En tres años de crisis 46.000 familias han intentado salir a flote con la renta básica

La crisis económica ha provocado que un importante número de extremeños se encuentren en situaciones de riesgo o exclusión social por la ausencia de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Lo que constituye una fuente de desigualdad.

Este es un fragmento de la Ley de Renta Básica de Inserción de Extremadura, nacida hace ahora tres años en la Asamblea. Culminaba así un debate político intenso, aunque también un debate social en el que tomaron forma los Campamentos Dignidad. Hace justo tres años también estos activistas levantaban una acampada de 80 días de duración a las puertas del paro en Mérida, que tuvo ecos en otras acampadas en Plasencia o Almendralejo.

Historias de la crisis

La realidad es que en aquél momento la crisis azotaba con fuerza a las familias extremeñas, si se tiene en cuenta que había más de 150.000 parados y paradas, más de 60.000 personas sin ningún tipo de ingresos, de las cuales muchas no cubrían sus necesidades básicas según denuncian los campamentos. Era también el momento de una Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica, que llegó a sumar 48.000 firmas.

En estos tres años de crisis en torno a 46.200 familias han intentado salir a flote con la renta básica. De ellas el 45 por ciento de ellos con fallo desfavorable.

Cabe destacar que en el mes de junio de 2016 percibirán la renta básica de inserción 6.956 personas, por un importe de 3.379.000 euros, según han confirmado a este diario fuentes de la Consejería de Sanidad y Política Social.

Del total de expedientes, 23.358 han sido finalizados con resultado favorable y 21.168 han sido desestimados, detalla la Agencia Efe. El total de expedientes resueltos se cifra en 44.526, lo que representa el 96 por ciento de todas las solicitudes presentadas, con lo que sólo un 3,74 por ciento está pendientes de resolución.

Hablan los beneficiarios

María, una mujer de 36 años que vive en Mérida, fue beneficiaria de la renta básica hace ahora dos años. Cuenta cómo tardó ocho meses en que se la concedieran (bajo el Gobierno de Monago). Un tiempo que no cobró absolutamente nada, a pesar de que cumplía los requisitos que le hubieran permitido disfrutar de la prestación. Hace hincapié en que para aquellas personas que lo necesitan con urgencia es un periodo realmente dramático.

Finalmente le concedieron en torno a 200 euros, no la media de 420 que recibe un importante número, “y además diciéndome que tenía que dar las gracias, porque había gente que no cobraba nada.

Una vez que comenzó a ser perceptora hubo problemas de pagos hasta en dos ocasiones, una cantidad que luego le embolsaron, aunque insiste en que esos retrasos nunca tuvieron en cuenta los problemas que personas como ella tenían cada vez que venía la factura de la luz o el teléfono.

Explica que todo el ‘papeleo’ lo gestionaban las trabajadoras sociales, que visitaron su casa para ver cómo vivía. De los casos de renta básica que más le han sorprendido, se refiere al de unos conocidos a los que les reclamaban que entregaran el justificante de las páginas web de búsqueda de empleo en las que estaban inscritos, o incluso el justificante de las entrevistas de trabajo a las que habían asistido. Algo que en una entrevista laboral puede llegar a ser contraproducente según denuncia.

Pone de manifiesto que solicitar la renta básica no es sinónimo de “estar en un colegio”. Y aunque le puede parecer bien que se controle a los beneficiarios, piensa que los requerimientos de seguimiento no tienen por qué controlar justo lo que se busca.

Critica igualmente que si la tramitación se alarga demasiado en el tiempo, al final vuelven a pedirles todos los papeleos en ocasiones. O el hecho de que haya profesionales que hayan tenido que denegar trabajos como autónomo, aunque sea por 15 días, porque en caso contrario el beneficiario corre el riesgo de quedarse sin enta básica.

Valoraciones políticas

El consejero José María Vergeles apuntaba, con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción, que cuando los socialistas llegaron a la Junta había 3.800 resoluciones favorables de renta básica sin cobertura económica, que supusieron 5,4 millones de euros. Dice que esta norma, tanto la original de 2013 como la modificación de 2014, tenían “importantes mejoras que realizar”.

Según ha indicado estas mejoras se han plasmado en el decreto-ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social que el Ejecutivo ha aprobado recientemente y “que está dispuesto a debatir” con los grupos parlamentarios para mejorarlo. A su juicio la Ley de Renta Básica ha tenido elementos positivos, pero también otros que “entorpecían” la resolución “ágil” de las solicitudes, añade Efe.

En Canal Extremadura Radio apuntaba la diputada de Ciudadanos María Victoria Domínguez que la renta básica fue una buena medida para paliar la situación económica de muchas familias en Extremadura, aunque “se hizo más de cara a la galería que por cómo han ido evolucionando los procedimientos administrativos que han sido un caos”.

En el mismo sentido Jara Romero, de Podemos, incide en que ha resultado ser una prestación “absolutamente insuficiente para afrontar la situación de la región en la actualidad”. “Nosotros presentamos una reforma a la ley de renta básica que el gobierno nos vetó, tanto con los gobiernos del PP como del PSOE que no ese está dando la respuesta que se necesita a los extremeños y no se está dotando de recursos para que funcione”.

Desde el PP el diputado Francisco Ramírez dice en contra que fue una “promesa fallida” del PSOE porque fue un gobierno del PP quien “implantó un verdadero derecho que se reconoció en el ordenamiento jurídico” y las personas que estaban necesitadas podían obtener de la administración el reconocimiento de este derecho y el abono a una prestación. “Se constituyó un derecho y con una persona que lo hubiera cobrado ya era más que lo que hizo el PSOE”, argumenta.

Críticas desde los Campamentos Dignidad

Campamentos Dignidad insisten en que tres años más tarde de su puesta en marcha no se están cubriendo las necesidades de las familias en riesgo de pobreza al completo. Fuentes de los campamentos trasladan a este diario su convencimiento de que la Junta no tiene tesorería suficiente para pagar a todos los preceptores de la renta básica. Tienen claro que en una escala de prioridades la renta básica es el sustento de miles de familias, muchas de ellas en riesgo de exclusión social y debe llegar a más gente.

José Antonio González, activista de los campamentos, advierte en este sentido que se sigue sin alcanzar una cifra objetivo elemental a medio plazo, como es la de 15.000 familias beneficiándose de esta prestación. Apunta que muchas de las resoluciones aprobadas son de mayo del año pasado, finalizando la prestación ahora de nuevo en los meses de mayo o junio, porque lo que hizo el Ejecutivo de Vara fue “dotar presupuestariamente las carencias” de la etapa de Monago.