El PP defiende la legalidad de siete viviendas de protección oficial incluidas en una promoción de lujo en Mallorca

Una promoción de lujo en la barriada palmesana de es Jonquet, con viviendas que alcanzan los 5,4 millones de euros y servicios propios de un resort privado, ha situado en el foco de la polémica las políticas del Govern del PP. Entre zonas de spa, piscina, bodega, cine y gimnasio, el complejo incluye siete pisos de protección oficial (VPO), un hecho que ha despertado las sospechas de la oposición en torno a la falta de transparencia del proyecto. Mientras el Ejecutivo defiende su legalidad y asegura que se destinarán a alquiler social, crecen las dudas sobre su comercialización y el encaje real de las viviendas protegidas en un mercado cada vez más orientado al alto standing.

El PSIB-PSOE denunciaba este lunes que los pisos en venta no se encuentran “bajo ninguna supervisión pública”, reabriendo así reabriendo el debate sobre el control público de este tipo de viviendas y las consecuencias legales de un posible incumplimiento del régimen de VPO. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha rechazado, sin embargo, cualquier tipo de irregularidad en torno a la promoción: según ha explicado este martes, las siete viviendas bajo lupa ya ha obtenido la calificación de VPO en régimen de alquiler, con rentas que, asegura, rondarán los 700 euros mensuales y serán adjudicadas a través del Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi).

Tal como consta en la documentación oficial de la Dirección General de Vivienda, la promotora Xojay Jonquet SL obtuvo en 2025 la calificación provisional de siete viviendas de protección oficial en régimen de alquiler permanente en el complejo de es Jonquet, por lo que quedarían fuera del circuito de venta del resto de pisos. Se trata, de acuerdo a la resolución consultada por este periódico, de pisos de entre 65 y 87 metros cuadrados con rentas máximas fijadas entre 676 y 897 euros mensuales, en función de su superficie, y con condición de vivienda protegida de por vida. El Ejecutivo subraya que, una vez finalizadas las obras, serán adjudicadas a través del registro de demandantes del Ibavi, como sucede con el resto de viviendas de este tipo.

La promoción, comercializada como XO Jonquet, se presenta como un resort urbano con servicios propios del lujo internacional. La memoria del proyecto -que no alude a las VPO- contempla más de medio centenar de viviendas distribuidas en cuatro bloques y una villa independiente, con superficies que van desde los 120 hasta los 400 metros cuadrados -e incluso una residencia de 850 metros- así como zonas comunes que superan los 550 metros cuadrados de equipamientos, incluyendo spa, piscina, bodega, cine, gimnasio, simulador de golf o servicio de seguridad las 24 horas.

En cuanto a los precios, las viviendas de menor tamaño se comercializan en Idealista a partir de los 2,6 millones de euros, mientras que los áticos y pisos de gran superficie y vistas al mar alcanzan los 5,4 millones. La sociedad promotora que se encuentra detrás del proyecto es Xojay Jonquet SL, creada en 2021 con un capital social de 3,7 millones de euros y cuya matriz es Xojay Management SL, dedicada a la promoción y gestión de activos inmobiliarios y cuyo administrador único es el empresario de origen alemán Christopher Franz-Gustaf Bauer Schlichtegroll, según los registros mercantiles consultados por elDiario.es.

El complejo se levanta, además, en el ámbito de la unidad de ejecución Mar i Terra, uno de los suelos más estratégicos del frente marítimo de Palma, situado entre es Jonquet, Son Armadams y el Passeig Marítim. Es Jonquet, declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico en 2009 y uno de los barrios tradicionales de la capital balear -formado por pequeñas casas de marineros y pescadores que vivían antaño junto al mar-, es hoy una de las zonas más tensionadas -y cotizadas- de Palma.

La controversia no se limita al plano político, sino que abre también interrogantes legales. La Ley 5/2018 de Vivienda de Balears tipifica como infracción leve no informar de forma visible de que una promoción incluye vivienda protegida durante su construcción, así como como infracción grave ocultar a posibles interesados la condición de VPO. Estas conductas pueden acarrear, en función de su gravedad, sanciones que van desde los 60.000 hasta los 30.000 euros.

En este contexto, los socialistas recriminan la ausencia de información pública clara sobre las viviendas protegidas dentro del proyecto, tanto en su comercialización como en los canales de promoción, lo que podría situar el foco no solo en el modelo urbanístico, sino también en su cumplimiento normativo. La diputada Mercedes Garrido ha acusado este martes al Govern de Marga Prohens de “situarse al lado de los más poderosos”, insinuando que estas viviendas podrían estar siendo comercializadas a precios de mercado, algo que el Govern ha rechazado de forma tajante, acusando al PSIB de “mentir y enredar” en torno a esta cuestión.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma, gobernado por PP y Vox, ha salido al paso de la polémica sobre la promoción calificando de “bulos” las críticas del PSOE y defendiendo que se trata de siete viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Según el área de Urbanismo, el proyecto -aprobado en 2022- contempla VPO de carácter permanente con precios que oscilarán entre los 650 y 800 euros mensuales, situándose la mayoría en torno a los 700.las críticas apuntan a la ausencia de información pública clara sobre las viviendas protegidas dentro del proyecto, tanto en su comercialización como en los canales de promoción, lo que podría situar el foco no solo en el modelo urbanístico, sino también en su cumplimiento normativo.