El Supremo ratifica la condena al 'alcalde' de un pueblo de Álava de 19 habitantes que se apropió de 145.183 euros públicos

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años y ocho meses de prisión al regidor del pequeño concejo alavés de Ribaguda, que en la actualidad cuenta con apenas veinticinco habitantes, por apropiarse de 145.183 euros de las cuentas públicas y traspasarlas a una privada y personal. El regidor, que fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Álava, hizo transferencias, abonos y reintegros con destino a su cuentas personales. Rechazado el recurso del condenado, este habrá de pagar también las costas procesales.

El condenado fue entre diciembre de 2009 y diciembre de 2013 regidor del concejo de Ribaguda, una de las entidades locales en las que se divide el municipio alavés de Ribera Baja. Aunque según los últimos datos del padrón el lugar cuenta a fecha de 2023 con veinticinco habitantes, por entonces no llegaba ni a la veintena. Como se considera probado tanto por la Audiencia Provincial de Álava como por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ahora ratificado por el Supremo, el 18 de junio de 2012, “ordenó, en beneficio propio y sin que tal operación obedeciese a una causa justificada, una transferencia de 25.000 euros con el concepto de 'permuta de terreno' desde la cuenta de la Junta Administrativa de Ribaguda a su cuenta personal, de la que era titular exclusivo”, señala la sentencia.

También recoge que al año siguiente, el 31 de enero de 2013, “sin razón que lo justificase” y “con el mismo ánimo de beneficiarse personalmente a costa del patrimonio de la Junta Administrativa que presidía”, canceló una cuenta y abonó 75.000 euros en su cuenta personal. Y, de igual manera “en beneficio propio”, fueron varios los reintegros que, con un importe total de 45.183,61 euros hizo en esa misma cuenta personal

El Tribunal Supremo considera probado que la junta administrativa de Ribaguda era titular del dinero depositado en las cuentas y que la acción de desviarlo supone un delito de malversación de caudales públicos. En la sentencia, que está datada en 19 de marzo de 2024, se subraya que no es necesario que el funcionario que sustraiga el dinero se lucre de forma personal, sino que basta con que la actuación se guíe por el ánimo de lucro. “Y es evidente tal ánimo cuando se realiza un trasvase de fondos públicos en cuenta pública (donde solo hay saldo público) a una cuenta privada. No hace falta una mayor interpretación deductiva. El patrimonio económico de esas cuentas no estaba para sus transferencias a cuentas privadas, sino a actividades públicas”, esgrime. Con esta nueva sentencia, se desestima el recurso de casación interpuesto por la representación del acusado, que tendrá que hacerse cargo también de las costas procesales derivadas del recurso.

Un caso más en los concejos

No es, ni de lejos, el único caso de desfalco de dinero público en un concejo alavés. Estas entidades, que en la mayor parte de los casos aglutinan a un reducido número de habitantes, cuentan con personalidad jurídica propia, gozan de cierta autonomía y disponen de su propia junta administrativa. Entre 2004 y 2009, en el concejo de Eribe, de 64 habitantes, la regidora y su fiel de fechos, una suerte de secretaria, desfalcaron 176.945,72 euros, lo equivalente a 2.764 euros por habitante. Como si en Vitoria se hubiesen desviado 700 millones de euros. Lo admitieron en 2021 y alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio y la entrada en la cárcel.

En Aretxabaleta, concejo perteneciente al término municipal de Vitoria y con apenas tres centenares de habitantes, el 'alcalde' desvió 545.454,74 euros para su propio beneficio o el de terceros. Durante el proceso en el que acabaría condenado, se llegaron a justificar los gastos con un 'show’ de Mari Carmen y sus muñecos, una visita de los Hermanos Calatrava, una actuación del cómico Manolito Royo, espectáculos de variedades, pirotecnia, una “cena de gala”, clases de flamenco y excursiones por España y Europa, incluido un viaje a Eurodisney, en París. No hay constancia ni de que devolviera el dinero ni de que ingresase en prisión. Ha habido también otros casos en los concejos de Respaldiza, Arkaute y Urturi.