El expresidente de Panamá pide archivar el caso que le investiga por ordenar espiar a su pareja en Mallorca

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, investigado en Palma por un presunto caso de espionaje y acoso a su expareja para averiguar si tenía amantes en Mallorca, ha solicitado al Juzgado que archive la causa contra él por haberse superado los plazos máximos de instrucción.

El procedimiento judicial investiga si el exmandatario dirigió y financió una presunta red de vigilancia utilizando para ello los servicios extraoficiales de varios guardias civiles. Los integrantes de este entramado habrían vigilado, las 24 horas y en cualquier lugar en el que ella se encontrase, cada uno de los movimientos de la víctima

El político panameño, quien permaneció ilocalizable durante meses, se personó el pasado febrero en el Juzgado, que hasta entonces había mantenido la causa paralizada ante la imposibilidad de citarle a declarar, lo que llevó a la Fiscalía a reclamar el archivo provisional de las actuaciones. Finalmente Martinelli se personó en el caso con un abogado valenciano de su confianza y que ya ha gestionado anteriormente otros asuntos del expresidente en Europa.

Citado a declarar

El Juzgado ha acordado citar a declarar al expresidente panameño, si bien aún no ha señalado una fecha para ello. Ahora, en un escrito presentado por la defensa de Martinelli, éste solicita dejar sin efecto esa comparecencia por considerar que ha sido decidida de forma extemporánea “al haberse excedido el plazo de instrucción”.

Entre otros alegatos, la defensa señala que Martinelli no fue identificado como sospechoso hasta el 3 de diciembre de 2021, ya que en la denuncia inicial no se le mencionaba. Como había avanzado 'Diario de Mallorca', el abogado argumenta que fue en abril de 2022 cuando se dictó el último auto de prórroga de la instrucción por un tiempo de seis meses, por lo que ya estaría vencido.

Un mes más tarde, el caso pasó de un Juzgado de Instrucción a un Juzgado de Violencia contra la Mujer -debido a la relación sentimental entre el expresidente y la denunciante-, pero el abogado sostiene que ello no afectaría al cómputo de plazos.

Además, el letrado puntualiza que, al tratarse de un ciudadano panameño no residente en España, su citación debería efectuarse vía comisión rogatoria conforme al convenio existente entre España y Panamá sobre asistencia legal y cooperación judicial.

Detención de cuatro guardias civiles

Las pesquisas en torno al exmandatario se iniciaron a raíz de dos denuncias interpuestas por la mujer, asediada por el miedo y la preocupación por su integridad física y emocional. Las denuncias, junto a las entradas y registros efectuados en el marco de estas investigaciones y las evidencias halladas en el teléfono de uno de los imputados motivaron, en marzo del año pasado, el arresto de cuatro efectivos del Instituto Armado, uno de ellos perteneciente al grupo que vela por la seguridad en edificios como el Palacio de Marivent.

Según las indagaciones llevadas a cabo, todos ellos, en colaboración con otros encausados –entre ellos un militar del Ejército de Tierra–, aceptaron la misión de Martinelli a cambio de una remuneración económica.

Los hechos tuvieron lugar en julio de 2020, inmediatamente después de que la víctima recalara en Mallorca. Poco tiempo después, la mujer acabaría marchándose a Italia para evitar la “presión continua” y el “acoso diario” a los que estaba siendo sometida y, sobre todo, por el temor a que sus hijos se vieran afectados por lo sucedido, según el atestado con el que la Guardia Civil dio impulso a las investigaciones, al que tuvo acceso elDiario.es.

La mujer aseguraba que habían llegado a ponerle “en peligro de sufrir algún accidente” y, en su denuncia, atribuía estos hechos al propietario de una empresa de seguridad, Group Kougar, que cuenta con una página web que ofrece servicios de similar naturaleza y a través de la cual se habrían efectuado los seguimientos, a pesar de no estar registrada en ninguna base oficial ni estar habilitada, por tanto, para el desempeño de actividades de seguimiento ni seguridad privada. Sus integrantes se hacían llamar 'pumas'.

Vigilada por tierra y mar

La situación de vigilancia era tal que, de acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, los investigados supervisaban cada uno de los movimientos de la mujer valiéndose de medios de captación de imagen y dispositivos de seguimiento que colocaron en su vehículo. Los presuntos espías también habrían utilizado una zodiac en el mar y, durante el tiempo en que la perjudicada se encontraba en el domicilio de unos familiares, donde se alojaba, hacían uso de prismáticos. Uno de los agentes, incluso, habría llegado a identificarse como guardia civil a fin de hacer valer su condición para acceder a la urbanización privada en la que vivía la denunciante y continuar de este modo las labores de seguimiento. Los supuestos espías habían vigilado, incluso, la entrada de las viviendas de las amistades que frecuentaba.

Las investigaciones apuntan a que uno de los objetivos de los investigados era acceder a bases de datos oficiales a fin de obtener información sobre vehículos y terminales de teléfono, por lo que se sospecha su posible implicación en otros hechos de similar naturaleza. No en vano, todos ellos habrían creado el conocido como Group Kougar, lo que evidenciaría una actuación continuada en el tiempo que “resulta claramente compatible con los restantes indicios de que los investigados han venido integrando una verdadera organización dedicada a llevar a cabo actividades de seguimiento y vigilancia más allá de la legalidad”, según los investigadores.

“Enmascararon una actividad presuntamente ilícita como si estuvieran realizando una actividad de investigación oficial de la Guardia Civil”, asevera el Instituto Armado, que abunda en cómo a lo largo de la investigación se han aportado numerosas pruebas de la existencia de una organización criminal dedicada a realizar actividades de seguridad privada, cometiendo para ello presuntos delitos contra la intimidad y la seguridad de las personas, contra los derechos constitucionalmente protegidos como la inviolabilidad domiciliaria, coacciones (acoso) y descubrimiento y revelación de secretos, obteniendo con ello un beneficio económico.

El expolítico, que posee una fortuna estimada en unos 1.100 millones de dólares, se ha visto envuelto en los últimos años en un rosario de investigaciones por corrupción durante su gestión al frente del país, principalmente en lo que a sobrecostes, blanqueo de capitales y escuchas ilegales se refiere.