El Supremo analizará el “pelotazo urbanístico” del que grupos ecologistas acusan al Obispado de Bilbao

La lucha que llevan protagonizando desde 2019 los vecinos del céntrico barrio bilbaíno de Abando contra el Obispado y el Ayuntamiento de Bilbao por la construcción de un edificio en lo que hasta hace poco era la Escuela Universitaria de Magisterio (BAM), cuenta con novedades “esperanzadoras” para el vecindario después de que el Tribunal Supremo haya aceptado un recurso de casación interpuesto por Ekologistak Martxan contra el Estudio de Detalle de la parcela del Obispado de Bilbao.

En esa parcela, cuyo cambio del uso del suelo fue aprobado por el Ayuntamiento de Bilbao en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en junio de 2018, el Obispado planea reunir en un mismo edificio, denominado Bizkeliza Etxea, todos los servicios pastorales, culturales, educativos y sociocaritativos de la Diócesis de Bilbao, pero para financiar todo eso, destinará el 44% del futuro edificio a Mutualia, mutua colaboradora con la Seguridad Social que abrirá ahí una clínica privada en él. Algo que los vecinos han descrito como “pelotazo urbanístico”.

Según detallan desde Ekologistak Martxan, interpusieron el recurso de casación el pasado 18 de mayo para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de diciembre de 2020, que desestimaba su recurso contencioso administrativo. En él, según explican, se ponían de manifiesto los “vicios” del Estudio de Detalle como la “ausencia del preceptivo estudio de impacto medioambiental y la omisión del informe de servidumbres aeronáuticas”. La asociación ecologista ha afirmado que un fallo del Supremo anulando el Estudio de Detalle para la parcela convertiría al proyecto y las obras “en ilegales”. 

Desde la asociación vecinal Plataforma por un Abando Habitable y Saludable, explican a este periódico que el mero hecho de que el recurso haya sido aceptado “es una buena noticia”. “Estamos contentos porque la aceptación del recurso explicita que lo que decíamos tenía fundadas razonas. Que el supremo acepte un recurso a casación y más en temas urbanísticos, es algo muy difícil”, explican. Desde la plataforma han creado un “concurso de ideas” para repensar qué podrían crear en el espacio que ocuparía el edificio del Obispado si finalmente consiguen paralizar el proyecto. “Somos conscientes de que la titularidad del solar es del Obispado, pero consideramos que el cambio de uso del suelo se otorgó pensando que ahí se iba a construir un edificio para la Diócesis y no una clínica privada. Eso es engañar tanto al Ayuntamiento como a los vecinos de Bilbao y lo vamos a defender”, aseguran.

Las obras para construir la Bizkeliza Etxea, llevan más de siete meses paradas, concretamente, desde que se demolió el edificio que había en la parcela. Ekologistak Martxan insiste en que “la aceptación del recurso en el Tribunal Supremo añade una capa más de incertidumbre a un proyecto también lastrado por el encarecimiento del suministro de materiales y energía, que están provocando un parón en la industria de la construcción”. Según destacan, con la decisión del Supremo, “se empieza a ver los ver los frutos de la batalla judicial contra el 'pelotazo urbanístico' en el barrio de Abando, en Bilbao”.

El Ayuntamiento de Bilbao ha reiterado en más de una ocasión que “el terreno es del Obispado y puede hacer lo que quiera hacer en él”. “Se aprobó en el pleno por los partidos políticos el cambio de uso y el propietario es el Obispado. Nosotros hicimos el cambio de uso dentro de la normativa”, confirman fuentes del Consistorio.

Con motivo de aclarar las dudas de los vecinos con respecto al derrumbamiento de la Escuela Universitaria de Magisterio, cuyas obras las acusaron de “irregulares”, el pasado noviembre tuvo lugar una comparecencia en el Ayuntamiento de Bilbao la que participaron el concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza y el que por aquel entonces era el titular de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil. Durante sus intervenciones, negaron cualquier “irregularidad” y acusaron a los vecinos de “querer paralizar el proyecto”.

“Se ha establecido una comisión de seguimiento que no tiene ninguna otra obra de la ciudad. Se han establecido unas condiciones que no tiene ninguna otra obra de la ciudad y sabemos que nada de lo que hagamos y digamos va a satisfacer ni al AMPA ni a algunos vecinos del entorno porque el objetivo último es que el proyecto no se haga. Y por lo tanto ninguna de las medidas, por más restrictivas y exigentes que sean les va a satisfacer porque todavía se sigue pretendiendo que a través de todas estas quejas se consiga que no se realice el proyecto. Cuestión que es utópica. Si en algún momento durante la obra hubiese algún tipo de cuestión que corregir a la constructora se le reclamaría. En el peor de los casos se le sancionaría, pero no supondría la anulación del proyecto y por supuesto tampoco supondría que el Ayuntamiento compre ese terreno”, ha argumentó Abaunza.

Por su parte, desde el Obispado han declarado que se trata de “una operación completamente legal que intenta maximizar la rentabilidad del espacio”. El proyecto cuenta con la aprobación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y supondrá una inversión superior a los 30 millones de euros. En el hospital se ofrecerán todos los servicios que actualmente presta la compañía en su clínica de Ercilla, como urgencias, cirugía ortopédica y traumatológica, unidad de mano, rehabilitación, hidroterapia, radiodiagnóstico, medicina interna, hospitalización, según especifican desde Mutualia. Además, se trasladará parte de la actividad que actualmente se presta en su sede de Henao.

Por el momento, los vecinos desconocen cuándo se hará público el fallo del Tribunal Supremo pero confiesan sentirse “esperanzados”. “Consideramos que no es justo lo que el Obispado está haciendo con los terrenos y que no se nos ha tenido en cuenta ni para la toma de decisión, ni para informarnos de qué se está haciendo. ¿Que los terrenos son suyos y puede hacer lo que quiera? Vale, siempre y cuando cumpla la ley, como hacemos el resto”, critican.