La nueva Ley de Costas deja desprotegidas las rías gallegas
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que a partir de ahora inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. En toda España hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988.
En este punto, Medio Ambiente precisa que sólo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición. También se ampliarán los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
Sin embargo, lo más preocupante de la nueva norma es que Medio Ambiente autoriza ahora a reducir en las rías la servidumbre de protección de 100 a 20 metros equiparando las rías a ríos, lo que como es evidente afecta de forma muy importante a Galicia. Muchas viviendas y urbanizaciones que hasta ahora estaban en un limbo legal pasan a estar dentro de la norma y la consecuencia es que todas las rías gallegas pasan a estar desprotegidas, a expensas de que cualquiera pueda construir en ellas en primera línea de mar. Estos cambios también afectan a las industrias, por lo que ENCE podría aprovechar la ley para permanecer en la ría de Pontevedra “70 años más”, según ADEGA.
Las críticas desde las organizaciones ecologistas fueron inmediatas. ADEGA denuncia que con estas modificaciones el PP “dinamita la Ley de Costas para beneficiar a especuladores y contaminadores”. ADEGA recuerda que la ley de 1988 “fue la última línea de defensa de la ciudadanía para salvaguardar este patrimonio público frente a los destrozos, a pesar de que no pocas veces fueron las propias administraciones las principales promotoras de su incumplimiento” y destaca que “defender nuestras rías, playas, dunas y acantilados es proteger un bien común y garantizar un futuro sustentable para las comunidades que viven del litoral”.
ADEGA cree que la norma supone “traspasar terrenos públicos a manos personales, tanto por reducir la definición del DPMT como por la ampliación de las concesiones a 75 años” y denuncia que permitirá declarar suelo urbano en el frente litoral los dos años posteriores a la aplicación de la reforma, reduciendo también la servidumbre de protección a 20 metros en estos tramos.
Por su parte, Espacio Ecosocialista entiende que la aprobación por el Consejo de Ministros de la modificación de la ley de costas es “un ataque a nuestro bien común natural”. Alertan sobre todo de la ampliación de las concesiones de instalaciones en dominio público marítimo terrestre en otros 75 años, “lo que puede afectar directamente a ENCE”. Y también sobre la “reducción de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en aquellos núcleos que no fueron declarados como suelo urbano con la anterior ley, dando un plazo de dos años para que así sean declarados y abriendo la espita a comenzar a declarar suelo urbano en el litoral”. EE considera necesario “frenar en el tramite parlamentario este atropello legislativo” y afirma que “hace falta que exista una concienciación ciudadana al respecto”.
También Ecologistas en Acción rechazan la modificación de la Ley de costas pues “reduce peligrosamente la protección del litoral existente hasta ahora, favorece la privatización y la especulación urbanística incontrolada en buena parte de la costa y establece infinidad de excepciones sin justificación”. Y añade que se trata “de una ley aprobada sin la necesaria participación social, hecha a la medida de intereses particulares, que olvida el cambio climático y su efecto sobre la costa”.
