Las antiguas cajas gallegas vendieron propiedades a directivos y sus familias por 1,5 millones de euros
La intensísima agenda política ligada al proceso soberanista catalán ha dejado en las últimas semanas en un plano todavía más secundario de lo habitual la actividad parlamentaria gallega y, mucho más todavía, los trabajos de la aparentemente dormida comisión de investigación sobre la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, el nacimiento y rescate de Novacaixagalicia y las indemnizaciones millonarias que llevaron a la cárcel a algunos de sus exdirectivos.
Entre los múltiples obstáculos que se está encontrando este órgano parlamentario figuran las negativas de diferentes instituciones a aportar documentación amparándose en motivos como la protección de datos. A pesar de todo, entre parálisis y silencios sí trascienden, casi gota a gota, algunos datos elocuentes. El último, el valor de los activos de las cajas que fueron comprados por los exdirectivos o sus familias.
Como adelantó Praza.gal, el pasado junio la entidad nacida de los restos de las antiguas cajas tras la compra de Novagalicia Banco -resultante de la fusión y el rescate- por parte del venezolano Banesco, Abanca, respondió al requerimento de información formulado desde el Parlamento indicando que, a causa de la legislación en materia de confidencialidad bancaria y protección de datos, no podía revelar la mayor parte de los documentos e información incorporados al nuevo plan de trabajo a comisión a petición del BNG. Se trataba de conocer “toda la documentación relativa a la indemnización” del que había sido director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, al abandonar la entidad justo antes de la fusión, compensación que se estima en unos 18 millones de euros. El Bloque pedía además una lista de “bienes y activos” cedidos o vendidos a directivos y a sus familias.
Tras aquella primera negativa, la comisión de investigación, después de consultar con los Servicios Jurídicos del Parlamento, acordó reiterar la petición de información a Abanca, sugiriendo que “disocie de la información pedida inicialmente” los “datos personales sensibles”, para poder aportar al legislativo todo lo que legalmente no sea confidencial. La carta firmada por el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, el pasado 20 de julio fue respondida el 5 de septiembre por el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, y entró formalmente en el Parlamento este 10 de octubre. En ella Botas reitera que, incluso con las cautelas sugeridas por los letrados parlamentarios, la ley de protección de datos “impide aportar información” y documentos sobre la indemnización de Méndez.
Las “mismas” prohibiciones de esa ley y de la legislación bancaria estatal, agrega, “también nos impide aportar a la comisión de investigación” la “información de carácter personal relativa a la venta o cesión de activos a los miembros de los comités de dirección de las extintas cajas de ahorro gallegas o a sus familiares”. Esto es, proporcionar al órgano parlamentario que indaga en el fin de las cajas una lista de los productos financieros, propiedades inmobiliarias o cualquier otro activo que Caixanova, Caixa Galicia o Novacaixagalicia hubiesen decidido poner en manos de sus directivos o parentela de estos, así como el importe de estas ventas o las razones de las cesiones, en caso de haber existido.
En este restrictivo marco Abanca agrega que, “sin perjuicio” del cumplimiento de los límites legales, la entidad tiene la “voluntad” de “ofrecer la máxima colaboración” a la comisión de investigación. Y por eso, “en atención a la sugerencia” de los letrados, sí accede a revelar el dicho importe global. “Según la documentación a la que hemos podido tener acceso en los archivos de las antiguas cajas de ahorro gallegas, el importe de las operaciones de venta de activos de dichas entidades a los miembros de los comités de dirección de las mismas o a sus familiares hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad, realizadas desde el 1 de enero de 2004, asciende a la suma total de 1.528.201 euros”, concluye el documento.
Queda así constatado, entonces, que activos de las cajas sí fueron vendidos a directivos o sus familias. No obstante, la comisión no conseguirá -al menos por esta vía-, aclarar uno de los aspectos más controvertidos de los salidos a la luz tras el fin de las cajas, la denuncia hecha pública por la Confederación Intersindical Galega (CIG) tras recibir amplia documentación sobre supuestas ventas irregulares de inmuebles de la Corporación Caixa Galicia a Rosa Pascual, esposa de José Luis Méndez, por debajo de su precio de taxación, según había advertido el sindicato en 2014. Méndez no ha tenido que acudir a comparecer de nuevo al Parlamento para responder ante esas acusaciones porque el PP se negó a incorporar nuevas comparecencias a la comisión.
