“El Ayuntamiento nunca ha denunciado a las grandes empresas por fraude fiscal y tiene que empezar a hacerlo”

Carlos Granados (1944) recibe a eldiario.es en su pequeño despacho en la Casa de Cisneros, situada en la Plaza de la Villa. Es el actual director de la Oficina Antifraude de Madrid. Con una larga trayectoria como magistrado desde que ingresó en la carrera judicial en 1972, Granados fue Fiscal General del Estado en el Gobierno de Felipe González durante la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y Justicia en sustitución de Eligio Hernández; contribuyó a fundar en 1984 la asociación judicial Francisco de Vitoria y en 1992 fue designado magistrado del Tribunal Supremo.

Tras su jubilación “obligada”, según él mismo destaca, del Supremo a los 72 años, le surgió la oportunidad de dirigir la primera Oficina Antifraude creada por el Gobierno de Manuela Carmena. Se le ha acusado de ser “afín” a la alcaldesa, aunque el magistrado deja claro que no existía relación previa con Carmena pese a compartir edad y profesión, y asegura sentirse “totalmente independiente” desempeñando sus funciones actuales en la administración municipal. De hecho, el primer informe de la Oficina que ha trascendido censura la contratación del Gobierno municipal, concretamente, la de la hija del director de Madrid Destino. Su cargo, por cinco años, no está ligado al de la alcaldesa. Granados reivindica su autonomía y avisa a las empresas: hay algo que duele más que una multa, la imposibilidad de contratar con la Administración pública.

En su última comparecencia en el Pleno municipal ante los grupos políticos habló de que ya han recibido ocho denuncias de funcionarios y personas anónimas por posibles casos de corrupción.

Sí, y ya llevamos 16, a pesar de que no hemos hecho casi publicidad de la oficina. Aunque no puedo dar más detalles.

¿Y cómo funciona la Oficina municipal Antifraude de Madrid?

La oficina tiene dos áreas: la de prevención y la de investigación. Para mí la más importante es la de prevención. Me he desplazado a las áreas de los ayuntamientos que puedan tener dificultades, como son organismos que están contratando u organismos que tienen una responsabilidad de un servicio que damos a los ciudadanos. He hecho más de 70 visitas ya para informarme de cómo funcionan.

¿Cuántos trabajan actualmente en la Oficina Antifraude?

Somos cuatro. Hay un vocal asesor, un consejero técnico y una jefa de oficina. Estamos pendiente de que una quinta funcionaria se incorpore, así que terminaremos siendo cinco. Lo importante es que los pocos que hay son excepcionales, un equipo muy bueno. El vocal asesor, por ejemplo, ha sido el que más años ha estado como director del Ministerio de Trabajo, el consejero técnico conoce todo el Ayuntamiento y la jefa de oficina es excepcional.

¿Y se pueden gestionar las denuncias más esa labor de prevención con tan poco equipo?

Vamos haciendo. Lo de las denuncias ha sido a partir del mes de abril, porque la Oficina tiene dos vías, prevención e investigación, pero la Delegación de Gobierno recurrió la parte de investigación, hubo unas medidas cautelares y se suspendió la investigación. Hasta que hubo una sentencia en abril donde nos devolvieron las competencias para investigar.

¿Y cómo se puede denunciar?

Ahora queremos hacer una página web para informar de cómo se pueden hacer llegar denuncias a la Oficina, con lo cual, sin hacer absolutamente nada de publicidad ya van llegando denuncias y las vamos tramitando. Y queremos poner en marcha un programa a través de buzón seguro para denuncias anónimas. Eso es fundamental.

¿Ahora no se pueden hacer denuncias anónimas?

Sí. Si quiere alguien denunciar sin decir quién es el denunciante se puede, pero hay programas que tienen otras oficinas antifraude, para que en ningún momento tengamos por qué saber quién es el denunciante pero a la vez podamos contactar con él sin saber su identidad. Pero poco a poco. Ahora solo se puede vía carta sin que se deje constancia de quién es el denunciante.

Pero tenemos que tener mucho cuidado en que no se utilice la oficina como algo partidista, es decir, no se instrumentalice, ni se utilice para luchas personales entre funcionarios, por ejemplo.

¿Puede denunciar cualquier persona?

Sí, cualquier persona. La ciudadanía, los concejales, personas físicas o quien quiera poner en conocimiento lo que considere que son malas prácticas. El objetivo es investigar esas malas prácticas intencionadas, que vayan del ejercicio de poderes públicos, en perjuicio del interés general y en beneficio de una persona particular. Están en juego también los caudales públicos que hay que proteger, que se haga un buen uso de ellos. Y después que se trabaje con probidad, es decir, que se hagan las cosas de una manera íntegra. Además de todo eso también existe el conflicto de intereses, de las personas que se contratan, de personas que tenían que haberse abstenido y no lo han hecho… Y todo esto se extiende a todo lo que es el Ayuntamiento de Madrid y a cualquier empresa municipal.

Ha mencionado el tema de las contrataciones. El primer caso que ha trascendido es el de la contratación de la hija del director de Madrid Destino a raíz de una denuncia de Ciudadanos. La resolución fue desfavorable para el Ayuntamiento...

La confidencialidad es muy importante en la Oficina. Lo único que puedo decir es que en ese asunto se trataba de una sociedad mercantil que está dentro de la órbita del Ayuntamiento y fue denunciado por un partido político. Lo que se ha hecho es una investigación por parte de la oficina sobre si ha habido un conflicto de intereses. Lo que no hacemos en ningún caso es sancionar. Terminamos con un informe razonado que hemos enviamos a la Oficina general de servicios, pero no tomamos ninguna medida. Y aunque hemos determinado que hay conflicto de intereses ahora serán ellos los que tendrán que tomar medidas. 

Ha hablado de la importancia de la prevención. ¿Han avanzado en eso?

Por supuesto. Ya hemos organizado un seminario después de detectar que es susceptible de mejora el control del cumplimiento de los contratos. Se hace un contrato, una memoria para justificar el contrato, se lleva a cabo una mesa de contratación, se adjudica el contrato… Y cuando se llega hasta aquí ya se ha hecho un trabajo muy pesado. Pero en realidad una vez adjudicas un contrato, lo más complicado es lo que queda por hacer, que es controlar que se ejecute bien. Lo más difícil es comprobar que ese control se ha hecho correctamente. Hay que potenciar la figura del responsable del contrato. Y eso es una labor de prevención.

¿Han trabajado en algún ejemplo concreto ya?

Hace poco asistí a una auditoría de un contrato incompleto que se había efectuado, concretamente en el 010. En ese contrato se presentó una empresa, a la que finalmente se le adjudicó, por la que todos se preguntaban cómo podía haber hecho una oferta tan baja ya que así solo perdía dinero. Los trabajadores levantaron la mano y nos dijeron que no nos preocupáramos, que no perdían dinero, sino que era a costa de las retribuciones de esos trabajadores, de sus horarios y sus derechos. Y esto demuestra que hay unas cláusulas sociales que hay que vigilar que se cumplan.

Quizás no se debería regir la contratación por el precio que pone la empresa, o al menos que no sea tan decisivo.

Claro. Cuando se hace una oferta tan baja hay que vigilar y rechazar las que no sean viables. Al final los que se llevan un contrato por una oferta muy baja, lo que van a buscar después es unas mejoras económicas, y eso es competencia desleal. Hay que vigilar que no se busquen fórmulas que vayan en detrimento de otras empresas que podrían haber optado pero que fueron más honestos al hacer una oferta realista.

¿Cómo hay que actuar contra esas empresas que ya se han llevado los contratos pero incumplen?

Hace poco asistí a una reunión en la Agencia Tributaria. Yo he sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y le pregunté al director por qué no se había denunciado todavía como posible delito fiscal a empresas que han defraudado más de 120.000 euros, que es el límite mínimo para que haya delito. Si superan los 120.000 y el sujeto podía tener conocimiento de que estaba obligado a pagar, eso hay que mandarlo a la Fiscalía. Eso nunca se ha hecho. Y tiene que empezar a hacerse.

¿Por qué el Ayuntamiento nunca lo ha hecho?

Porque es complicado y están desbordados. Pero la Oficina Antifraude va a ir a explicarles los elementos de un fraude fiscal. El delito fiscal lo hacen las grandes empresas y como saben que no ocurre nada o como mucho se llevan una multa, les compensa. Pero si le dices que puede ser un delito fiscal se lo piensan. 

Además, hay algo que le afecta más a una empresa que una multa, que es la prohibición de contratar con la administración. La multa al final hasta cuentan con ella y la meten en sus presupuestos.

¿Eso se puede hacer, vetar a una empresa?

Por supuesto. Y eso se puede hacer y se debe hacer. Se han abierto expedientes, pero pocos. 

En las cuentas del Ayuntamiento de Madrid para 2019 se han presupuestado 25 denuncias por posible corrupción.

Sí. Teníamos que hacer un cálculo, aunque no sé cuantas se presentarán. Cuando investigamos podemos enviar a la Fiscalía los temas que consideremos que son constitutivos de delitos.

¿Si llevan un asunto a la Fiscalía pueden seguir investigándolo?

No, en ningún caso. Cuando algo está bajo el foco de la Justicia, en el Juzgado o la Fiscalía, no podemos seguir con la investigación, nos tenemos que abstener.

¿Están investigando ya posibles malas praxis de este Gobierno y de anteriores?

Ya estamos investigando cuestiones tanto de este Ayuntamiento como de pasados. No se descarta nada. La Oficina no tiene partido al que apoyar. Hay que tener en cuenta que el nombramiento no depende del Gobierno, sino del Pleno, y se hace por cinco años. Mi puesto no depende del Gobierno que salga en mayo porque es por cinco años y eso es fundamental.

Lo más importante, y es en lo que coincidimos todos los directores de las oficinas antifraude que hay en España, es que debe haber una total independencia.

¿Se siente independiente?

Totalmente. Hago lo que creo que se puede hacer. Siempre lo he hecho. He sido Fiscal General del Estado y cuando el Gobierno me pedía que hiciera una cosa, yo lo sometía a la junta de fiscales de Sala y le decíamos al Gobierno que sí o que no. Siempre motivado, por supuesto.

¿Cree que hay actualmente independencia en la Justicia española?

Yo puse en funcionamiento junto a 14 compañeros de Plaza de Castilla la asociación de jueces Francisco de Vitoria. Ahora mismo en la asociación hay 870 jueces, la segunda en número de afiliados. Lo que defendemos es que se cumpla la ley, que se cumpla la independencia judicial. No estamos representados en el Poder Judicial, no hay nadie representado en el CGPJ, no estamos representados porque no nos prestamos a ese sistema de elección.

Habla de la asociación Francisco de Vitoria como uno de los fundadores. ¿Qué opina del poema machista que se publicó en su revista contra Irene Montero?

No fue correcto. No coincido con ese poema. Ahora hay que pagar esa multa y ya está.

Pero hay jueces que dicen que debería haber estado amparado por la libertad de expresión.

Los lindes de los límites de expresión son muy complicados. Cuando están en medio los políticos la posibilidad de criticarlos es más amplio. Por eso se dice que la libertad de expresión en este caso debería haberlo sido.