El jefe de la CRTVG niega represalias contra periodistas críticos pese a la condena de la Justicia por ello

El director general de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, ha restringido al ámbito laboral el conflicto con uno de los trabajadores de los medios públicos gallegos, Carlos Jiménez, que venció en los tribunales a la corporación. Un juzgado de Santiago anuló el pasado mes de diciembre una sanción contra el periodista, rechazó los argumentos dados por la empresa acerca de una supuesta incompatibilidad y consideró que lo que había habido era una represalia contra un trabajador activo en el movimiento critico Defende a Galega.

Tanto el grupo parlamentario del BNG como el del PSdeG le preguntaron a Sánchez Izquierdo en la Cámara gallega por la sentencia y acerca de una asunción de responsabilidades por su parte o por parte de quienes gestionaron el expediente sancionador de Jiménez. “No se advierte en el proceder empresarial conducta negligente o imprudente que obligue a un cuestionamiento especial de la actuación de los profesionales de la CRTVG en la elaboración del expediente”, replicó. El jefe de los medios públicos gallegos aseguró que la sentencia ha sido recurrida y defendió el proceso repitiendo argumentos que la jueza rechazó en su sentencia.

El “núcleo fundamental”, dijo, es la “parte laboral”. En 2018, pocos meses después de que un colectivo de trabajadores de la CRTVG crítico con la “manipulación informativa” empezase a organizar los Venres Negros de protesta, a Jiménez se le comunicó que se había abierto un expediente contra él. La motivación, volvió a defender Sánchez Izquierdo, fue que en ese momento los responsables de la corporación se dieron cuenta de que no había “una autorización de la compatibilidad” para realizar trabajos con empresas privadas después de que en 2016 la relación laboral entre Jiménez y la CRTVG cambiase. Esa modificación se debió precisamente, a que el trabajador ganó ante los tribunales una reclamación en defensa de sus derechos laborales.

La compatibilidad estaba reconocida desde hacía años y la sentencia de diciembre rechaza que esta sea la causa del castigo impuesto: la jueza cree que “la debilidad de la prueba en relación con la falta de conocimiento de la actividad privada del actor”, junto con la “inmediatez temporal” que hay entre que empezaron los Venres Negros y el expediente, “permite concluir que la sanción es una respuesta de la entidad demandada a la actuación legal -el trabajador tuvo varios litigios en defensa de sus derechos laborales- y periodística del demandante en una relación de causa-efecto”.

A pesar de que la jueza considera que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador y su derecho a la libertad de expresión, Sánchez Izquierdo ha insistido en los mismos argumentos, ha considerado que la sentencia se basa “solo en indicios” y ha manifestado que entiende que “es judicialmente recurrente asociar la idea de una protesta con una supuesta respuesta de represión”. “La advertencia de una lesión de un derecho fundamental resulta extraordinariamente atractiva para otras lecturas que no pueden refutar los datos objetivos”, agregó.

Además, el director general de la CRTVG aseguró que no tiene “la más mínima incomodidad ante ningún movimiento reivindicativo dentro o fuera” de la corporación. Acusó a BNG y PSOE de querer hacer “un trasvase de responsabilidades entre la esfera política y la laboral”.

Enfrente, tanto la diputada socialista que actuó como portavoz en el debate, Noa Díaz, como la representante del BNG, Alexandra Fernández, defendieron que el asunto no se limita al ámbito laboral. “No es un tema laboral exclusivamente cuando se habla en la sentencia de que hay represalias contra un trabajador por manifestarse en los Venres Negros. Es un problema político”, replicó Fernández, que acusó a la CRTVG de usar la “represión individual” para “dar a entender al resto que quien se mueva va a sufrir las consecuencias”. Díaz, que recordó que este viernes se cumplen 193 Venres Negros, calificó de preocupante que un medio público sea condenado precisamente por vulnerar la libertad de expresión.