Xunta y Ayuntamiento empiezan la pelea sobre la responsabilidad de alojar a los afectados por el incendio de Vigo

Las administraciones comienzan a moverse -o, al menos, a señalarse- para tratar de encontrar una vivienda a la veintena de personas desalojadas por el incendio en el que fallecieron una madre y sus tres hijos. El detonante ha sido la carta de la concelleira de Bienestar Social de Vigo a la Consellería de Política Social. En ella, Yolanda Aguiar relataba cómo el Concello había dado una respuesta provisional a los afectados -trasladándolos primero al albergue municipal y, después, a un hostal- y pedía a la administración autonómica una solución definitiva para ellos, debido a su “situación de vulnerabilidad”. La misma situación que les hizo buscar refugio en un edificio abandonado que no cumplía las medidas básicas de seguridad.

La respuesta tardó unas horas en llegar y lo hizo a través de una carta firmada no sólo por la titular de Política Social, Fabiola García, sino también por la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, que es quien tiene las competencias en vivienda social. En la misiva, recogida por Europa Press, solicitaban mantener “cuanto antes” una reunión a tres bandas, en la que además estaría la Fundación Secretariado Gitano, para ofrecer “una solución satisfactoria y estable” a las necesidades de las familias. Justo lo que no habían tenido hasta ahora, pese a que la administración autonómica era consciente de la situación de las familias. Sin ir más lejos, los pequeños fallecidos por el fuego asistían tras las clases a un centro de día donde recibían apoyo escolar.

SI la respuesta de la Xunta fue rápida, la réplica del Concello llegó de forma casi inmediata y manifestaba su disposición a mantener ese encuentro “mañana mismo” -por hoy-, al tiempo que criticaba que el gobierno gallego se comunicase “a través de un teletipo”. Por eso, solicitaba a las consellerías que se pusiesen en contacto por los canales oficiales para preparar la reunión.

Por su parte, Secretariado Gitano se remite al comunicado colgado en su web desde este lunes en el que, entre otros aspectos, se reclama que lo sucedido “debe servir para impulsar medidas integrales y específicas que terminen con las situaciones de extrema pobreza que aún hoy padecen muchas familias gitanas”. 

Falta de respuesta institucional

Unas medidas que fallaron con los expulsados del asentamiento de Navia donde vivían los fallecidos. A finales de 2020, el ayuntamiento de Vigo comunicó al Instituto Galego da Vivenda e o Solo la situación de vulnerabilidad en la que quedaban otras cinco familias desalojadas de sus chabolas. La respuesta del IGVS se limitó a asegurar que en aquel momento “no disponían de ninguna vivienda vacante en el municipio” y que, por tanto, los dejaba a la espera del siguiente sorteo de adjudicación que pisos que se pudiese celebrar en la ciudad. Tres años después, sigue sin celebrarse ninguno.

Al mismo tiempo, varios colectivos de Vigo están empezando a trabajar de forma coordinada para tratar de que lo sucedido suponga un antes y un después en la respuesta a las personas que carecen de techo. Os Ninguéns, el Sindicato de Inquilinas, Provivienda, la Rede Social Galicia Sur y Amnistía Internacional mantuvieron a última hora del lunes su primera reunión de trabajo. Desde Amnistía, Alberto Estévez, asegura que tratan de consensuar demandas urgentes pero también planes a medio plazo que eviten “que sólo se busque una solución de urgencia a los afectados, pero una vez pase el ruido, no se ataque el problema de fondo”. Por eso, entre las propuestas que están elaborando destaca la demanda de destinar el 15% del parque de vivienda a política social.