La OCB pide “prudencia” y aclara que el Constitucional no ha avalado la supresión del requisito del catalán en la sanidad

La Obra Cultural Balear (OCB) ha reclamado “prudencia” a la hora de interpretar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), adelantado el pasado 14 de mayo por elDiario.es, sobre la eliminación del requisito del catalán en la sanidad balear. La resolución dictada por los magistrados rechaza el recurso que PSOE y Unidas Podemos presentaron contra la supresión -una de las primeras medidas adoptadas por el Govern de Marga Prohens-, si bien ciñéndose a los aspectos formales del decreto-ley que posibilitó la eliminación. El Alto Tribunal entrará en el fondo del asunto en una segunda sentencia prevista para dentro de unos meses.

La decisión de postergar la decisión sobre si el TC avala o no la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública balear se debe a la aprobación, en diciembre de 2024, de un decreto ley que el Ejecutivo autonómico sacó adelante para corregir varias enmiendas que Vox coló en la ley de simplificación administrativa y que eliminaban el catalán en toda la función pública. Tras incorporarlas los populares por error, el Govern se vio abocado a aprobar el decreto que impedía excluir de la administración la lengua propia de las islas, pero que, a su vez, afianzaba su supresión como requisito en la sanidad.

La OCB -con el apoyo de PSOE, Més y Podemos- impugnó ese segundo decreto ante el TC al considerar que, de nuevo, supone un recorte de derechos lingüísticos de los ciudadanos de Balears. La admisión a trámite o no de este último recurso está prevista para el próximo martes, 27 de mayo.

Ante esta situación, el Constitucional precisa que la impugnación que se llevó a cabo inicialmente contra el decreto de 2023 ha perdido su objeto, dado que la norma contra la que se dirigía --el Decreto Ley 5/2023-- se encuentra en la actualidad derogada a través de la Ley 7/2024 de simplificación administrativa, en cuyo texto el PP aprobó erróneamente incorporar las enmiendas de la extrema derecha.

Ante la confusión generada por el reciente fallo del Constitucional, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha aclarado que la Sala no ha entrado en el fondo del asunto y no se ha pronunciado sobre los motivos de inconstitucionalidad planteados por la entidad. Sí han estimado los magistrados, como ya avanzó elDiario.es, la utilización de la figura del decreto ley por parte del Govern de Prohens para suprimir el requisito del catalán, dando por buenos los alegatos del Ejecutivo sobre las razones de urgencia con las que decidieron eximir de este idioma a los profesionales de la sanidad a raíz de una supuesta falta de profesionales por razones lingüísticas.

La OCB asevera que, como ya expuso en su momento, las razones expuestas por el Govern no se correspondían con la realidad, dado que en el proceso de estabilización de profesionales sanitarios -más de 2.000 plazas convocadas con la exigencia de conocimientos de catalán- se presentaron más candidatos lingüísticamente capacitados que las plazas que se habían ofertado. Por ello, la entidad defiende que “no han quedado plazas de sanitarios desiertas por razones de lengua”. Según cifras de la OCB, de las 1.277 plazas de enfermería “no ha quedado ninguna desierta”.

El presidente de la OCB ha declarado finalmente que “la perspectiva del control de constitucionalidad sobre una norma únicamente significa que esta norma es compatible con la Constitución, nada más”. De este modo, según ha puntualizado, “también era constitucional la norma anterior, que exigía conocimientos de catalán para poder ingresar a la sanidad pública”.

“En este caso”, por tanto, ha concluido Llabrés, “la mejor opción sería que el Govern defendiera los derechos lingüísticos de los ciudadanos de estas islas y no apostar para pisotearlos”.

El pasado 16 de mayo, el Govern aprobó otro decreto ley con el que se prorrogará de dos a cuatro años el plazo para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización de todos los empleados públicos de las islas. Una medida que, como reconoció el propio Ejecutivo, ha sido pactada con Vox con el objetivo de hacer frente, en palabras del vicepresidente, Antoni Costa, a la “grave” situación en la que se encontrarían a nivel laboral los trabajadores públicos de distintas áreas, especialmente en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, por no poder estabilizar su plaza como consecuencia, dijo, de no disponer de la titulación lingüística requerida.