Una vivienda digna en Madrid es posible

A buena parte de las personas que viven o quieren vivir en la ciudad se les hace difícil el pago de la vivienda o acceder a ella. Es una las principales preocupaciones de los madrileños, y se trata de un problema que trasciende de partidos y alianzas. Es el derecho a una vivienda digna, un pilar fundamental reconocido en la Constitución Española. 

Lamentablemente, en la capital, que ha estado bajo el gobierno de la derecha durante las últimas tres décadas, el derecho a disfrutar de una vivienda adecuada se ha desviado de su camino original, transformándose en un privilegio exclusivo para unos pocos, y objeto de negocio y especulación.

Los datos son impactantes y reflejan la gravedad de la situación. El precio de la vivienda en Madrid ha aumentado un 60% en los últimos 10 años, mientras que los salarios apenas han crecido un 10%. El alquiler en Madrid es el más caro de España, con una media de 1.200 euros al mes según distintos informes y estudios de mercado. El porcentaje de jóvenes que no pueden permitirse independizarse en Madrid ha aumentado 7 puntos porcentuales, del 58% al 65%, en quince años.

La promesa del Gobierno de Almeida de construir en este mandato 12.000 viviendas asequibles, a través de fórmulas de colaboración público-privada, choca de manera llamativa con las únicas 1.475 viviendas que se entregaron en los últimos cuatro años. Cabe destacar que todas estas viviendas fueron planificadas bajo el liderazgo de Manuela Carmena. En esos mismos años, entre 2019 y 2023, 16.800 jóvenes han abandonado la ciudad debido a la imposibilidad de afrontar el coste la vivienda, y 36.000 familias continúan en la lista de espera para acceder a esas viviendas sociales o asequibles. 

Este escenario es el resultado de una política de vivienda que ha priorizado los intereses de la especulación y el mercado inmobiliario por encima de los derechos básicos de sus ciudadanos.

Entre los logros del mandato de Almeida está el haber incumplido los pactos de la Villa o la venta encubierta de vivienda social a Bankinter España. Con los fondos europeos de rehabilitación residencial han alcanzado apenas al 10% de las 16.000 viviendas del ámbito residencial programado, y de esas, solo 303 viviendas han recibido esas ayudas hasta la fecha. El Plan ReVIVA, para captar viviendas vacías, tuvo un dudoso éxito, con solo 73 viviendas cedidas de las más de 97.000 que podrían haber sido incluidas al parque público. El Plan ConFianza Joven, diseñado para ayudar a la población menor de 35 años, ha beneficiado a tan solo 7 personas. La reducida inversión en vivienda social y los pocos esfuerzos para equilibrar el mercado del alquiler tienen como consecuencia que la vivienda en Madrid se haya convertido en un negocio para unos pocos, mientras que la mayoría de madrileños y madrileñas se ven obligados a optar entre soportar precios abusivos o a tener que abandonar la ciudad. 

El Grupo Municipal Socialista defiende una política de vivienda basada en garantizar el derecho a una vivienda digna para todos y todas, clave para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Esto se lograría a través de una amplia provisión de viviendas públicas fuera de las leyes del mercado y de la especulación. Contamos como buenos ejemplos aquellas ciudades donde se planifica un parque de viviendas público ambicioso, sin venderlo a fondos y con el objetivo de relajar las tensiones de la promoción privada. En estas localidades es más fácil ajustar precios y capacidad económica, y pueden hacer frente al problema de la vivienda. Y no solo sumando viviendas, también contemplamos mejorar el parque edificado, movilizando las viviendas deshabitadas y también adecuándolo a los nuevos requisitos de eficiencia energética y aislamiento, para un modelo de ciudad más sostenible.

Si Madrid quiere, hacerlo es posible. El Ayuntamiento tiene las herramientas para revertir la actual política de vivienda, que deben ser sostenidas en el tiempo y consistentes, y promover una visión que garantice una vivienda digna para todos los madrileños y madrileñas. En un momento en el que la vivienda ya no debería ser un negocio, sino un derecho inalienable para todos, Madrid tiene la oportunidad de liderar un cambio positivo y corregir el desequilibrio que viene arrastrando durante décadas la ciudad.