CCOO pide medidas efectivas para combatir la pobreza energética

CCOO de Extremadura ha denunciado este lunes la extensión de la pobreza energética en la región, ya que una parte importante de la población está afectada, y ha pedido la adopción de medidas efectivas por parte de las administraciones públicas para combatirla.

El sindicato ha señalado que numerosas personas y hogares son incapaces de mantener un gasto adecuado en electricidad y gas. Según los últimos datos oficiales de 2019, continúa, la población extremeña que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, lo que se denomina como situación de pobreza energética, es del 11,6 por ciento, pero el alza del precio de la electricidad y los efectos de la pandemia hacen temer que este porcentaje se haya incrementado notablemente.

En la región el porcentaje de personas que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad y otros) en los últimos 12 meses de 2019 se situó en el 7,2 por ciento de la población.

Antes de la pandemia, en el país entre 3,5 y 8 millones de personas se encontraban en situación de pobreza energética, según la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2019.

Añade que aunque todavía no existen datos oficiales, con la pandemia y las olas de frío de este año es probable que la incidencia de la pobreza energética haya aumentado al pasar la población mayor tiempo en casa en un periodo en el que, además, disminuían sus ingresos por el deterioro del mercado laboral.

Principio de precaución

Por ello, CCOO pide medidas que aborden de manera efectiva la pobreza energética como desarrollar mecanismos para evitar el corte de suministro en los hogares más vulnerables o ampliar el bono social. Tras el fin de la prórroga de prohibición de cortes de luz, agua y gas para todos los hogares, que ha estado vigente entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, debe incluirse el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética.

Este principio consiste en imponer a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro hasta que los servicios sociales puedan certificar que no se trata de una familia vulnerable.

El bono social eléctrico debería llegar a más personas puesto que en la actualidad su cobertura -1,1 millones de personas según la CNMC- es muy inferior al volumen de población que el propio gobierno estima está afectado por la pobreza energética.

Igualmente, el bono social térmico, una cantidad anual que se concede a los beneficiarios del bono social de electricidad para hacer frente a otros gastos energéticos, debe contar con mayor financiación pública y no estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Son necesarias también otras medidas que incidan en factores estructurales de la pobreza energética como los elevados precios del gas y la electricidad que pagan los hogares españoles, o la deficiente eficiencia energética del parque de viviendas.

Las causas subyacentes de las elevadas facturas se deben a la disfuncional regulación del mercado eléctrico, configurado en torno a un modelo de subastas marginalistas para la fijación de precios.

En este sentido, CCOO reclama una reforma del mercado energético que evite el oligopolio de las grandes empresas eléctricas que se reparten cuantiosos beneficios y, tras una minuciosa auditoria, se tomen las medidas y políticas necesarias para la reducción del precio de la energía.