Declaración responsable, el 'coladero' que permite bares y restaurantes ilegales en Centro

¿Cómo convertir una tienda vintage en un bar de copas situado en plena ZPAE? En teoría es ilegal, pero en la práctica cualquier ciudadano puede hacerlo temporalmente, mediante un instrumento de autorregulación que se ha acabado convirtiendo en un coladero para saltarse la legislación hasta que llegue la licencia definitiva: la declaración responsable.

En determinadas zonas del distrito Centro de Madrid, la apertura de nuevos locales de copas o de restauración está prohibida (solo se permiten traspasos de licencia). Lo veta la declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) que tuvo lugar en el año 2012 y que marca en rojo la mayoría de calles de Malasaña (ver aquí el listado completo, en PDF) para la instalación de discotecas, bares de copas, cafeterías, restaurantes...

Sin embargo, con una sencilla petición que puede hacerse incluso online es posible abrir uno de estos negocios en las zonas rojas. Solo hay que darse una vuelta por la Corredera, San Vicente Ferrer o Marqués de Santa Ana para localizar establecimientos que hace poco albergaban tiendas tradicionales y que se han pasado al sector de la hostelería. La asociación vecinal Acibu denunciaba hace poco la apertura de un local de comida tailandesa en la antigua sede del Ciball, un centro tecnológico municipal.

El diario El Mundo llama la atención sobre las molestias que causan este tipo de locales ilegales a los vecinos y anuncia que las asociaciones de vecinos de Centro y el propio Ayuntamiento de Madrid han solicitado a la Comunidad un cambio legislativo para que impida abrir bares y restaurantes con una simple declaración responsable.

“Nos encontramos con que hay bares que no cumplen la normativa y son sancionados que van concatenando declaraciones responsables para seguir abriendo, con el nombre de otra empresa, por ejemplo”, explica al rotativo el concejal de Centro, Jorge García Castaño. “Se trata de una reclamación vecinal bastante razonable; si lo gestionamos bien, desde el absoluto consenso de todas las partes, podríamos mejorar los plazos y sería más garantista para todo el mundo. No se trata de un cerrojazo, sino de hacer una reflexión sobre esas actividades”, añade.

Su reclamación parece haber caído, de momento, en saco roto. La Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid apunta a que no se modificará la ley porque “va en línea con la normativa europea” y sugiere al Ayuntamiento que haga más inspecciones. Por su parte, las asociaciones vecinales intentan recabar el apoyo de los grupos políticos autonómicos y ya han obtenido un “resultado satisfactorio” tras sus reuniones con PSOE y Podemos. Aún no han hablado con PP y Ciudadanos.

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