El PP denuncia en Anticorrupción los contratos menores de Carmena
El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra los contratos menores de Ahora Madrid al entender que las contrataciones, subvenciones y convenios adjudicados por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena a entidades “participadas por Podemos y sus confluencias” pueden constituir delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Según se detalla en la denuncia, “la mayor parte de las empresas y cooperativas beneficiadas pertenecen a la asociación REAS, del que forma parte el grupo Tangente, entidades próximas al partido Podemos, las personas y entidades que lo forman.
Así, precisan que las entidades de lo que denominan “trama” son Dinamia, Tangente, Sic Arquitectura y Urbanismo, Vivero de Iniciativas Ciudadanas, Todo por la Praxis y Nuevo Espacio Industrial ECOOO. “Quieren convertir Madrid en Tangentópolis, porque Tangente es la cooperativa que más fondos se está llevando”, ha ironizado Almeida.
Las cooperativas se llevaron el 2% de los contratos menores que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2017. El 2% del 0,6% de todo el presupuesto municipal, unos 5.000 millones de euros, lo que suponen 1,5 millones de euros. Al contrario, las empresas que más adjudicaciones directas recibieron de la corporación local fueron las sociedades limitadas (S.L.) y las sociedades anónimas (S.A.) que se llevaron el 53% y el 24,8% de los contratos a dedo del Gobierno de Ahora Madrid, respectivamente. La empresa que más facturó con estos contratos fue Ferrovial, como publicó eldiario.es hace unas semanas atendiendo a los datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid en su portal de transparencia.
Si se analizan con detalle los contratos menores y las empresas que los reciben, se observa que el grueso se los llevan las sociedades limitadas (S.L.) y las sociedades anónimas (S.A.) que entre las dos suman casi el 80% de estas adjudicaciones: 24 millones de euros. La más beneficiadas son las limitadas, que facturaron el 53% de los contratos directos del Ayuntamiento frente al 24,8% de las anónimas.
Proyecto MARES
En el argumentario del PP se mezclan dos conceptos: el de los contratos menores –que llaman “a dedo”, como si fuera la misma práctica aplicada con Gürtel que derivó en pago de comisiones y financiación ilegal–; y el de los fondos delproyecto MARES, que, detalle que no mencionan, proceden de la Unión Europea.
El proyecto MARES –para el fomento de la economía social y solidaria– logró financiación comunitaria –4,8 millones de euros– de entre casi cuatrocientos proyectos procedentes de ciudades de toda Europa, y fue precisamente la elección de los socios del Ayuntamiento en el proyecto MARES uno de los puntos fuertes del proyecto señalado en la valoración de los expertos independientes que participaron en el proceso de selección de la UE: “Todos los socios son competentes y tienen experiencia en los temas abordados por el proyecto. La colaboración está bien equilibrada y los socios se complementan entre sí. Esto también es evidente en el plan de trabajo y el presupuesto”.
Ante las dudas suscitadas por parte del PP, la eurodiputada Marina Albiol preguntó en la Comisión Europea por el proyecto MARES. Esta fue la siguiente: “El proyecto MARES se basa en una asociación de nueve entidades, entre las que figura la Villa de Madrid. Se recurre a la experiencia y a las capacidades de cada socio debido a los conocimientos sectoriales de estos (la asistencia social, la movilidad, la alimentación, la energía y el reciclado) y a su reconocida capacidad de ofrecer asesoramiento y formación a aquellos ciudadanos, grupos de ciudadanos o empresas ya creadas que desean elaborar un plan de negocio. Los socios son agentes importantes de la economía social y solidaria de los barrios, y contribuyen a que los residentes locales se sientan más cómodos a la hora de trabajar con ellos”.
Denuncia contra los contratos menores de la Comunidad
Izquierda Unida de Madrid también han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades en los contratos menores de la Comunidad de Madrid entre julio de 2015 y diciembre de 2017, periodo en el que gobernaba la ex presidenta Cristina Cifuentes. Los denunciantes consideran que se puede haber incurrido en los delitos de “prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”.
