Cómo el establishment británico abandonó a las víctimas del taxista violador John Worboys
Numerosos organismos, desde la policía hasta los tribunales y la junta de libertad condicional, estuvieron involucrados en el caso de John Worboys, de 60 años, llamado el taxista violador que será liberado dentro de pocos días tras ser condenado en abril de 2009 a prisión indefinida en abril de 2009 por delitos sexuales graves contra al menos 12 mujeres (en el sistema británico existe la cadena perpetua con una estancia mínima en prisión que luego puede ser revisada).
A medida que crece la indignación de los políticos y de la opinión pública por la decisión de liberarlo a ocho años y nueve meses de su condena, examinamos quién falló a las víctimas de Worboys y en qué medida.
La policía
La Policía Metropolitana ha sido acusada de fallar sistemáticamente a las víctimas mientras duró el caso Worboys y también cuando se cerró.
El primer informe policial relacionado con Worboys data de 2002. Hubo varias experiencias sorprendentemente similares antes de que la policía detectara un patrón y acusara a Worboys en 2008. La policía envió 105 expedientes a la Fiscalía de la Corona (CPS por sus siglas en inglés), pero los activistas creen que el número real de víctimas de uno de los agresores sexuales más prolíficos de Gran Bretaña podría ser mucho mayor.
En 2010, la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía (IPCC, por sus siglas en inglés) dictaminó que Worboys siguió libre y abusando de mujeres porque los agentes de policía cometieron graves errores y no tomaron en serio a las víctimas.
La primera vez que lo detuvieron fue en 2007, pero lo pusieron en libertad sin cargos porque los policías creyeron su versión. No buscaron pistas en su casa ni en el taxi. Su víctima, en ese momento una estudiante de 19 años, contó a la policía que el taxista la había persuadido para tomarse una copa y le había metido una pastilla en la boca. Se despertó con hematomas y sin su tampón.
Más tarde explicó a the Guardian the Guardianque la policía se rió cuando ella describió sus heridas. “Los policías me decían que debía haber sido una caída de borracha, no me creían, me hablaban como si la culpa fuera mía, como si yo fuera la criminal. Sentí que no me tomaban en serio”, dijo.
Esto es lo que escribió un agente de policía en el informe: “La víctima no puede recordar nada más que haber subido al taxi. No parece probable que un taxista tenga alcohol en su vehículo y mucho menos drogas”.
Un científico forense declaró que en el sistema circulatorio de la víctima no había rastros de drogas o fármacos, pero sí había otras sustancias. El oficial escribió que la forma en que esas drogas habían entrado en su cuerpo era “un misterio”.
Otra mujer agredida en mayo de 2003 dijo al IPCC que los policías no tomaron fotos de sus heridas ni hubo declaraciones de testigos, no le creyeron y se perdieron documentos.
El IPCC respaldó las quejas emitidas contra cinco de los ocho agentes de la Policía Metropolitana: para dos agentes recomendó amonestaciones por escrito, para los otros tres pidió que recibieran asesoramiento.
El exjefe de la Policía Metropolitana (Scotland Yard), Paul Stephenson, dijo sentir una “profunda preocupación” por los fracasos en la investigación de Worboys.
La Fiscalía
La Fiscalía británica también ha recibido críticas por fallar a las víctimas y se ha visto sometida a una presión cada vez mayor para que explique por qué no presentó más casos cuando aumentaban las mujeres que lo denunciaban. La comisión de justicia de la Cámara de los Comunes ha expresado que “la Fiscalía debe responder por las decisiones que tomó sobre las acusaciones”.
En 2010, la Policía Metropolitana de Londres dijo que habían investigado las acusaciones y que no tomaron más medidas por recomendación de la Fiscalía. En octubre de 2010, la Fiscalía dijo que había considerado “entre 35 y 40 expedientes de casos” que llevaron a la condena de Worboys pero que no había visto “ningún material nuevo” desde entonces.
El viernes, la Fiscalía dijo que se habían presentado ante la policía 19 nuevos demandantes. Uno de ellos llegó a la Fiscalía, pero se consideró que no aportaba pruebas suficientes.
Keir Starmer, actual diputado y portavoz laborista sobre el Brexit, era el director de la Fiscalía tras el juicio de 2009. Hablando con los periodistas ante la puerta de su casa el viernes, dijo que la Fiscalía siguió con el caso abierto pidiendo a otras posibles víctimas que presentaran su denuncia. “[La Fiscalía] tomó las decisiones del caso y es realmente importante que [los periodistas] acudan a ella para obtener una lectura precisa de las decisiones tomadas”, dijo.
Los tribunales
Worboys fue encarcelado indefinidamente por el juez Penry-Davey en el tribunal de Croydon en 2009, quien le dijo que debía cumplir un mínimo de ocho años. La pena máxima por violación bajo las directrices de la Fiscalía es cadena perpetua.
El tipo de condena que recibió, conocida como prisión para protección del público, fue aplicada por primera vez en 2003. Diseñada para delincuentes peligrosos, muchos de ellos criminales sexuales, fue anulada en 2012 después de que el Tribunal de Estrasburgo dictaminara que violaba los derechos humanos por los miles de prisioneros que seguían tras las rejas mucho más allá de sus penas mínimas.
“Abusaste sexualmente de jóvenes mujeres que habían confiado en ti para que las llevaras a casa de noche, como era tu deber en las circunstancias”, le dijo Penry-Davey a Worboys. Pero la sentencia fue inmediatamente criticada. Dave Gee, entonces asesor del gobierno en materia de violaciones, dijo que la pena “no había sido bien recibida”.
“La Fiscalía no está contenta; ocho años parece poco si consideramos que una violación puede acarrear una sentencia de cadena perpetua, ¿qué nivel de ofensa creen que hubo?”, dijo.
Los grupos por los derechos de las mujeres estaban furiosos por la sentencia. Pero a pesar de las protestas, la ex fiscal general, la baronesa Scotland de Asthal, no devolvió la sentencia a los tribunales, a pesar de las protestas.
La junta de libertad condicional
Activistas contra la violencia sexual, diputados, abogados y ciudadanos han dirigido sus críticas contra la junta de libertad condicional que decidió liberar a Worboys.
El presidente de la junta de libertad condicional, Nick Hardwick, se vio obligado a pedir disculpas “sin reservas” cuando se supo que algunas víctimas no habían sido informadas de la liberación de Worboys.
Harriet Wistrich, abogada que representa a dos de las víctimas de Worboys, dijo que ninguna había sido advertida. Según Wistrich, una de ellas sentía que no estaba bien haber “recibido las noticias y visto su cara por todas partes mientras le preparaba el té a sus niños”.
El abogado especialista en abusos, Richard Scorer, cuyo despacho representó a 11 de las víctimas, dijo que sus clientas estaban “devastadas”. También, que la junta de libertad condicional debía decir si el “manipulador y peligroso” Worboys había admitido o no sus crímenes y mostrado arrepentimiento.
Muchos han criticado que la decisión de la junta de libertad condicional, o la propia composición del organismo, no se pueda hacer pública.
“Las decisiones para conceder la libertad condicional se toman por tres personas cuyas credenciales son desconocidas. No tienen por qué ser expertos en delitos sexuales; es probable que en su decisión se incluya la perspectiva de psiquiatras y psicólogos, y su capacidad para estimar el riesgo y la probabilidad de reincidir es cuestionable”, explica Sarah Green, codirectora de la alianza End Violence Against Women (“Pongamos fin a la violencia contra las mujeres”)
El presidente de la junta, Hardwick, defendió la decisión. Dijo que estaba “seguro” de que el sexagenario Worboys no volvería a delinquir. Pero, según los activistas, la decisión pone en cuestión todo el proceso de libertad condicional. Yvette Cooper, la presidenta de la Comisión de Interior de la Cámara de los Comunes, dijo que había “cuestiones graves” que debían responderse y pidió a la junta de libertad condicional que publique sus decisiones. La respuesta de Hardwick fue que la ley prohíbe a la junta revelar los detalles.
El Gobierno
Los activistas responsabilizaron a la primera ministra, Theresa May, tras la liberación de Worboys, alegando que cuando era ministra de Interior, May respaldó a la Policía Metropolitana durante la demanda de dos víctimas ante el Tribunal Supremo.
Conocidas por sus iniciales DSD y NBV, las dos demandaron a la policía ante los tribunales por no haber investigado adecuadamente sus denuncias. El tribunal superior dictaminó en 2014 que se habían violado los derechos humanos de las mujeres, que la policía estaba obligada por la Ley de Derechos Humanos a investigar los casos graves de violencia contra las mujeres, y que podía ser considerada responsable ante los tribunales si no lo hacía.
El tribunal de apelación confirmó la decisión pero el Tribunal Supremo vio el caso en marzo y ahora se espera a que emita su fallo sobre el caso civil en las próximas semanas.
“No puedo creer que por un lado el Gobierno se comprometa a combatir la violencia contra las mujeres y, por otro, apoye firmemente un caso que eliminará los derechos de las mujeres”, dijo la víctima NBV.
El resultado tendrá consecuencias de gran alcance para la policía. Podría significar que en un futuro las fuerzas sean consideradas responsables si no detienen a los sospechosos.
¿Y ahora qué ocurrirá?
Las víctimas de Worboys pueden tener pocas esperanzas de ver revocada la decisión de la junta de libertad condicional. Como organismo independiente, su recomendación no puede ser revocada por el Ministerio de Justicia. Los únicos casos en que las decisiones de la junta de libertad condicional han sido impugnadas ante un tribunal han sido cuando al preso se le ha negado la libertad.
La Policía Metropolitana dijo el viernes que ahora no hay ninguna investigación contra Worboys por otras acusaciones. “Como no se ha recibido nueva información por el momento, ahora mismo no hay ninguna investigación de la Policía Metropolitana en curso. Si surgen nuevas informaciones, se investigará a fondo”, aclaró un portavoz de la Policía Metropolitana.
En un comunicado, la Fiscalía admitió el viernes que no había llevado adelante las causas de tres víctimas antes del juicio porque decidió que “había suficientes cargos en la acusación” para que el juez “impusiera una sentencia apropiada en caso de condena”.
Durante la investigación se remitieron los expedientes de 83 mujeres distintas a la Fiscalía y se tramitaron los casos de 14 víctimas.
Después de que Worboys fuera declarado culpable, la Fiscalía dijo que otras 19 mujeres contactaron con la policía. Pero la Fiscalía dijo a la policía que sólo sería de interés público perseguir acusaciones de violación, ya que las agresiones sexuales o el haber drogado a víctimas no se sumarían a la sentencia de Worboys. La policía presentó un expediente pero la Fiscalía consideró que no tenía las pruebas suficientes.
“A la policía se le dijo que debía consultar con la Fiscalía en cualquier momento ante cualquier duda o para recibir asesoramiento”, explicó un portavoz. Añadieron que ni el primer director de la Fiscalía del caso Worboys, Ken Macdonald, ni el que lo sucedió, Keir Starmer, “tuvieron ninguna participación en la toma de decisiones de este caso”.
Hardwick ha dicho que quiere conseguir que las decisiones de la junta de libertad condicional sean más transparentes. Pero es probable que sea un proceso largo y difícil, y eso no va a aliviar mucho a las víctimas de Worboys.
Traducido por Francisco de Zarate
