La oferta de un grupo argentino aporta esperanzas a la agonía del histórico Centro Gallego de Buenos Aires

Fachada principal del Centro Gallego de Buenos Aires

Hace ya algo más de un año, una asamblea extraordinaria de representantes de socios del histórico Centro Gallego de Buenos Aires autorizaba casi por unanimidad activar las negociaciones para la venta del histórico edificio y de la gestión del emblemático hospital. El grupo sanitario privado español Ribera Salud, en colaboración con la Fundación Favaloro argentina, había manifestado oficialmente su interés en una operación que dejaría a la emigración gallega sin su mayor símbolo sentimental y patrimonial pero que era visto por las asociaciones y la inmensa mayoría de sus asociados como única solución posible y alternativa a la quiebra de una institución en grave crisis.

"Ni España ni Galicia han defendido nunca el patrimonio cultural del Centro Gallego de Buenos Aires"

"Ni España ni Galicia han defendido nunca el patrimonio cultural del Centro Gallego de Buenos Aires"

Intervenido desde hace seis años por el Estado argentino, el Centro Gallego, que llegó a superar los 100.000 socios y que fue considerado uno de los mejores centros hospitalarios de Sudamérica, cuenta hoy con unos 3.500 asociados y una enorme deuda de entre 40 y 50 millones de euros. Un año después de aquella asamblea, la oferta formal de Ribera Salud no llega y el nuevo presidente electo elegido en las elecciones del pasado septiembre todavía no ha asumido su cargo.

Pero hay una nueva opción: la propuesta lanzada por el grupo argentino BASA (Buenos Aires Servicios de Salud), que apuesta por asumir la gestión del hospital, sin exigir la adquisición del histórico edificio, aunque sí incluyendo una opción de compra de las instalaciones para el futuro.

Según fuentes sindicales, la oferta del grupo BASA consistiría en aportar ya fondos para arreglar la grave situación de los trabajadores (400 en activo y más de mil acogidos a una jubilación voluntaria) a los que se les adeudan importantes cantidades, así como atender a los socios en algunos de los hospitales de su red en Buenos Aires mientras lleva a cabo una rehabilitación del edificio para poder explotarlo lo más pronto posible.

Además, el quinto piso quedaría reservado en exclusiva para los socios del Centro Gallego, al igual que el teatro, la biblioteca y los espacios de los que siempre han disfrutado. La operación, que parecía más que factible, está ahora paralizada, según las mismas fuentes por orden del Gobierno argentino, que ha aportado fondos hace sólo unos días para cancelar parte de las deudas con el personal del hospital. Otras fuentes atribuyen a las presiones de Ribera Salud el freno a esta alternativa para la casa de la emigración gallega.

Pero mientras, la situación del personal sanitario, que ocupa el hospital en protesta, se agudiza. El escaso salario que recibe se va reduciendo y se sitúa incluso en unos 600 pesos semanales (menos de 15 euros) entre reivindicaciones laborales, un edificio que sufre a la vista el deterioro y la dejadez de las instituciones y una atención a los enfermos mínima y precaria.

El próximo 11 de febrero hay convocada una nueva asamblea para que los representantes de los socios autoricen de una vez una venta que seguirá paralizada de no haber una proposición oficial y por escrito.

Ramón Suárez, el presidente elegido el pasado 10 de septiembre con casi el 70% de los votos de los socios, insiste en que no tomará posesión de su cargo tampoco mientras no haya una oferta formal y en papel para la venta o asunción de la gerencia del hospital del Centro. Y advierte de que sólo una operación de este tipo puede salvar la histórica institución de la quiebra y, por lo tanto, evitar cualquier riesgo para su importante patrimonio cultural.

"La situación es absolutamente insostenible, sin duda. Si llegamos allá, la solución no puede pasar de comienzos de 2019", advierte Suárez sobre la situación de uno de los mayores emblemas de la emigración gallega y del exilio económico y político del país.

Mucho más que un centro de la emigración

Unos 34.000 metros cuadrados, seis plantas y dos sótanos que acogen ahora la grave problemática de los socios y su atención médica y el negro futuro de un plantel apremiado por los impagos. Dentro, medio centenar de esculturas y estatuas, más de cien pinturas de Seoane, Colmeiro, Castelao o Maside, una biblioteca de 20.000 volúmenes centrados en el país, un teatro histórico de 400 butacas, un ingente archivo fotográfico o una fonoteca con discursos de Otero Pedrayo, Blanco Amor y Cunqueiro. Un inmenso patrimonio cultural en riesgo cuya gestión exigen para la futura mutual del Centro Gallego todas las alternativas formuladas por asociados o directivos, entre críticas al nulo apoyo llegado desde la Xunta o el Gobierno de España. Sería esa la institución que guarde el legado de miles de emigrantes y figuras históricas de Galicia, pero la solución es urgente.

Con todo, las condiciones impuestas por la nueva dirección y por los asociados --que son los que tienen siempre la última palabra para activar la venta, que debe ser aprobada por dos tercios de la asamblea de sus representtantes-- son claras: que el comprador cancele todas las deudas existentes y las que puedan surgir, garantizar una atención sanitaria idónea y a perpetuidad para los socios actuales y que el panteón social, las instalaciones anexas del Centro y todo el patrimonio cultural sigan siendo propiedad exclusiva de la mutual de la histórica entidad. Para conservar todo este legado, recuerdan, no sería suficiente con la propuesta del grupo BASA, que habla de reservar el 10% de las cuotas de los socios para destinarlo a este mantenimiento.

Por eso, Ramón Suárez advierte de que la salvación estaría en Ospaña (Obra Social de los Inmigrantes Españoles y sus Descendientes Residentes en la República Argentina), de la que formaba parte el Centro Gallego, que quedó excluido después de una polémica operación de la Xunta y del Gobierno central que fue duramente criticada por miembros de la actual directiva desde hace tiempo.

Un año después de autorizarse la venta, la solución no llega y el tiempo se agota. En juego, cientos de puestos de trabajo, la atención sanitaria de miles de personas y un ingente legado cultural y histórico para Galicia.

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