231 millones de euros y 20 años de trámites: Feijóo pone cifras al fiasco del mayor polígono de Galicia

En el año 2000 Xunta, Autoridad Portuaria y Zona Franca de Vigo lanzaron el proyecto del que, con 4,2 millones de metros cuadrados de superficie, iba a ser el segundo mayor polígono industrial de España: la Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan), que iba a funcionar a manera de puerto seco de los muelles de Vigo unos 35 kilómetros tierra adentro. Dos décadas después, las primeras parcelas del polígono comienzan a comercializarse este martes y no serán ocupadas por las empresas interesadas hasta comienzos del año próximo. Así lo anunció este lunes, en una visita a la zona, el presidente Feijóo, que actualizó el coste total del proyecto: 231 millones de euros.

La historia de la Plisan es la de una gestión desastrosa por parte de las administraciones implicadas -controladas las tres por el PP durante la mayor parte de las dos últimas décadas- al tiempo que el proyecto servía para lanzar promesas en sucesivas convocatorias electorales. Que la gestión fue mala no lo dicen políticos sino magistrados en diversas sentencias judiciales. Que la Plisan sirvió a los políticos para generar expectativas que no se cumplieron se comprueba al recordar cómo el propio Feijóo, a quien ya había tocado gestionar parte del proyecto durante dos años y medio en su etapa de conselleiro de Política Territorial con Manuel Fraga, llegó hace una década a la presidencia de la Xunta con el anuncio de que Mitsubishi estudiaba instalar allí una gran fábrica de baterías eléctricas con la que abastecer al mercado europeo, proyecto que un par de años después comenzó a caer en el olvido.

La Plisan diseñada sobre los planos en 2000, junto al río Miño y la línea de tren entre Vigo y Ourense, iba a tener 4,2 millones de metros cuadrados de superficie, 420 hectáreas equivalentes a otros tantos campos de fútbol. Pero en 2010 el Tribunal Supremo sentenció que casi un tercio de esa superficie no debía ser incluida en el proyecto porque tenía protección forestal. A pesar de que los árboles ya habían sido arrasados y todo el espacio era definido en aquella época por la oposición en el Parlamento de Galicia como “escenario postcatástrofe nuclear” o “paisaje lunar”, aquella sentencia obligó a un nuevo reparto de los terrenos que inicialmente iban a corresponder por separado a cada una de las tres administraciones implicadas. Pero el siguiente modelo elegido, de propiedad compartida entre las tres, impedía la venta de terrenos, restricción legal que afecta a las autoridades portuarias, lo que obligó a nuevos cambios legales que demoraron su comercialización hasta el proceso iniciado este martes, en el que habrá parcelas de compra-venta y otras sólo con derecho de superficie.

Sobre las administraciones promotoras de la Plisan también cayeron sentencias condenándolas a incrementar las expropiaciones a los anteriores propietarios de los terrenos, a los que se había indemnizado por la superficie pero no por los derechos mineros que perdían con sus parcelas, situadas en una zona con tradición de canteras.

Los varapalos judiciales que fueron recibiendo las tres administraciones implicadas se han combinado en estas dos décadas con la falta de coordinación de las infraestructuras necesarias para poner en marcha la Plisan. A comienzos de 2015 la Xunta ya daba por finalizada un ramal de autovía de algo más de 5 kilómetros entre la Autovía de las Rías Baixas (A-52) y los terrenos del polígono. Pero así como en un extremo no había más que descampados, en el otro Fomento y el Gobierno gallego no serían capaces de finalizar el enlace de conexión con las carreteras preexistentes hasta finales de 2018.

Las prisas de la autovía, con buena parte de su trayecto sin uso pero ya deteriorándose durante años, contrastan con otras infraestructuras imprescindibles. Mientras que el tronco principal de la carretera ya estaba finalizado en 2015, la Xunta aún tardaría dos años más en lanzar los concursos para construir la depuradora de aguas residuales y la planta de tratamiento de agua potable necesarias para el polígono. Esas dos obras fueron las visitadas este lunes por Feijóo, que aseguró que estarán “finalizadas en el primer semestre de 2020”, mismo plazo que dio para que, una vez finalizadas esas infraestructuras, “las empresas que lo deseen puedan comenzar las obras necesarias para asentarse”.

El coste de las diversas actuaciones necesarias para la puesta en marcha de la Plisan fueron repasados este lunes por la Xunta. La inversión total, dice el Gobierno gallego, será “superior a los 231 millones de euros por parte de las tres entidades promotoras -Xunta, Autoridad Portuaria y Consorcio de la Zona Franca-, de los cuales: 97 millones se invirtieron en actuaciones ya finalizadas, como trabajos técnicos, adquisición de terrenos y obras de movimientos de tierra y de la primera fase de los sistemas generales; 20,6 millones se están ejecutando en las obras de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y en la urbanización de la Zona Logística Empresarial (LE) de la primera fase, entre otros aspectos, y 88,6 millones para la ejecución de las restantes actuaciones previstas como la urbanización completa y las vías interiores”. Cifras a las que la Xunta añade “casi 25 millones” de la autovía de conexión de la Plisan.

Tras esos más de 231 millones de euros públicos y 20 años de tramitación, ahora deberán ser las empresas las que digan si la Plisan les interesa. Desde este martes y durante tres meses podrán presentar sus ofertas para ocupar un tercio del espacio total que finalmente tendrá el polígono, unos 900.000 metros cuadrados brutos que, descontando las zonas urbanizadas y de servicios, se concretan en 300.000 metros cuadrados netos para la instalación de empresas.

Veinte años más tarde, la Plisan ya no se publicita con la vocación con la que nació de ser un puerto seco de Vigo en el que hacer los movimientos logísticos para los que no había sitio en los muelles de la ciudad -de hecho la Autoridad Portuaria sigue planificando nuevos rellenos sobre la ría- sino como un polígono industrial con capacidad para ofertar parcelas de gran tamaño. Las expectativas de la Xunta ya no están puestas en la japonesa Mitsubishi y su fábrica de baterías de hace una década sino en un fondo chino propietario de la conservera viguesa Albo que estaría interesado en levantar allí una gran factoría alimentaria. Pero dos décadas después por donde no pasa el tiempo es por el discurso de Feijóo que este lunes optaba por lanzar un mensaje en positivo como si en este tiempo no hubiese ocurrido nada: “Seguimos dando pasos adelante para que las empresas tengan cada vez más facilidades para instalarse en la comunidad”.