Sin dinero por delante no hay material ortopédico
“Dentro de poco veremos por las ciudades gallegas gente con muletas o piernas de palo, es una situación escalofriante que genera una tremenda desigualdad”. “Galicia establece para la ortoprótesis el sistema de financiación que se aplica en el resto de España”. Estas dos afirmaciones describen, desde su respectiva óptica, la misma realidad. La primera la pronunció, en declaraciones a Praza Pública, el portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, tras conocer el contenido de la orden de la Xunta que de ahora en adelante va a regir las prestaciones ortoprotésicas. La segunda encabeza el comunicado con el que el Gobierno difunde el contenido de esa misma orden.
Ópticas aparte, el hecho es que la Xunta acaba de hacer efectivo un giro de ciento ochenta grados en este tipo de prestaciones sanitarias, que afectan a artículos tan necesarios para los pacientes como dispares en su tipología y precio. A partir del próximo día 15 las personas a las que el médico les prescriba, por ejemplo, la utilización de una silla de ruedas, un bastón, una muleta, una media de compresión o un cojín antiescaras, entre otros muchos artículos, tendrán que desembolsar íntegramente el precio del artículo, con independencia de su renta o situación socioeconómica. Más adelante, alrededor de cinco meses después, la Xunta le devolvería el dinero al paciente.
Esto quiere decir que, sin importar que el paciente disponga o no del dinero, si quiere acceder al artículo que el médico le recomienda y que, en la mayoria de los casos, es imprescindible para desarrollar un ritmo de vida común, tendrá que hacer frente a un anticipo que apenas supera los 200 euros, en el caso de las sillas de ruedas más convencionales, pero que supera los 3.000 en las sillas automáticas con mayores funcionalidades, las que, según el propio Sergas, se les prescriben a “pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente”. Sesenta y seis euros para un andador, 1.600 para una máscara de silicona, 354 para unas medias ortopédicas o más de 600 de un corsé para lesiones cervicales son otros de los precios, a los que hace falta añadirle el IVA, que refleja la orden publicada por el Gobierno.
En este contexto el departamento que dirige Rocío Mosquera sólo deja abierta una vía para que los enfermos no tengan que adelantar el dinero: que “la solicitud de reintegro, si así se acuerda, sea realizada absolutamente por el establecimiento ortoprotésico y que sea este quien perciba el importe directamente por parte de la administración”. Traducido, esto quiere decir que si las empresas que venden estos productos pueden o quieren hacerlo, les podrán facilitar a los pacientes los artículos que precisen para, posteriormente, ser ellas las que esperen por la devolución de dinero de la Xunta. ¿Y, si el establecimiento se niega o su economía no le permite hacerlo? El secretario general del Sergas, Antonio Fernández-Campa, asegura no tener “noticias” de que esto suceda en otras comunidades. Si no, resuelve, a los pacientes siempre les queda la opción de “elegir otro establecimiento”.
Este sistema funcionará así a la espera de que el Ministerio de Sanidad termine de concretar, mediante orden, el plan de recortes que puso en marcha el pasado diciembre. A partir de ese momento el Sergas ya no reembolsará todo el dinero de la prestación ortoprotésica, sino que los enfermos se tendrán que enfrentar a un copago parecido al de la prestación farmacéutica, con unos topes de aportación que aún están por definir.
