Vitoria no descarta tener que ofrecer más a las empresas para salvar la contrata de limpieza después de subirla 100 millones

El Ayuntamiento de Vitoria no descarta tener que inyectar (todavía) más dinero a la futura contrata de limpieza, la mayor de la ciudad, después de que antes del verano fracasara el proceso de adjudicación a pesar de que el presupuesto anual ofrecido de partida a las empresas fuese 10 millones de euros anuales superior que lo que se abona ahora, una mejora de casi el 40%, y con una garantía de diez años, el doble que en la actualidad. Es decir, había 100 millones más encima de la mesa hasta 2036. “La solución a veces pasa por modificar la cuantía. Esto no se le escapa a nadie. Pero esto no implica plegarse a las empresas”, ha explicado esta semana el edil responsable del servicio, el socialista Pascual Borja, ante las quejas de la oposición de izquierdas, EH Bildu y la coalición Elkarrekin.

La relación de Vitoria con su contrata de limpieza y gestión de residuos es de amor-odio desde que en 2006 se sustituyera a la histórica contratista, Cespa, que parecía parte del imaginario de la ciudad con sus camiones coloreados de blanco, azul y amarillo, por FCC. En aquel proceso, con Alfonso Alonso del PP como alcalde antes de ser ministro, se proyectaron incluso algunas sombras de corrupción unidas a pagos a una sociedad del exedil José Antonio Pizarro. Cada relevo, sin excepción, genera una cascada de titulares.

Tras los primeros años de FCC en solitario, se pasó a una UTE de FCC con Viuda de Sainz (a través de su filial GMSM) imitando el modelo de Bilbao. Y ahora, desde 2021, el servicio lo prestan PreZero (la denominación actual de Cespa) y la local Onaindia, que emplean la marca Bira. Todavía hace unos meses, en abril se conoció que ha habido que poner 0,6 millones de dinero público adicional porque en el último cambio del servicio se entregó maquinaria en mal estado. Ese servicio arrancó presentado como refuerzo del parque móvil para las fiestas de 2022 un camión matriculado en 1986, como adelantó este periódico.

Este 2025, la ciudad que aún luce con orgullo su condición de 'green capital' de Europa, un premio otorgado en 2012, empezó a preparar ya una nueva contrata. La previsión era cerrar un acuerdo con las empresas para diez años, en busca de estabilidad en las inversiones y en los cambios necesarios en un contexto de emergencia climática. Y la gran novedad pasaba por haber dotado a esa contrata futura con un presupuesto de hasta 355 millones, 35,5 por año, es decir, 10 más que hasta ahora.

Pero los planes se frustraron en el camino y, quizás, tocará poner incluso más dinero encima de la mesa. Esto ha airado a la oposición al Gobierno de Maider Etxebarria, una coalición de PSE-EE y PNV. En primer lugar, una asociación de empresas del sector puso un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), una ventanilla del Gobierno vasco que dirime pugnas sobre licitaciones y llegó una suspensión cautelar del procedimiento. Pero ni siquiera fue necesario un pronunciamiento de fondo. Y es que se acabó el plazo de recepción de ofertas y ninguna empresa se presentó.

Este miércoles, en el Ayuntamiento, se ha celebrado una primera comisión de Limpieza después de las vacaciones de verano. Y EH Bildu y Elkarrekin, que aglutina a Podemos, Equo-Berdeak e IU, han coincidido en demandar al Gobierno municipal información actualizada sobre su gran contrato. Su tesis compartida es que el 'lobby' de las empresas -en realidad, en el pasado fueron sancionadas por conformar un “cártel”- ha intentado “boicotear” a la ciudad para sacar aún más dinero en la licitación. Así lo expresaron los ediles Ekaitz Díaz de Garayo y Óscar Fernández.

El socialista Borja explicó que sus funcionarios “están trabajando en un nuevo pliego”. De momento, recalcó, las nuevas “condiciones” no se pueden “revelar”, por motivos de confidencialidad. Serán públicas cuando la junta de Gobierno local les dé el visto bueno. En el nuevo proceso, eso sí, se puede dar por hecho que habrá “cambios” y “mejoras”. “Desde luego que estamos trabajando para hacer una oferta atractiva”, manifestó.

EH Bildu y Elkarrekin insistieron en querer conocer si esos cambios implicarán tener que poner más dinero encima de la mesa. No lograron concreciones, aunque sí la admisión por parte del Gobierno local de que “a veces” resolver estos entuertos “pasa por modificar la cuantía”. Según estas dos formaciones, un 'lobby' de empresas ha actuado de forma concertada y va a lograr más réditos y temen que PSE-EE y PNV se “plieguen” a sus chantajes. Borja negó con rotundidad estas consideraciones, pero subrayó que sí compartirán impresiones con el sector de cara al nuevo pliego. “Hay que hacer una licitación que sea atractiva. A nadie se le ocurre hacer una oferta que no sea atractiva para el sector. Sería de locos”, apuntó.

También hay que pagar más por la prórroga

En la misma sesión, el otro partido de la oposición, el PP, añadió al debate que “la ciudad está sucia”. Ahora mismo hay “un contrato insuficiente para mantener limpias las calles”, en palabras de Alfredo Iturricha, y se ve “porquería por todos los lados”. Se afea que en agosto, por los turnos vacacionales, no se han realizado muchos servicios contratados. El adelanto de la caída de la hoja por las altas temperaturas ha terminado por dar la puntilla a la imagen de las calles, ya condicionada por los seis meses de huelga en otra contrata clave, la de jardinería, en manos de Enviser.

Vitoria tendrá que negociar ahora una prórroga con la actual contrata, la de PreZero y Onaindia, para salvar los meses hasta que pueda firmar el nuevo contrato. Borja estima que el verano de 2026 sería un horizonte razonable. La extensión sería por “lo mínimo indispensable, entre nueve y diez meses”. “Queremos acortar los plazos todo lo que se pueda [...]. Pero éste es el contrato más importante que tiene el Ayuntamiento y necesita importancia en tiempo, plazos, estudios y análisis”, explicó el edil socialista.

Sin embargo, esa prórroga requerirá “inversiones”, es decir, más dinero público. ¿Por qué? “Gran parte de la maquinaria data de 2015 y su vida útil está completamente agotada”, señaló. “Deberemos trabajar en dotar, en el período de prórroga, de los medios materiales que requiere el servicio. De momento, no hay una cifra concreta”, le explicó a la oposición.