto de 2024, han indicado que ya desde “febrero o marzo” había demoliciones parciales que dejaban claro cuáles eran los planes. De hecho, otro compareciente ha indicado que en julio de 2024 “todos” los cooperativistas del proyecto de las nuevas viviendas, que se llamaba Ereaga Atalaya, conocieron por escrito que a los pocos días se iba a completar la demolición. Esa comunicación incluiría a los dos ediles del PNV que, en todo caso, asistieron igualmente a una reunión en 2023 donde se planteó también que era un edificio protegido.

Las fuentes judiciales consultadas indican que Bi-Urban, la empresa que relevó como promotora a Eslora, sostiene que el derribo fue una decisión no planificada e improvisada a la luz del mal estado del edificio al intervenir sobre él en agosto. Sin embargo, un técnico ha manifestado que en 2018 el palacete superó la ITE (el equivalente a la ITV de los coches para edificios) y que estaba “en perfectas condiciones”.

Las próximas testificales serán el 19 de junio. Ese día está citado Urko Balciscueta. Como arquitecto municipal, emitió en marzo un informe que fue incorporado al sumario. En él, explicaba que en su día informó favorablemente de un proyecto de reforma del edificio, pero remarcaba que aquel plan preveía el “mantenimiento” del edificio y la renovación de su interior y de las cubiertas. Añade que, si se hubiese planteado una demolición “total o parcial”, tendría que haber un informe del Gobierno vasco que no consta que se solicitase.

No hay fecha para que declaren los imputados. Hubo una citación para febrero, se anuló y no hay nuevo calendario. Por el momento, el plazo máximo para completar la investigación se sitúa en octubre de 2026, aunque sería prorrogable. Dos partidos de la oposición en Getxo, el PP y EH Bildu, ejercen como acusación al lado de la Fiscalía. La alcaldesa del PNV, Amaia Agirre, se negó a dimitir por este asunto pero ya ha confirmado que no se presentará a las elecciones de 2027. Irkus Ansotegi ha sido designado ya por parte de la formación nacionalista.