Que en España el Derecho a la Vivienda no es universal, sino que está constreñido al nivel de renta disponible, es algo que sabe todo el mundo. Que países de nuestro entorno disponen de un Parque Público de vivienda para alquiler asequible y de carácter social con una media en torno al 20 por ciento del parque total disponible, mientras que en España apenas llega al 2 por ciento, es algo reconocido incluso por el Ministerio responsable. A esta carencia de parque público, hay que añadir las ventas de vivienda pública de Madrid, ahora de Murcia…
Afirmar que los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, el 47 de nuestra Constitución y el 7 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en España son aquí papel mojado no puede generar ninguna controversia. Y que tras 42 años desde la aprobación de la Constitución, los dos únicos intentos de leyes estatales de vivienda habidos, los haya llevado al Congreso la PAH, y que ningún partido con representación parlamentaria haya propuesto jamás, a día de hoy, ningún proyecto, es algo que los votantes deberíamos hacernos ver.
A mayor vergüenza de los poderes públicos, España ratificó en 1976, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ante la ONU. También ratificó posteriormente el Protocolo Facultativo de dicho pacto, por el cual, el Estado español, acepta someterse a los dictámenes y recomendaciones emitidas por el Comité correspondiente de Naciones Unidas, que, desde 2017 hasta hoy, ya ha emitido 3 condenatorios a España, por vulnerar el Derecho Humano a la vivienda digna y adecuada, por el desalojo forzoso de familias vulnerables, sin ofrecerles alternativa habitacional, esto es por dejarlos en la p… calle. Una de estas condenas, fue como consecuencia de haber desahuciado a una familia que venía okupando una vivienda de un banco. Sin embargo, España responde ante el Comité que sí cumple.
También conviene recordar que, según el último censo de vivienda del INE (2011, cuya actualización debiera publicarse el próximo año) en nuestro país existían más de 3,4 millones de casas desocupadas. Que las últimas reformas laborales, especialmente la de 2012, han servido para empobrecer y precarizar a la gente asalariada año tras año, no olvidemos el concepto de trabajadores pobres. Que en ese período, demás y especialmente los últimos años, los precios del alquiler se han desbocado con el desembarco de los fondos buitre, que se hicieron con una gran parte de las casas del más de un millón de familias desahuciadas por los bancos en la pandemia anterior (financiera e inmobiliaria), y de otras también en poder de la banca rescatada y no, que también la exoneración fiscal a las socimis ha contribuido. En definitiva: con la especulación. Tampoco hay que olvidar, en la PAH no lo hacemos (ni creemos que la mayoría de lo sociedad lo haga) que de los 65.000 millones en que, según el Banco de España, costó el anterior rescate a la banca, el mismo regulador da por perdidos más de 60.000. Desde luego, la PAH no renunciamos a recuperarlos.
En nuestro país, como ya se ha dicho, no se ha dado una ley estatal que garantice unos mínimos de igualdad de las personas en esta materia, y dado que las políticas de vivienda son competencia de cada comunidad autónoma, las diferencias de derechos son abismales en función de la comunidad de residencia. Aquellas donde mejor garantizado está, son sin duda Catalunya, fruto entre otras, de la ley 24/2015 (y decretos posteriores) nacida de una ILP promovida, entre otros por la PAH, también Euskadi o más recientemente el País Valenciá. Son sin duda las comunidades gobernadas por las derechas Madrid, Murcia… donde más desprotegido está. No parece muy constitucional que, un derecho universal reconocido en el artículo 47 no esté regulado en sus mínimos por una ley que obligue a las comunidades más… digamos liberales a garantizarlos.
Bueno, pues en esta situación de numerosas viviendas desocupadas (muchas de ellas propiedad de grandes tenedores que las mantienen fuera de mercado para incrementar precios de alquiler… etc.) salarios bajos que limitan o directamente imposibilitan el acceso a un alquiler, y mucho más a una hipoteca (únicas vías legales para acceder a una vivienda) muchas familias se vean forzadas a elegir entre okupar una de esas casas vacías o vivir en la calle. Por si alguien aún no lo ha pensado, nadie con renta suficiente como para contratar una hipoteca o pagar un alquiler okupa una casa, sólo familias sin recursos se ven impelidas a hacerlo, a pesar de todos los riesgos que comporta okupar, desde ser desalojados hasta ser condenados por delito de usurpación, e incluso de allanamiento de morada si se trata del domicilio de alguien.
Según un estudio del Institut Cerdá de 2017, y actualizando datos a 2020, podríamos estar hablando de alrededor de 100.000 casas okupadas en España, la inmensa mayoría, propiedad de bancos, fondos buitre y socimis, aunque, eso sí, pero en muchísima menor medida, también de particulares. Tiene mucho más sentido okupar casas de bancos que reciben menor atención de sus propietarios, y porque además, se puede conseguir de ellos algún tipo de alquiler social, que quizás sí podrían pagar.
Esta situación de millones de casas deshabitadas y millones de personas empobrecidas, genera varios tipos de mafias ¡Es el mercado, amigo! Por una parte las de la okupación, que por un precio facilitan la entrada a alguna de esas casas, llegando en algunos casos a cobrar un alquiler por las mismas. Pero también están las mafias de la desokupación, que, al margen de cualquier procedimiento legal, y utilizando también en muchos casos procedimientos delictivos, fuerzan a las familias a marcharse, esta es la opción que ahora está publicitando Vox con la patada en el culo. También se lucran con esto empresas de seguridad con campañas publicitarias generadoras de un clima de falsa inseguridad especialmente en radio, aunque también ahora en televisión, el Ministerio de Consumo debería hacer algo al respecto.
A la campaña de generación de miedo, se apuntaron las derechas PP, Cs, Vox y el PDeCat. Hace 2 legislaturas, y a iniciativa de los independentistas catalanes pero con los votos de PP y Cs (¿?¡!) se aprobó una ley de desahucio exprés para viviendas okupadas y propiedad de particulares. Inmediatamente los grandes tenedores se consideraron discriminados por no poder utilizarla. Ahora PP, Vox y Cs acuden en su rescate promoviendo una legislación que, además de facilitar el desahucio exprés de cualquier okupación, castigará con penas de 1 a 3 años de cárcel a quienes sean condenados por delito de usurpación. O lo que es lo mismo: si damos credibilidad al estudio del Institut Cerdá, y pensamos en una media de 3 personas por casa okupada, lo que las derechas proponen es encarcelar a las poblaciones de Ávila y Segovia juntas: unas 300.000 personas.
El PP, que mal vendió miles de casas de alquiler asequible a Blackstone, que ahora está liquidando el parque público en Murcia, que cuando se hinchaba la burbuja decía que las casas eran caras porque los españoles podían pagarlas, que jamás ha valorado la vivienda más allá de un simple producto de consumo más, vuelve ahora a las recetas tradicionales de la derecha: la criminalización del pobre y su encarcelamiento.
Pero la solución a la okupación, no es otra que poner las casas deshabitadas en alquiler asequible y para vivienda social. Por eso la PAH pedimos en el Congreso, y exigimos al Gobierno que utilice su mayoría en la SAREB y en Bankia para la cesión de uso temporal de sus parques de vivienda, y que reclame del resto de la banca aportaciones de sus casas como inicio de la devolución del rescate, y que penalice fiscalmente y con dureza, las casas deshabitadas injustificadamente, en propiedad de grandes tenedores. Si nos escuchan, se acaba la okupación, y se inicia el proceso para que el Derecho a la vivienda en España pueda llegar a ser un derecho real.
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