El PP tacha de “caza de brujas” el cese de la interventora en Diputación Cáceres
El PP de Cáceres ha tachado de “caza de brujas” el procedimiento de cese de la interventora de la Diputación de Cáceres, Victoria Eugenia Valle Núñez, abierto por el gobierno socialista de Rosario Cordero, “ya que no existen causas técnicas, sino solo políticas”.
Así lo ha expresado el portavoz popular en la institución provincial, Alfredo Aguilera, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado de otros miembros del PP extremeño como el alcalde de Coria, José María Ballesteros, y el concejal de Recursos Humanos del del Ayuntamiento de Cáceres, Domingo Expósito, entre otros.
Según Aguilera se trata de “una cuestión arbitraria”, para evitar el control y la fiscalización del gobierno socialista, que está incomodando a Rosario Cordero, “que luego da lecciones a la hora de hablar de transparencia”.
Aguilera ha demandado que la presidenta de la Diputación explique las verdaderas razones por las que quiere cesar a la interventora y que comunique quién va a realizar este control en su lugar, “si habrá otro nombramiento a dedo o lo hará un órgano independiente”.
Esta situación se debe a los numerosos desencuentros“ que existen entre la interventora y la presidenta y ha añadido que informes desfavorables también los hubo en la anterior legislatura ”y nosotros nunca cesamos a nadie“.
Poco personal
Además, el PP entiende que si el servicio de intervención no es eficiente, es debido a que el gobierno de Cordero ha recortado el personal de este área en un 40 por ciento, pasando de 27 profesionales adscritos a 17, lo que está provocando “que se ralentice la resolución de expedientes”.
El grupo popular ha matizado que el inicio de este proceso “pone en entredicho” la imagen de la institución y “genera desconfianza entre los funcionarios de la casa”.
“Están deslegitimando a una profesional de la casa, y es un aviso a navegantes para dejar claro que cualquier actitud disidente contra el gobierno de Cordero será castigada”.
Según Aguilera, el puesto de la intervención es el mayor garante de la legalidad y ha criticado el “contexto temporal” en el que se ha tomado esta decisión, un día después de que el pleno aprobara los Presupuestos Generales para 2017 con “reparos de intervención, causa de nulidad y anomalías jurídicas”, lo que ha provocado que el PP y Ciudadanos votaran en contra.
En cuanto al proceso iniciado y frente a la resolución de Presidencia (de 80 folios y otros 1.000 el expediente que le acompaña) según Aguilera, la interventora tiene un periodo de diez días para presentar alegaciones, y toda la documentación derivada, con argumentos de una y de otra parte, se enviarán al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Posteriormente, el ministerio emitirá un informe “preceptivo aunque no vinculante” y será finalmente la Presidencia la que resuelva el cese de la interventora que, finalmente, y llegado el caso, podría recurrir a los tribunales.
