El Supremo confirma la relación laboral de 38 becarios con la Diputación de Pontevedra

Sede de la Deputación de Pontevedra.

El Tribunal Supremo ha confirmado que la Diputación de Pontevedra está obligada a reconocer la relación laboral con 38 becarios. Ratifica un fallo anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condenaba al ente provincial y rechaza el recurso de casación para la unificación de doctrina.

En el auto, el Supremo compara los dos casos expuestos por la Diputación en su recurso: el de los becarios del ente en Pontevedra y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre unos becarios que hicieron prácticas en la Consejería de Medio Ambiente a través de un convenio de colaboración con el Consejo de la Abogacía de la comunidad. En este último caso, recoge el texto, “consta probado” que las tareas estaban supervisadas por un tutor y que no hay datos que acrediten un incremento de la actividad una vez que se incorporaron estos becarios. El Supremo considera que no se puede apreciar contradicción entre una sentencia y otra porque “los hechos que constan acreditados en cada una de las resoluciones enfrentadas son diferentes” y que esto “justifica las distintas soluciones jurídicas alcanzadas”.

En el caso de la Diputación de Pontevedra, agrega, los becarios “se encontraban sometidos a horario y disciplina de entrada y salida; realizaban sus tareas con total autonomía, solos, sin presencia de tutor o formador alguno; siendo normal que los becarios antiguos formasen a los nuevos”. Además, indica que “no había programa formativo”.

Tras conocerse el auto del Supremo, el secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Pontevedra, José Ramón Piñeiro, destacó que este pronunciamiento muestra que la Diputación utilizó “de forma fraudulenta” a los becarios para que “hicieran labores propias de personal laboral con la intención de abaratar costos de personal y de realizar pagos de favores”.

La denuncia había partido de una inspección de la Seguridad Social. Entre agosto y octubre de 2018, el instituto público visitó diversos departamentos de la institución dentro de una campaña del Gobierno central para el “control de las relaciones no laborales de empresas y becarios”. Los inspectores entraron en oficinas, en el Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico, en una estación fitopatológica en Areeiro (Pontevedra) o en dos centros de compostaje en la ciudad. En todos ellos detectó becarios realizando trabajos “con total autonomía y solos”. El dictamen del TSXG concluía que “es evidente que la beca aquí no tiene otra finalidad más que la de intentar asumir una carga de trabajo superior a la que pueden soportar los trabajadores”.

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