La Policía, aliada del desmantelamiento de conservas Cuca
La Policía toma partido. Esta es la conclusión que sacan las trabajadoras de la factoría de Conservas Cuca de Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa), después de que hace dos fines de semana varios furgones de antidisturbios desequilibraran la balanza de su lucha contra el traslado de la fábrica a O Grove, una operación en la que ven el primer paso para un desmantelamiento mayor. Anunciado desde finales de 2012, las trabajadoras llevan intentando frenar el desmontado de la fábrica haciendo guardia a sus puertas para así evitar que el grupo Garavilla, propietario de la marca, se lleve la maquinaria a la nueva ubicación. Esto es lo que fueron consiguiendo hasta que un importante despliegue policial las retuvo en el stand en la que suelen protegerse de las inclemencias meteorológicas, dando vía libre a las intenciones empresariales. Estos sucesos acaban de llegar al Parlamento.
A través de su portavoz, Xosé Manuel Beiras, Alternativa Galega de Esquerda anunciaba este martes que quieren, al menos, explicaciones sobre esta “operación de piratería empresarial”. Las obreras, dice Beiras, “llevaban mucho tiempo en lucha impidiendo, en la medida de lo posible, que se consumara el saqueo” hasta que los antidisturbios “plantificaron la furgoneta ante el caseto donde estaban, impidiéndoles salir” e incluso utilizaron inhibidores de frecuencias para que no funcionaran los teléfonos móviles “para que no pudieran comunicarse”. La Policía incluso obligó “a los vecinos de las proximidades a que se metieran dentro de sus casas” mientras, al mismo tiempo, “protegía a los camiones” que realizaban “el saqueo de la maquinaria”. “Parecen los gángsters de Chicago, con la Policía al servicio de las mafias”, censura.
Beiras considera “absolutamente inaudito que las fuerzas del orden público presten servicios” al “jefe de la empresa, que está cometiendo una vulneración constante de sus acuerdos con las trabajadoras” y por eso “pedimos la comparecencia del vicepresidente”, Alfonso Rueda, con el apoyo del BNG, pero el PP “la negó”. “Entonces, reclamamos que por lo menos Rueda tomara la iniciativa de pedirle explicaciones al delegado del Gobierno y las hiciera públicas”, pero la petición también obtuvo la negativa por respuesta, en lo que para el líder de AGE es una “dejación de funciones” y un ejercicio de “desamparo de la ciudadanía”.
Pregunta en pleno y entrevista con Juárez
En este escenario, Beiras explica que Alternativa realizó “un ruego para que sea la Presidencia del Parlamento la que recabe del subdelegado del Gobierno o, en su caso, del delegado”, la información “y las explicaciones pertinentes” sobre los sucesos de Vilaxoán. “Ya veremos si hacen algo o no”. Por si esto no sucedea AGE ya está “estudiando llevar este caso a la vía judicial” a través de una “denuncia”. “Si no apoyamos a los ciudadanos no merecemos ser sus representantes”, afirma.
En un sentido semejante se expresa también el diputado Juan Fajardo quien, junto a Beiras, mantuvo un encuentro con las trabajadoras hace pocos días. “Esto sí que fue un escrache, pero un escrache franquista”, dice el parlamentario vilagarciano, para quien lo sucedido en Cuca “nos retrotrae a la época de la dictadura”, con la Policía “amparando las prácticas liquidacionistas del empresario”. “Con nocturnidad y contra trabajadoras esta policía es más propia de un estado totalitario que de una presunta democracia”. A pesar de a la negativa a la comparecencia solicitada junto al Bloque, el propio Fajardo le preguntará al Gobierno gallego en el pleno de la Cámara “si considera digno auxiliar con maneras antidemocráticas y un auténtico estado de excepción a quien pretende acabar con un centenar de empleos”. Del mismo modo, AGE solicitará una entrevista con el delegado del Gobierno central, Samuel Juárez, y con el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela.
