Una educación de calidad no solo ha de basarse en una supuesta eficiencia económica. Recortar presupuestos, recursos materiales y personales no promueven una mayor calidad sino todo lo contrario, es un síntoma del deterioro al que esta es sometida en nombre de la eficiencia y del ahorro. Una educación de calidad es aquella que ayuda a promocionar a todos los ciudadanos independientemente de su situación socioeconómica, que vela por la diversidad y atiende con recursos suficientes las necesidades individuales de cada alumnado y sus respectivas familias. Cuando recortamos en recursos, empobrecemos la ayuda provocando una profecía autocumplida en la cual es la propia educación pública la culpable de su propio deterioro e ineficacia, cuando estas circunstancias se deben no a factores intrínsecos de la educación sino a variables extrínsecas como es la insuficiente financiación.
La educación pública es un derecho y uno de nuestros mayores bienes, una protectora y preservadora de la vida democrática, defensora de la libertad y de la igualdad a través de los conocimientos, saberes y recursos que de ella emanan. No nos podemos permitir el lujo de menoscabarla, de dejarla morir de inanición para luego culparla de todos nuestros males como si de un chivo expiatorio se tratara.
Hoy somos testigos de un manifiesto deterioro de la educación pública. Hacen falta recursos humanos para atender a las diversas casuísticas que se producen en los centros educativos. Cada vez son más los menores que manifiestan necesidades educativas derivadas de diferentes problemáticas. Los profesionales de la educación advierten de un aumento de situaciones de estrés, ansiedad y autolisis en el alumnado pues todo apunta, entre otras variables, a que la situación de pandemia provocada por la COVID ha dejado secuelas emocionales en algunos menores. La adicción a las tecnologías, a las apuestas, al consumo de drogas, a las relaciones interpersonales tóxicas son perturbaciones de la sociedad que calan de lleno en los jóvenes. Para atender, prevenir, intervenir y poder hacer las derivaciones pertinentes de forma adecuada, hacen falta mayores dotaciones de Orientadores Educativos por institución escolar. Diversos organismos españoles como APOEMUR y COPOE, basándose en informes internacionales como “Comprehensive School Counseling Programs” de 2012 de la Asociación Americana de Orientadores Escolares (American School Counselor Association, ASCA), defienden que debe haber un orientador por cada doscientos cincuenta alumnos, cuando, en la actualidad, un porcentaje alto de centros cuentan con un orientador por cada novecientos o mil alumnos, es decir, cuatro veces más de lo que se requeriría para alcanzar una calidad de atención suficiente por discente.
Necesitamos más Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad (PTSC), y un número más elevado de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) que puedan atender al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros educativos ordinarios, especiales y aulas abiertas. Si queremos que los tutores de cada grupo de alumnos puedan atender de manera satisfactoria a la diversidad a través de, por ejemplo, los planes de actuación personalizados (PAP), las ratios de alumnado por grupo han de ser menores de las que actualmente nos encontramos en muchos de los colegios e institutos. Las instalaciones de algunos centros educativos están en situación de deterioro, requieren de reformas urgentes para soportar adversidades climáticas. Un alumno que no se encuentra de manera confortable en el aula es un alumno al que le costará más aprender. Un profesor que no se encuentra de manera confortable en el aula es un profesor al que le costará más enseñar. Y para enseñar y trabajar con profesionalidad necesitamos que la normativa que regula las funciones y actuaciones de los agentes educativos llegue a tiempo. No podemos estar improvisando nuestros cometidos a falta de que se concrete la legislación, ya que esta condición causa estrés y sentimientos de ineficacia e indefensión en los profesionales docentes.
Desde la Asociación de Profesionales de Orientación Educativa de la Región de Murcia (APOEMUR) apoyamos las convocatorias de paros laborales promovidas para ayer y para el jueves 24 de noviembre. Como hemos venido diciendo a lo largo de este artículo, la docencia murciana está sufriendo un momento crítico con el empeoramiento de las condiciones profesionales. La situación de la Orientación Educativa en la Región cada vez es más compleja debido a la elevada ratio de alumnado, la escasez de recursos para la atención a la diversidad y las crecientes dificultades de desarrollo y aprendizaje en la población atendida.
Apoyar estos paros es una necesidad urgente, puesto que nos jugamos mantener una educación pública de calidad que pueda dar a nuestros alumnos las herramientas necesarias para conseguir ser ciudadanos libres y autónomos.
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