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Los militantes expulsados de Podemos Extremadura insisten en que demandaron al partido por 'dignidad'

Ana Bayón y Daniel Gómez, dos de los expulsados, en una rueda de prensa / Imágenes de Canal Extremadura

EFE

Seis exmiembros de Podemos Extremadura insisten en que demandaron a la formación morada por una cuestión de “dignidad”. Consideran que su expulsión no se ajusta a derecho, al mismo tiempo que recuerdan que el secretario general, Pablo Iglesias, deberá declarar en un juicio que se suspendió tras su incomparecencia.

En una carta la defensa de los seis antiguos afiliados del partido sale al paso de la petición de Podemos de nulidad del juicio al considerar que el objetivo de los demandantes “no es otro que dañar la imagen” de la formación.

Un extremo que el representante legal de los demandantes, Guillermo Pérez-Reyes, rechaza de plano pues es “la dignidad personal” de los seis afectados “lo que les mueve a enfrentarse al aparato partidario, todopoderoso en su feudo (...), algo que al parecer no cabe en la cabeza de sus dirigentes”.

Pablo Iglesias no compareció

En la misiva, el abogado critica la “soberbia” de Pablo Iglesias al no comparecer, en calidad de representante legal del partido, al juicio que se iba a celebrar el pasado 17 de julio en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid, y el “desdén” de la diputada Gloria Elizo, que estaba citada como testigo y tampoco acudió.

“Ellos afrontarán las consecuencias si su desobediencia persiste”, señala la carta. Los seis exmiembros de la formación fueron expulsados, junto a otras cinco personas, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal del partido ante las “acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos” durante una rueda de prensa en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que presuntamente facilitaron información reservada y comunicaciones internas.

Tras el aplazamiento de la vista, el letrado de Podemos presentó un escrito en el juzgado en el que solicitaba la nulidad del juicio y subrayaba que los demandantes habían hecho declaraciones en diversos medios de comunicación que “no hacen sino poner de manifiesto el fin espurio” que persiguen los expulsados y que demuestran que la demanda es “un fraude procesal y un abuso de derecho”.

Unas manifestaciones en las que la defensa de los expulsados, según aclara él mismo en la misiva, criticaba el “salto cualitativo en la escala social” que dio Iglesias “pasando del proletariado a la gran burguesía sin merecerlo, aprovechándose en beneficio propio de las influencias del cargo” que le dieron sus votantes. “No merece estar en la vanguardia organizada del pueblo”, señaló el letrado.

Pero, independientemente de esto, la defensa insiste en que lo que realmente se discute en el procedimiento civil es si la expulsión de los seis antiguos afiliados se ajusta o no a la ley y al reglamento del partido y que será la jueza “quien dilucide y diga cuáles son las consecuencias jurídicas de ello”. 

 

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