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El PP del pueblo con más fosas del franquismo en Mallorca se opone a derogar la Ley de memoria democrática

Fotografías de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca, y su padre, junto a sus féretros

Esther Ballesteros

Mallorca —

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En contra de las consignas enarboladas por el PP a nivel autonómico, la formación conservadora en el municipio mallorquín de Porreres ha mostrado su oposición a derogar la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Balears, cuya supresión será este martes tomada en consideración en el Parlament. El Ajuntament de Porreres, la localidad en la que más víctimas del franquismo han sido recuperadas, ha mostrado su disconformidad por unanimidad y ha mostrado su “compromiso para que la recuperación y difusión de la memoria democrática siga siendo un elemento de progreso dentro de nuestra sociedad, así como una inspiración contra los discursos fascistas”.

En concreto, este punto aparece recogido en una moción presentada por la formación ecosoberanista Més per Porreres para la señalización, dignificación y protección de la zona de fosas comunes de la represión fascista durante la Guerra Civil en el cementerio de este municipio. La iniciativa fue apoyada por el equipo de gobierno integrado por PP y El Pi durante el último pleno del consistorio, tal como informa Ara Balears y ha confirmado elDiario.es.

Mediante la misma moción, el Ajuntament reclamará al Govern balear que coloque una piedra de la memoria (Stolspersteine) en recuerdo de todos los concejales que formaban parte del último equipo de gobierno de la II República y que fueron asesinados al inicio de la contienda. El historiador Bartomeu Garí, regidor además de Més per Porreres, recuerda que, ya en julio de 1936, después de que el recién proclamado comandante militar de Balears Manuel Goded declarase el estado de guerra en las islas, se desató una dura represión que ya había sido planificada meses antes del conflicto.

La represión, tal como recalca el investigador, fue perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas. En ese contexto, entraron en escena los campos de concentración y la utilización de los presos franquistas para erigir y acomodar las infraestructuras a los intereses de los golpistas.

El pasado 14 de julio, Porreres rindió homenaje a las víctimas que lucharon por la II República, con especial mención a las mujeres, muchas de ellas viudas, que sufrieron la represión franquista y lo sacrificaron todo para salir adelante.

En el cementerio de este municipio, el Govern balear impulsó durante la pasada legislatura de izquierdas diferentes campañas de excavaciones y exhumaciones que permitieron recuperar 114 víctimas de la represión franquista, sometidas la mayor parte de ellas a palizas, torturas y amenazas, entre quienes se encuentra Aurora Picornell, más conocida como la Pasionaria de Mallorca e icono del republicanismo en la isla. 

La Ley de memoria democrática que a nivel autonómico prevén derogar PP y Vox ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos llevadas a cabo durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. La supresión de esta normativa, aprobada en 2018 -durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol- figura en el acuerdo de legislatura alcanzado entre conservadores y extrema derecha por el que los de Santiago Abascal, a cambio de su apoyo, se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.

Coincidiendo con el debate de la iniciativa (previsto en torno a las 13.00 horas), la asociación Memòria de Mallorca ha convocado una concentración a las 12.00, frente a las puertas de la Cámara autonómica, para rechazar este “atentado contra los derechos de las víctimas”. El pasado 2 de junio, una manifestación organizada por la Plataforma por la Memoria Democrática (que integra a más de 80 entidades de la sociedad civil) exigió a PP y a Vox que no eliminen la ley y advirtió de que la convocatoria era “un aviso más de que la sociedad civil no aceptará políticas antidemocráticas” de las derechas.

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