El Gobierno de Feijóo aumentó un 35% sus acuerdos propagandísticos sin valor legal en su tercera legislatura
Una de las preguntas recurrentes a Alberto Núñez Feijóo en las ruedas de prensa posteriores a cada reunión semanal del Gobierno gallego (el Consello da Xunta) venía siendo, en los últimos años, la de sus aspiraciones en la política estatal, ahora nuevamente aparcadas. Pero ese no ha sido el único elemento informativo que ha permitido alejar del foco en este tiempo otros problemas gallegos, ya que en esas comparecencias semanales el propio Gobierno gallego tiene en su mano un recurso, la divulgación de informes propagandísticos, que contribuye a orientar la agenda mediática según sus intereses.
En las ruedas de prensa posteriores a cada Consello da Xunta (y en el listado de asuntos supuestamente tratados en las reuniones que divulga posteriormente el Gobierno gallego) hace años que todos los presidentes suelen no sólo referirse a los proyectos de ley, decretos o acuerdos aprobados en esos encuentros sino también a supuestos informes, documentos que, al contrario que las anteriores figuras legales, no requieren de un trabajo jurídico previo y no tienen ni que ser aprobados formalmente.
Esos informes, que tienen la misma validez legal que una nota de prensa, vienen siendo usados por el presidente de turno para introducir él mismo en su comparecencia algún tema sobre el que le interese pronunciarse orientando así la agenda política e informativa. Si durante su primera legislatura el presidente Feijóo recurrió a una media de 3 de esos informes propagandísticos por reunión de su Gobierno, en lo que va de esta tercera el promedio asciende a 4,1, un 35% más.
Los informes, que pueden ser incluso orales, suelen ser divulgados por el Gobierno gallego como acuerdos formales, a pesar de que ninguna medida con efecto real sobre la población requiera de su aprobación. En ocasiones son aprovechados para que el presidente se pronuncie sobre acuerdos de rango inferior adoptados por sus conselleiros que no tendrían que pasar por la reunión semanal del Gobierno gallego pero que así permiten al titular de la Xunta ligar esas decisiones a su propia figura. No es que las medidas que se citan en los informes sean todas mentira o no existan, sino que no son aprobadas por el Consello da Xunta en el que se publicitan, lo que les confiere su carácter de propaganda política vinculada a la figura del propio presidente.
Todos los presidentes gallegos han empleado estos informes de autobombo, ya sea para tapar la falta de contenido real y acuerdos formales de sus reuniones, especialmente en épocas de crisis económica, o para alejar la atención mediática de otras cuestiones conflictivas. Durante los gobiernos de Manuel Fraga llegó a haber reuniones del Consello da Xunta en las que se divulgaron más de una veintena de informes. El bipartito de PSdeG y BNG redujo entre 2005 y 2009 su uso a menos de uno por reunión, pero Feijóo viene empleándolos de manera creciente desde que llegó a la Xunta en 2009.
Hay casos en que los informes sí tienen rango legal, principalmente los que dan cuenta al Consello da Xunta de gastos de emergencia realizados previamente por una consellería y que deben ser convalidados a posteriori por el Gobierno, pero estos y otros casos similares son una excepción minoritaria. Descontando esos casos, en la primera legislatura de Feijóo, entre 2009 y 2012, los 176 Consellos da Xunta celebrados divulgaron un total de 529 informes, a una media de 3 informes por reunión y rueda de prensa. En la segunda legislatura, entre 2012 y 2016, los 181 consellos divulgaron 634 informes, a un promedio de 3,5 informes. Y en esta tercera legislatura iniciada a finales de 2016, en la que se llevan celebrados 79 reuniones, los informes son ya 324, a 4,1 de media.
El récord durante los mandatos de Feijóo se produjo en el Consello del 4 de mayo de 2016, cuando se divulgaron 10 informes, mientras que en otras seis reuniones celebradas en estos nueve años se divulgaron ocho informes en cada una de ellas.
Decisiones formales ocultadas
Al tiempo que fue incrementando el número de informes propagandístico sin contenido legal real, el Gobierno gallego viene ocultando otras medidas concretas sí aprobadas en esas reuniones del Consello da Xunta y con validez jurídica. Ni el presidente Feijóo en sus ruedas de prensa ni la Xunta en el listado de asuntos aprobados que divulga todas las semanas informó de decisiones polémicas que sólo se conocieron días o incluso meses más tarde a través de investigaciones periodísticas.
Así ocurrió con 13 acuerdos adoptados en secreto entre 2013 y 2017 por los que la Xunta recurrió al fondo de contingencia por importe de unos 280 millones de euros para atender gastos no previstos en sus presupuestos, que previamente había elogiado como “realistas”. A pesar de lo elevado de la cantidad, y de que llegó a haber reuniones de la Xunta en las que los acuerdos realmente aprobados no implicaron gastos superiores a 150.000 euros, el Gobierno gallego no informó de esas millonarias decisiones que revelaban su propia imprevisión.
Tampoco informó el Consello da Xunta de su decisión de perdonar a finales de 2011 una multa de tres millones de euros al promotor inmobiliario y alcalde popular de Sanxenxo Telmo Martín. Como tampoco lo hizo de la decisión de no llevar a juicio a la empresa Brenntag por un vertido contaminante en el río Umia. Con el mismo secreto de cara a los medios de comunicación al tiempo que divulgaba informes propagandísticos sin contenido, la Xunta también autorizó en sus reuniones semanales la regularización de viviendas y piscifactorías ilegales, incrementó tasas o impulsó polémicos proyectos urbanísticos.
