El Tribunal de Cuentas enjuiciará las “irregularidades contables” y sobrecostes del puerto exterior de A Coruña
El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas en el Estado, va a enjuiciar las presuntas “irregularidades” reflejadas en su amplio informe que, a mediados de 2017, pintó un cuadro marcado por el descontrol contable, las previsiones erradas y sobrecostes de hasta un 27% en las obras del puerto exterior de A Coruña, en punta Langosteira. Una vez completados todos sus trámites, entre ellos el visto bueno del Congreso de los Diputados, el Tribunal dictó el pasado 23 de abril un edicto en el que confirma que tiene en marcha un “procedimiento de reintegro por alcance por presuntas irregularidades contables en materia de contratación puestas de manifiesto” en ese informe, que ponen el foco en los ejercicios de los años 2012, 2013 y 2014.
El Boletín Oficial del Estado, el pasado 27 de abril, y el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, este 13 de mayo, han publicado ya un aviso que tiene como finalidad que la Autoridad Portuaria de A Coruña, órgano dependiente del Gobierno de España pero cuya presidencia es elegida por la Xunta, pueda comparecer formalmente en el proceso. Una vez hecho, tendrá que poner sobre la mesa los argumentos que tenga para oponerse a la “responsabilidad contable” que aprecia el Tribunal y que puede desembocar en una condena a devolver fondos públicos que Cuentas considera que no fueron gestionados de manera adecuada.
Como informó Praza.gal, los desequilibrios contables del puerto exterior, proyecto nacido en plena ola de promesas posteriores al naufragio del Prestige, tienen su origen en las previsiones en que se sustentó. Las autoridades de la época habían llegado a la “conclusión” de que “el puerto de A Coruña tenía capacidad suficiente para generar los fondos necesarios para la construcción de las nuevas instalaciones” mediante la venta de los terrenos del puerto interior y otras operaciones con las que podían llegar a sumar, estimaban, hasta 430 millones de euros a los que podrían añadirse fondos europeos.
Pero las previsiones “no se cumplieron”, recordaba el informe. Las obras, licitadas por el Gobierno de José María Aznar dos semanas antes de las elecciones generales de 2004, “no conformaban una dársena completamente operativa” a pesar de acumular un “sobrecoste” de 99,3 millones de euros, un 27% sobre los 370 millones en los que se había adjudicado a una unión temporal de empresas participada por constructoras como Dragados o Copasa.
Hacía falta más dinero y además iban a llegar menos fondos europeos de los esperados. La razón, siempre según el Tribunal de Cuentas, fue el “incumplimiento de la política comunitaria en materia de contratación”. Ese quebrantamiento tuvo entre sus causas el uso del procedimiento negociado sin publicidad en 24 contratos por importe de casi 6 millones. Por eso la UE aportó el 53% del gasto certificado y no el 71% previsto.
Los argumentos de la Autoridad Portuaria
Como informa La Opinión de A Coruña, la Autoridad Portuaria ha respondido a este nuevo paso del Tribunal de Cuentas evidenciando que las irregularidades detectadas son, por el momento, “presuntas” y que el organismo fiscalizador analizó contratos de un período de más de veinte años. Añade además que se trata de contrataciones anteriores a la llegada del actual presidente del puerto, Enrique Losada, nombrado por la Xunta en 2009.
Más allá de esa reacción, la posición oficial de la Autoridad Portuaria a las pesquisas del Tribunal de Cuentas, cuyo informe lamentaba que más de una década después “aún no se haya logrado el objetivo principal del proyecto”, eliminar los riesgos portuarios del centro de A Coruña, habían quedado reflejadas en sus alegaciones.
En ellas la Autoridad Portuaria ofrecía una “visión alternativa de los hechos” que limitaba los sobrecostes a apenas un 8% e instaba al Tribunal a tener en cuenta que “tras algo más de 7 años de obras, sometidas a condiciones meteorológicas propias del Atlántico, con la necesidad de modificar las condiciones de ejecución” para “extremar las condiciones de su construcción” y “preservar las máximas condiciones de seguridad para los trabajadores encargados” y “con la luctuosa noticia de la pérdida de cinco vidas humanas en su ejecución”, el puerto exterior ya está operativo.
En esos alegatos el puerto daba por hecha una controvertida venta de los terrenos del puerto interior -que todavía no se ha producido y a la que se opone el Ayuntamiento de A Coruña-, pero también defendía su propia gestión asegurando que las instalaciones de punta Langosteira ya habían librado a Galicia de un siniestro parecdio al del Prestige. Para reforzar ese argumento la Autoridad Portuaria aportó al Tribunal cinco recortes de prensa sobre la avería de un petrolero que se refugió en puerto exterior en diciembre de 2016 sin mayores consecuencias. Esas cinco noticias dejan claro que con ese petrolero no hubo accidente alguno, pero de no existir el puerto exterior “podrían haber sido reproducción, una vez más”, de las “portadas” posteriores al naufragio del Prestige, algunas de las cuales la Autoridad Portuaria también mostró al Tribunal.
