Pongamos que hablamos de Sara, la gerente de una empresa de limpieza y mantenimiento de espacios públicos. Esta directiva ha detectado la necesidad de cuidado en los parques y jardines en el municipio de Murcia y decide ofrecerle sus servicios al concejal del ramo, que muy dispuesto le dice que sí, que inicie el mantenimiento. No le asegura cuando va a cobrar, no firma ningún documento que lo obligue a hacerlo, pero le da su palabra de que lo hará.
¿Se lo imaginan? No me refiero a que la gerente de la empresa sea mujer, sino al modus operandi. ¿Se imaginan a cualquier empresa contratada por el Ayuntamiento realizando su trabajo sin saber si les van a pagar por ello?
Yo tampoco. Y no nos lo imaginamos porque esta situación jamás ocurre. No obstante, es el pan nuestro de cada día de las asociaciones del tercer sector.
Estamos hablando de ONG cuyos programas aseguran un plato de comida caliente a familias sin medios o que garantizan una cama a quienes lo han perdido todo. En tiempos de crisis se tornan imprescindibles ya que son capaces de llegar a donde la administración no llega y sus servicios se convierten, por tanto, en más fundamentales que nunca.
No obstante, a pesar de la labor que realizan, no reciben un trato proporcionado por parte del gobierno municipal. Y es que la mayoría de ellas ha pasado el año sin recibir noticias de la Concejalía de Derechos Sociales para la que prestan servicios, llegando al mes de diciembre sin haber recibido ni un euro por los servicios prestados.
Es más, la desconexión y el desinterés que muestra el Gobierno de Murcia con las asociaciones y ONG es tal, que se han enterado por la prensa de que, gracias a una medida extraordinaria de crédito, anunciada por el concejal de Hacienda, estos programas se pagarán en algún momento.
Lo que al Gobierno del Partido Popular no le interesa contar es que estas entidades están financiando al Ayuntamiento, adelantándoles el dinero que no paga a tiempo. ¿Se preguntan cómo pagan los sueldos de los trabajadores, los locales, los medios informáticos necesarios para desarrollar su labor? Con préstamos. Están avalando con sus bienes para garantizar los servicios que prestan sin ninguna seguridad. Y eso es injusto, además de un escándalo.
La Ley General de Subvenciones del 2003 exige a las corporaciones municipales que desarrollen anual o bianualmente un plan estratégico de subvenciones que evite este tipo de situaciones. Pero el Ayuntamiento de Murcia mira para otro lado, incapaz de establecer medidas a largo plazo que faciliten y garanticen la labor de las entidades que reciben subvenciones y suscriben convenios.
Con su dejadez, el gobierno del Partido Popular de Murcia se empeña en condenar a la precariedad a decenas de trabajadores que realizan un servicio indirecto a este Ayuntamiento; trabajadores que a veces dejan de cobrar, que viven con intranquilidad porque no saben si su puesto de trabajo se va a mantener y que aun así atienden a las personas que más lo necesitan porque no pueden dejar de hacerlo, porque, a diferencia de los que gobiernan, las personas vulnerables les importan.
Al equipo de Gobierno municipal esto le da igual, saben que estos programas saldrán adelante. Eso sí, para sumarse a las fotos, ponerse medallas basadas en mentiras y emitir una nota de prensa tras otra, los concejales del Partido Popular de Murcia se dan mucha prisa. Toda la prisa que no han demostrado para apoyar y financiar a las entidades que cuidan de los más vulnerables.
*Esther Nevado es concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia
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