Cierre de colegios públicos en barrios desfavorecidos, un fracaso de la Junta según Podemos y Depex

El Movimiento por la Defensa de la Educación Pública Extremeña (Depex) sostiene que el cierre del colegio público Juan XXIII de Mérida es la certificación del fracaso de las políticas educativas del Gobierno regional. Mas aún, señala en una nota, cuando en su misma zona hay centros educativos privados “con las aulas repletas gracias a los conciertos”.

Se trataría de un fracaso porque “son las decisiones de la Administración regional las que han impedido garantizar una escolarización equitativa y ofrecer al alumnado y a sus familias una propuesta inclusiva”.

“Es evidente pues la apuesta por la enseñanza privada frente al servicio público del gobierno regional”, ha criticado la organización aludiendo a unas declaraciones la semana pasada del secretario general de la Consejería de Educación, Francisco Javier Amaya, en las que “abre la puerta a nuevos cierres de otros centros de atención educativa preferente que se encuentran en igual o parecida situación”.

Para Depex, es la consecuencia de muchos años en los que la escolarización del alumnado se basaba en la demanda de las familias, lo que ha ido mermando las posibilidades de los centros educativos ubicados en las barriadas más pobres “y provocando una segregación escolar que va en dirección contraria a lo que los centros necesitan”.

“Es hipócrita y grosero utilizar el argumento de la igualdad de oportunidades cuando han sido las decisiones de escolarización que ha adoptado la propia Consejería desde hace años las que han impedido que ese centro siga teniendo una ratio adecuada en cada grupo”.

En su opinión, si no se forman aulas heterogéneas y si se sigue sometiendo a los centros educativos a las leyes de la oferta y la demanda, se seguirán creando “guetos”.

Para Depex, la segregación escolar es consecuencia de una escolarización “desequilibrada” derivada de la utilización “inadecuada” de los recursos públicos con criterios de eficiencia, eficacia y justicia social, “o sea, de no ordenar los conciertos educativos de acuerdo a una planificación que tenga en cuenta el servicio público educativo”.

Frente a ello reivindica un cambio de políticas de igualdad, de criterios de zonificación y escolarización, de trabajo colaborativo de varias administraciones y de las políticas municipales.

Los conciertos

Igualmente la coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que el PSOE mantenga conciertos con la enseñanza privada mientras cierra colegios públicos.

En una rueda de prensa, ha subrayado que la Junta de Extremadura ha cerrado dos centros públicos esta legislatura, el segundo de ellos el CEIP Juan XXIII de Mérida (barriada de San Juan).

Representantes de la formación morada participaban este lunes en una concentración contra el cierre del centro emeritense, que, a juicio de De Miguel, ha sido más que un colegio, porque tenían un proyecto “muy integrador” con la comunidad educativa y las asociaciones de vecinos del barrio.

A la formación morada le preocupa que centros públicos se cierren por falta de alumnos, cuando los conciertos en esas mismas zonas siguen intactos, y ha considerado que lo que están haciendo los socialistas es “una clara privatización de los servicios públicos”.

De Miguel ha acusado al Gobierno regional de negarse a contratar más profesores para rebajar la ratio y más personal administrativo para rebajar la carga burocrática de los equipos directivos, que, a su juicio, están “asfixiados”.

En su opinión, un ejecutivo progresista debería tener muy claras sus prioridades y no ser “cómplice” del progresivo desmantelamiento de la enseñanza pública en Extremadura.

Raúl Gijón, afiliado de Podemos y director de uno de los centros públicos en barrios desfavorecidos que se sienten amenazados, el Antonio Machado de Mérida, se teme que el mismo camino de cierre pueden seguir igualmente otros centros.