Como cada año, se han producido nuevos episodios de contaminación atmosférica provocados por quemas agrícolas en diferentes municipios de la región (Murcia, Cartagena, Cieza, Mazarrón o Águilas). En estas zonas se han generado extensas nubes de humo que, en situaciones de tiempo estable y ausencia de viento, favorecen que las nubes de humo envuelvan núcleos de población cercanos.
La quema de restos de podas, rastrojos y otros residuos agrícolas provocan estas nubes de humo que periódicamente afectan a la población de estos municipios. Además, en algunos casos, esta contaminación ha afectado a zonas sensibles como colegios y centros de mayores. Las imágenes de estas nubes de humo demuestran la preocupante magnitud que alcanza el problema y hace incomprensible la pasividad institucional
Hay que destacar que no se trata de casos puntuales, sino que las quemas agrícolas son una práctica habitual que provoca impactos ambientales y de salud pública significativos. La incineración de restos agrícolas supone la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono, gas causante del efecto invernadero, otros gases contaminantes, hollín y partículas de diferentes tamaños. Algunos gases contaminantes son persistente en la atmósfera, bioacumulativos y muy tóxicos. Es el caso de compuestos orgánicos volátiles como el benceno, y semivolátiles como el benzopireno.
Además, si en los residuos agrícolas hay presencia de cloro, plaguicidas y plásticos, se emiten sustancias tan nocivas como plomo, bifenilos policlorados o dioxinas agravando los riesgos para la salud. Respirar humo es una cuestión más grave que una simple molestia para la población: es un problema de salud pública.
En esta región, tanto la Dirección General de Calidad Ambiental como la Dirección de Salud Pública han señalado en diferentes informes, que las quemas tienen una elevada incidencia en la calidad del aire que respira la población del entorno, disparando los niveles de partículas y contaminantes, con efectos nocivos para la salud.
Sin embargo, estos informes se han quedado en meras declaraciones sobre la nocividad del problema de la incineración de residuos y podas agrícolas. La administración regional no ha desarrollado protocolos y medidas activas que eviten o minimicen este problema particular de contaminación atmosférica.
Por el contrario, la respuesta de la Consejería de Agricultura ha sido decepcionante y contraria a lo esperado. En 2017, se aprobó una orden de quemas con la que se trataba de legalizar estas prácticas bajo un supuesto riesgo fitosanitario. Esta medida protege a quienes contaminan, anteponiendo el beneficio económico frente al derecho a respirar un aire saludable y de calidad.
La presión de las organizaciones agrarias, y la condescendencia de la administración regional con este sector, lleva a que se sigan permitiendo y justificando estas prácticas de quema indiscriminada de residuos agrícolas. También es un problema grave que los responsables de proteger la salud de la población aparezcan como insensibles a las imágenes de grandes nubes de humo cubriendo núcleos de población, haciendo el aire irrespirable y deteriorando las condiciones de vida de los vecinos/as de estos municipios.
Cada vez más, aumentan las quejas y la protestas de afectados/as en los municipios de nuestra tierra por contaminación y afecciones a la salud derivadas de las quemas. La preocupación ciudadana ha crecido ante estas situaciones de contaminación en nuestros municipios. Estas quejas remiten a un problema que exige una respuesta urgente y decidida por parte de las administraciones
Existen alternativas viables a las incineraciones, como el triturado y el compostaje. Hay que desarrollar medidas de prevención y regulación de estas prácticas en el medio rural y además campañas de información sobre alternativas y sensibilización en el sector agrario.
Frente a las quemas agrícolas y las nubes de humo contaminante, no cabe otra respuesta que la prohibición de estas prácticas debido al fuerte impacto en la calidad del aire y sus riesgos para la salud. Hay que sustituir las quemas agrícolas por técnicas que permitan garantizar una adecuada protección del medio ambiente y la salud, como señalan los propios informes de la Dirección General de Medio Ambiente y la de Salud Pública.
Es evidente el fracaso institucional y empresarial en materia de gestión de residuos agrícolas. No hay una participación activa y coordinada de la administración regional y ayuntamientos. Se necesita, de una manera urgente, la elaboración de un Plan Regional de Gestión de Residuos Agrícolas que prohíba las quemas, excepto en ocasiones muy justificadas, y que promuevan las alternativas de gestión de estos residuos.
0