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El exconsejero de Medioambiente, sobre el campo de golf: “Empezar unas obras sin licencia es bastante común”

Esperanza Aguirre e Ignacio González en la inauguración de las instalaciones en marzo de 2007.

Sofía Pérez Mendoza

“Empezar unas obras sin licencia es bastante común, no vamos a engañarnos”. Mariano Zabía, exconsejero de Medioambiente, ha defendido en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid la gestión política del gobierno de Esperanza Aguirre que impulsó la construcción de campo de golf en los terrenos del Tercer Depósito del Canal de Isabel II (declarado ilegal por la justicia y en proceso de demolición) sin pedir una nueva licencia municipal pese a que el proyecto inicial se modificó con un aumento del coste de 16 millones de euros, un 38%. “No puedo decir yo que sea correcto”, ha añadido después.

El exconsejero de Medioambiente ha relatado que Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, le llamó en enero de 2007 para comunicarle que “la única solución” para salvar el proyecto del campo era “recurrir a la declaración de interés general”. “No sé si hubo un visto bueno previo de Esperanza Aguirre”, ha dicho. Antes, ha admitido que “hubiera sido deseable que se hubiese llegado a un entendimiento” sin tener que recurrir a esta vía después de recibir una orden de paralización de las obras por parte del Ayuntamiento.

Pese a esta orden, la construcción del campo de golf no cesó. De hecho, la declaración de interés general se firmó apenas dos meses antes de acabar las obras, le han recordado los diputados. “Yo no soy quien promueve la declaración de interés general, pero me parece, y es una opinión, más de interés general un campo de golf que un helipuerto”, ha afirmado.

El exconsejero fue uno de los cargos que rubricó este aval con la que la presidenta Esperanza Aguirre salvó un proyecto modificado en un 38% sin pedir nueva licencia para poder introducir el campo de golf en la idea inicial. Esta modificación sustancial “fue relativamente modesta” para Zabía, que sin embargo reconoce que “la Comunidad de Madrid ha sido muy torpe a la hora de justificar” la declaración de interés general. “La tramitación ha sido impecable”, ha defendido el exconsejero, pese a que el proceso ha sido anulado por la justicia.

Mariano Zabía asegura que desconocía que Tecnoconcret, la empresa ligada al hermano de Ignacio González que se hizo con la gestión y mantenimiento del campo de golf, estaba relacionada con familiares del vicepresidente del Gobierno. “Los intereses ocultos descubiertos a posteriori yo no los conocía”, ha justificado. Dice Zabía que conocer los vínculos no era su “competencia” ni su “ámbito de actuación”.

La compañía fue creada por un socio del cuñado de González, José Juan Caballero, 12 días antes de que saliese el concurso del campo de golf. La sociedad facturaba el 90% de sus ventas –3,2 millones de euros– a ACS. La Guardia Civil no entiende por qué una constructora “con la solvencia técnica de ACS” tenía que echar mano de un grupo recién nacido.

Antes del exconsejero ha pasado por la comisión de la Asamblea el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, imputado en el caso Lezo. De Miguel ha asegurado que “los procedimientos de adjudicación” en el Canal “se respetaban escrupulosamente” y se ha negado a responder a las preguntas de los diputados aludiendo a que “forman parte de la instrucción”. “Ustedes buscan responsabilidades políticas, pues pregunten a los políticos”, ha espetado el exgerente.

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