Títulos educativos que en Madrid solo oferta la privada

Imagen de archivo de un aula vacía en un instituto. EFE/Bernardo Rodríguez

David Noriega


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En España todos tienen derecho a la educación. Lo dice la Constitución pero, en algunos niveles educativos, ese “todos” se reduce a quienes la pueden pagar. En la Comunidad de Madrid, año a año, los estudiantes que quieren cursar un grado medio o superior de alguna de las enseñanzas deportivas de régimen especial se ven abocados a centros privados. Son los que quieren obtener el título de técnico deportivo o de técnico deportivo superior en hasta 13 disciplinas, que tienen que afrontar matrículas que pueden alcanzan los cuatro dígitos.

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Dentro de la oferta formativa de enseñanzas regladas en España se incluyen aquellas de régimen especial. Son las artísticas, las de idiomas y las deportivas. En la Comunidad de Madrid solo estas últimas están vetadas en centros públicos. Según señala la consejería de Educación en su página web, estos cursos de grado medio y superior tienen como objeto “formar técnicos deportivos en una determinada modalidad o especialidad deportiva”. Son atletismo, baloncesto, balonmano, buceo, deportes de invierno, esgrima, espeleología, deportes de montaña y escalada, fútbol y fútbol sala, hípica, judo, salvamento y socorrismo y vela.

Al tratarse de enseñanzas de régimen especial, estas formaciones no se pueden concertar. O se imparten en la pública o se imparten en la privada. “Si un centro privado cumple con los requisitos, obligatoriamente lo tienen que autorizar. Sin embargo, la creación de unidades públicas tiene que ser un acto administrativo, por el que se estime que es necesario o positivo crear un aula o autorizar a un centro para que imparta” esos grados, explica la secretaria de política social de CCOO, María Eugenia Alcántara. Es decir, que los alumnos madrileños puedan optar a una plaza pública depende de la voluntad de la Comunidad de Madrid.

Hasta ahora, y a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, esta no ha considerado que sea necesario ni positivo ofrecer a sus ciudadanos plazas públicas para unos cursos que habilitan para títulos que tienen carácter oficial y validez académica y profesional en todo el territorio nacional. En mayo de 2021, cuando el Gobierno regional anunció que estrenaba ocho nuevos títulos de FP y enseñanzas deportivas, reconocía además que era una forma de dar “respuesta a las necesidades del mercado laboral” y que permitirían “continuar generando empleo”. En el buscador de centros de la Comunidad de Madrid aparecen 60 centros privados donde se imparten.

Según el 'Informe 2021 sobre el sistema educativo en la Comunidad de Madrid', el último disponible, la educación de régimen especial supuso en 2019 el 2% del gasto en actividades de enseñanza y conceptos administrativos de la Consejería de Educación. Esta incluye las artísticas (Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Danza, Diseño y Música), las de idiomas y las deportivas. Se da la circunstancia de que algunas solo se imparten en centros públicos, como las relativas a la danza, que se ofertan en las escuelas municipales, o las de idiomas, en las escuelas oficiales, mientras quienes quieren formarse en ramas deportivas tienen que acudir a centros privados.

Desde la consejería de Educación aclaran que las enseñanzas deportivas de régimen especial “no tienen la misma duración y horario que otras enseñanzas regladas” y que “se trata de cursos que habitualmente enseñan las federaciones deportivas correspondientes y que necesitan de unas condiciones específicas con las que solo cuentan centros deportivos especializados”. “En la Comunidad de Madrid, a pesar de que hay institutos que tienen ciclos de Formación Profesional y centros municipales cerca, no se ha autorizado”, contrapone Alcántara. De hecho, los centros privados no están obligados a disponer de la infraestructura para realizar las formaciones ni teóricas ni prácticas, sino que pueden establecer acuerdos incluso con entidades públicas para arrendar sus espacios.

Tanto la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos, que agrupa a unas 800 asociaciones de centros públicos de la región, como la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras han emitido varios votos particulares en la Comisión Permanente del Consejo Escolar, en la que se sometió a trámite la admisión de diferentes proyectos que no contemplan la implantación de esos grados medios y superiores en la oferta pública tampoco para el próximo curso.

“Consideramos que es una falta de respeto y sensibilidad absoluta hacia la ciudadanía, además de ser una actitud irresponsable por parte de la Consejería de Educación y Juventud. Desde la FAPA llevamos tiempo denunciando que las enseñanzas deportivas de régimen especial en nuestra Comunidad solo se están ofertando en centros privados autorizados, una situación que genera una gran desigualdad entre los jóvenes”, denunció su presidenta, Carmen Morilla.

La FAPA Giner de los Ríos ha llevado este asunto al Consejo Escolar de la Comunidad en dos ocasiones. “La primera nos dijeron que no lo habían pensando y en otra ocasión que los centros públicos no reúnen las condiciones”, señala Morillas

“Marcado carácter elitista”

En sus escritos, CCOO consideraba que los proyectos están “diseñados específicamente para la enseñanza privada, con un marcado carácter elitista y profundamente desregularizado, en cuanto a las condiciones de formación inicial del profesorado y en cuanto a las de la obtención del título”. El sindicato exige a la Comunidad de Madrid la “equidad del sistema educativo”. “Es cierto que la básica y obligatoria es la primaria y la ESO, pero el derecho a la educación es mucho más amplio”, reclama Alcántara, que considera que el “fin de la educación no debería ser que sean gratis” esos dos ciclos, sino que debería entenderse en un sentido mucho más amplio. “Sobre todo en una región rica, como Madrid”, añade, que da ayudas para el copago de matrículas en centros privados de educación infantil, bachillerato y FP para familias que ingresan hasta 35.913 euros por miembro.

Alcántara, que es también inspectora de educación en activo, apuntala dos críticas a la política educativa de la Comunidad en este asunto. Por un lado, la falta de equidad por unas matriculas “altísimas”, que no todo el mundo puede pagar para la obtención de unos títulos que no reciben ayudas públicas. “Algunas alcanzan los 6.000 euros, pero es lo que quieran pedirte. Es el libre mercado”, señala.

Por otro, por “la falta de control de la validez de los títulos”. “La Consejería autoriza a hacer la parte teórica a distancia y también hay mucha ligereza para que hagas la práctica también fuera de Madrid. Como es prácticamente imposible controlar los horarios y se hace gran parte de la formación fuera de la Comunidad, es imposible por parte del servicio de Inspección controlar que se están impartiendo esas clases y esa formación práctica”, explica esta inspectora.

En 2019, la Consejería de Educación emitió una orden por la que regulaba el régimen a distancia de estas enseñanzas y el procedimiento para su autorización. En sus primeros párrafos señalaba que el objetivo era “permitir compatibilizar el estudio con otras actividades deportivas, laborales o de otra índole, principalmente a las personas adultas y a los deportistas de alto rendimiento”. En cuanto a la finalidad, aseguraba también que quería “facilitar el acceso a dichas enseñanzas a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, mediante una organización flexible de las mismas y la utilización de una metodología basada en el autoaprendizaje y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. Unas condiciones de igualdad que no se dan en el apartado económico.

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