Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
La izquierda busca reconstruirse ante el nuevo ciclo político
El PP de Ayuso bloquea la investigación de los negocios de su pareja
Opinión - 'Un español cuenta algo muy sorprendente', por Isaac Rosa

La lucha de Lidia y Santi: un mes de acampada por un alquiler social

Plataformas como la PAH ayudan a personas que han sido desahuciadas

Fabiola Barranco

Cae la noche y el calor sigue sin dar tregua. Un grupo de personas se reúne sentado en sillas de playa que, lejos de hundirse en la arena frente al mar, se clavan en las baldosas de la madrileña Plaza de Carabanchel a los pies del edificio de la Junta Municipal del Distrito, donde, desde hace un mes, permanecen acampados Lidia Romero y Santiago Ruiz, tras ser desalojados de una vivienda propiedad del fondo de inversión FIDERE, el pasado 13 de junio junto con sus cuatro hijos menores en la vivienda. Después pasaron cinco días en el hostal Welcome, conocido en la capital por albergar a personas migrantes que se encuentran bajo el programa de protección humanitaria, donde ellos llegaron a través del servicio de Emergencias del Samur.

El 19 de junio, esta joven pareja tomó la decisión de levantar unas tiendas de campaña e instalarse frente a la Junta del Distrito como protesta ante “la falta de alternativa habitacional”, explican con una soltura que demuestra que no es la primera vez que responden a la pregunta de los motivos de su lucha. Reivindican una solución, concretamente un alquiler social, “ya se sea del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) o de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid)”, puntualizan.

“Nos han desahuciado porque estábamos ocupando un piso del fondo buitre FIDERE”, cuenta Lidia e insiste que lo hacían “por necesidad”. En un ejercicio de memoria, recuerda episodios de su vida en los que tenían empleo, cotizaban y alquilaban un piso de 650 euros.  Ella fue cajera de supermercados varios años y Santi después de trabajar desde su adolescencia, perdió su último trabajo como repartidor de bebidas el pasado año, pero también ha sido montador de andamios.

Habla de ello en pasado. Ahora están desempleados y asegura que los ingresos familiares provienen de una renta mínima de inserción que estiran para poder alimentar a sus cuatro hijos de entre trece y tres años. “No hay trabajo ni dinero, si lo tuviéramos no estaríamos aquí pidiendo ayuda a las instituciones públicas. Estamos aquí por el derecho a una vivienda, ni más ni menos”, sentencia Lidia.

Ambos recalcan que no son los únicos que atraviesan esta situación. “Estás metido en tu mundo, pero después conoces a más gente que está igual que tú. La realidad ahora mismo es esta. Como no tengas trabajo o dinero no tienes nada, somos muchos los que estamos hasta el cuello. ¿Qué haces, das de comer a tus hijos o pagas el piso?”, reflexiona Santi en voz alta.

Además, denuncia que la trabajadora social les ha aconsejado ocupar otro inmueble para no estar en la calle. Una opción que rechazan porque ya han experimentado y lo que buscan es “encontrar una estabilidad que ocupando no tienes” y que necesitan para criar a sus cuatro críos y encontrar un empleo estable. “Llevamos 15 años solicitando vivienda, nunca nos han hecho caso, no sé qué más tenemos que hacer”, se queja con una mirada desesperada.

Aborto después del desahucio

El contador de días va sumando, los ánimos bajan. Ya van 30 jornadas aguantando las tormentas de hace unas semanas o las altas temperaturas estivales, pero a pesar de ello, se muestran firmes. “No pienso abandonar hasta que consigamos un alquiler social, voy a resistir sea como sea”, afirma Lidia tajantemente.

Lo dice con conocimiento de causa. Al poco tiempo de verse en una encrucijada sin salida, en la calle con su familia y durmiendo a la intemperie día tras día, Lidia empezó a encontrarse mal anímica y físicamente. Fue en ese periodo cuando tuvo hemorragias y acudió al Hospital 12 de octubre, acompañada de su pareja. Al recibir el alta tras estar ingresada, volvió a presentarse en el campamento improvisado con un certificado médico que acreditaba que había sufrido un “aborto diferido”. Así fue cómo Lidia y Santi perdieron el que iba a ser su quinto hijo, un suceso que “aunque poco a poco” están superando, esta madre reconoce “llevar la pena por dentro”. Los médicos le aconsejaron que guardara reposo, pero sus circunstancias no eran, ni son, proclives al descanso. “No quería ir a casa de ningún familiar y ponerme a llorar y derrumbarme. Tengo cuatro hijos y tengo que seguir”, confiesa esta mujer.

Aunque los críos de Lidia y Santi, que tienen 13, 10, ocho y tres años, pasan buena parte del tiempo con familiares y en un campamento urbano, conocen la delicada situación que atraviesa la familia. Por eso, diariamente, preguntan a sus padres cuándo podrán ir juntos a la piscina, cuándo van a estar más tranquilos, cuándo tendrán una casa…

La mayor está al filo de la adolescencia y todo indica que las circunstancias le llevan a crecer más rápido y acentuar el sentido de la responsabilidad que se gana con los años. Se entretiene con un balón que tarda en caer al suelo después de varios toques seguidos. No se despega de su madre y así demostrarle su cariño.

Lidia se emociona al contarlo y quiere que esto no perjudique a los niños y se esfuerza en dar un giro a las adversidades transformándolas en fortaleza para resistir, “por ellos”.

Apoyo de activistas, familiares y vecinos

También reciben el apoyo de otros vecinos y vecinas, de activistas de diferentes plataformas de afectados por la hipoteca, de la Asamblea de Carabanchel y colectivos populares.

Enrique, ataviado con una camiseta de “stop desahucios” conversa con el resto del grupo que en ese momento ha acudido a la acampada para hacer acompañamiento y charlan en círculo matando las horas de la noche a la luz de las farolas de la plaza. “El problema de fondo no es que no tengan empleo, sino que los servicios sociales, tal y como están planteados, no pueden dar una buena cobertura a las necesidades de la gente. Dicen que la solución es tener empleo… pero, ¿dónde se consigue?”, opina mientras el resto de acompañantes asienten y comparten sus impresiones y experiencias.

Loli, la madre de Lidia, defiende a ultranza el caso de su hija. Recuerda el día que se ejecutó el lanzamiento y cómo, tanto ella como otros activistas, trataron de impedirlo. Intento fallido debido a la fuerte presencia policial. Ahora se hace cargo de sus nietos y visita diariamente la acampada.

El pasado lunes acompañó a su hija a una reunión que han mantenido con la alcaldesa, Manuela Carmena, a la que acudieron con “cierta ilusión”, que duró poco al “no encontrar ninguna solución” y declinaron la propuesta que se les presentó. “Nos ofrecieron plaza en una pensión en el barrio, pero mi sorpresa viene cuando voy para allá y me dicen que desde el Ayuntamiento han reservado sólo una habitación, ¿qué hago entonces con mis cuatro hijos?”, lamenta Lidia.

Este jueves Lidia y Santi han protestado de forma silenciosa y pacífica en el pleno muncipal de Cibeles con carteles en los que denuncian su situación y piden dimisiones.

Carmena, no obstante, ha afirmado este jueves en el Pleno:  “Consideré el problema que tenían, recibí precisamente a la pareja que forma esta familia, y hablé con Lidia. En ese momento, con cordialidad, se marcharon de este despacho; quedaron enormemente satisfechos”, ha apuntado. “Saben que la solución la tienen a su disposición”, ha insistido sin desvelar detalles y antes de proseguir con la sesión.

14.000 familias madrileñas, a la espera

Por otro lado, trabajadores de la Junta Municipal de Carabanchel, que han atendido a este diario, justifican que, a la familia “se le ha ofrecido lo que existe”, aunque entienden que “no es lo mejor” pero lamentan que no disponen de otra opción y se refieren a estancias temporales en distintos centros durante un periodo no delimitado y establecido bajo el criterio de los servicios sociales. En ese sentido apuntan que, “al entrar la actual formación del consistorio madrileño, se encuentra con, prácticamente, cero viviendas sociales, porque Botella las vendió”. Esto significa que el caso de Lidia y Santi se suma a la larga lista de 14.000 familias que están a la espera de un arreglo habitacional en Madrid, de las cuales, 8.000 son consideradas vulnerables.

Como solución inmediata para la familia acampada, desde la Junta del distrito delegan en la labor de los servicios sociales. Por otro lado, ante una respuesta global de carencia de vivienda, afirman que se está poniendo en marcha una serie de medidas como la creación de un parque de alquiler a través de un servicio público de intermediación; pero recalcan “la competencia de vivienda le corresponde a la Comunidad de Madrid” y por eso, la concejala Ester Gómez, ha enviado varias cartas al Consejero de Vivienda, Pedro Manuel Rollán, “para saber qué inmuebles están vacíos y sirvan para atajar estos problemas”.

Otro inconveniente señalado a la hora de solventar el caso de Lidia y Santi, es que denuncian que, con FIDERE, dueño del piso del que fueron desalojados, “no hay ningún tipo de comunicación”, lo que dificulta el camino a posibles acuerdos para que la familia permanezca en la vivienda o pueda recuperarla.

Aunque el desenlace inmediato de los afectados no parece claro, ellos están convencidos de permanecer en la plaza “hasta conseguir el derecho a un techo”.

Etiquetas
stats