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El futuro de la principal central térmica gallega: entre el clamor por el empleo y la emergencia climática

Instalaciones de la central térmica de As Pontes, al pie del lago artificial

Miguel Pardo

El pasado lunes, medio millar de personas se desplazaron A Coruña para protestar por los más cinco meses de inactividad que acumula la central térmica de As Pontes y reclamar una “descarbonización ordenada y regulada” y una “transición justa” que dé “garantía de empleo” a los cientos de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que dependen de la instalación de Endesa. El jueves, el 100% del personal, según los sindicatos, secundó la huelga de 24 horas convocada por las auxiliares, y una masiva manifestación colapsó las calles de esta localidad coruñesa. Unos 5.000 ciudadanos que desbordaron las previsiones en un pueblo que sabe cuánto depende de una empresa que no abre la boca pero cuya posibilidad de cierre es cada vez más real.

Fue la mayor movilización, pero una más en las últimas semanas, pidiendo “implicación” a la Xunta y al Estado y después de que el pasado 11 de septiembre el Parlamento gallego aprobase una iniciativa a favor de ayudas o exenciones fiscales para incentivar la continuidad de una planta que es la principal emisora de gases efecto invernadero de Galicia. Valentín García Formoso, alcalde socialista de As Pontes, barón socialista en Galicia y presidente de la Diputación de A Coruña, volvió a pedir que los gobiernos central y autonómico se sienten con la compañía en la búsqueda de “alternativas de combustible que encajen”, más sostenibles, menos contaminantes.

La proposición no de ley aprobada por la Cámara insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para “la supresión del céntimo verde para el carbón”, adoptar un mecanismo de compensación para la central por la capacidad de cubrir la demanda eléctrica, medidas de exención fiscal por estar en proceso de adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales (DI) y una “retribución específica” en el caso de apostar por la biomasa forestal en la central. Además, reclaman que el Ejecutivo se implique en la defensa del empleo “apostando por una transición energética justa y ordenada”.

Piden la continuidad “más allá de 2025”

A pesar de asumir que el final de la quema de carbón (importado, además, en este caso tras agotarse el mineral y dar lugar a un enorme lago) es próxima e inevitable -tanto por las normas comunitarias como por la evolución lógica hacia la desaparición- y que la diversificación y alternativas energéticas son su único futuro, trabajadores y numerosos cargos públicos apuestan por la continuidad de la central “más allá de 2025”. Piden que se completen las inversiones de más de 200 millones para adaptarse a las exigencias de la UE, pero cada vez hay más dudas y desconfianza de que el grupo Enel, propietario del 70% de Endesa, apueste por alternativas más verdes que eviten lo que sería un drama industrial en el norte de Galicia. Otro más.

PP, PSdeG y BNG votaron a favor del acuerdo parlamentario; Común da Esquerda y Grupo Mixto -las dos patas derivadas de la separación de En Marea- se abstuvieron. El portavoz de los Comunes, Antón Sánchez, advierte siempre de que el cierre no debería ser una mala noticia. “Lo que hay que hacer es defender a los trabajadores y no a la empresa, buscando soluciones que no los dejen en la estacada, como en la estacada se han quedado en Cerceda cuando Naturgy echó cuentas y decidió anunciar el cierre de un día para otro. Y sin un plan económico alternativo para el futuro”, expresó hace poco, denunciando que se siga “apoyando que nada cambie”.

En el Bloque, a pesar de diferencias en la estrategia futura, el balance histórico de Endesa As Pontes coincide con los Comunes. “Es un ejemplo de libro de saqueo en el que una empresa saca dinero a montones de Galicia durante 40 años y que ahora coge el dinero y sale corriendo, dejando tirados a los trabajadores”, asegura la diputada Montse Prado.

La plataforma Galiza, un futuro sen carbón (que reúne a varias organizaciones ecologistas y ambientalistas gallegas) lamenta el “apoyo empecinado” de las instituciones gallegas a la instalación que, recuerda, “es una de las 20 mayores fábricas europeas de crisis climática”. En 2017, las centrales térmicas de carbón de Meirama y de As Pontes fueron responsables conjuntamente del 35% de las emisiones totales de Galicia de gases de efecto invernadero, además de producir otros muchos contaminantes tóxicos.

Lo que parece claro es que aquellas pretensiones iniciales de alargar la vida de la central hasta 2045 ya no están encima de la mesa, ni tan siquiera parece probable que llegue a 2030. Francia prevé cerrar sus térmicas de carbón en 2022, Irlanda e Italia en 2025 y Portugal ha adelantado a 2022 el cierre de su única instalación.

“Planificar adecuadamente el cierre”

“En lugar de insistir en defender el indefendible, lo inteligente y responsable es planificar adecuadamente el cierre de una industria que deja ya una enorme herencia de destrucción ambiental dentro y fuera de Galicia, acumulada en sus 40 años de vida”, dice esta plataforma.

La entidad propone que Endesa, Estado, Xunta y sindicatos acuerden el cierre “planificado y pactado de la central” en los próximos años, “a más tardar en 2025”. Y que este plan se acompañe con “medidas de transición justa para los trabajadores y trabajadoras y de generación de alternativas económicas ecológicamente sustentables en As Pontes y su entorno, en el marco de un Convenio de Transición Justa, figura prevista ya en el Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno estatal”.

“Los años de la térmica de carbón de As Pontes están contados, pero cada año importa muchísimo en tiempos de emergencia climática, dado el descomunal impacto climático de esta central” que es, recuerda la plataforma “equivalente al de países enteros como el Uruguay”, y que, además, no mitigará la adaptación a la DI.

La Directiva de Emisiones Industriales no afecta a las emisiones de CO2 causantes de cambio climático, sino al dióxido de azufre y a los óxidos de nitrógeno. Las últimas inversiones de Endesa se centran en adaptarse a la DI que será aplicable en el próximo verano. “Pero incluso después de la adaptación seguirá siendo un foco importante de contaminación tóxica, sobre todo en la medida en que mantenga una producción similar o superior a la de los últimos años”, insisten.

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