A lo que parece, resulta casi nula la posibilidad de que se concreten unos nuevos pactos de la Moncloa, o alguna figura similar que aúne esfuerzos de todos o casi todos los actores sociales relevantes ––partidos políticos, sindicatos, empresarios...–– para salir de la crisis económica iniciada durante la pandemia y que se agravará tras ella.
El PP de Pablo Casado, sin cuyo concurso esos pactos serían inefectivos, ya se ha pronunciado radicalmente en contra, pocos días después de que la FAES de José María Aznar así lo hiciera. Y a Vox ni se le espera, después de que su líder ni se dignara responder a la llamada del presidente del Gobierno. La actitud de ambos partidos en el debate en el Congreso del jueves 9 lo confirma.
Los empresarios tienen una posición diversa. Desde las formas reticentemente suaves de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE a las abruptas y extemporáneas respuestas que vienen ofreciendo algunos otros dirigentes patronales españoles, con lugar destacado, en cuanto al nivel de rechazo, del presidente de la cúpula patronal CROEM, José María Albarracín, cuyas intervenciones hace tiempo que lo han ido situando aparentemente más en la órbita ultraderechista que en la de la derecha dura, donde solía colocarse él solito.
No resulta, sin embargo, muy adecuado idealizar aquellos Pactos de la Moncloa e imaginarlos al nivel de panacea desde la que se curarían todos los males económicos y sociales que sobrevendrán inevitablemente a corto y medio plazo. Ni las circunstancias históricas del Estado español son las mismas, ni quienes soporten el mayor peso del esfuerzo para salir de la nueva crisis económica pueden ser los mismos que fueron en 1977… y que repitieron sufrimiento y pago de las facturas de la crisis generada por otros a partir de 2008 hasta hoy mismo.
No se puede hacer pagar el precio de esta crisis a los mismos que ya pagaron en la última, derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria creada por la irresponsabilidad del sector financiero, bancario y constructor. Los paganos de entonces son los mismos que pagaron el coste fundamental que exigió sacar al país y al Estado de la crisis económica en la que los dejó sumidos en 1977 la dictadura franquista.
Parece que se debe, al menos esta vez, buscar recursos que arrojen un poco de esperanza de estabilidad a un sistema desequilibrado en el que la exigua minoría que más tiene es la que menos aporta proporcionalmente a la financiación a medio y largo plazo del Estado. Y hay a dónde recurrir para intentar reequilibrar el peso que soporta cada parte en este asunto.
Al margen de las medidas coyunturales a medio plazo para disminuir el choque económico que supondrán las consecuencias del parón debido a esta pandemia vírica, habrá que mirar un poco más allá para obtener contribuciones proporcionales de quienes más partido han venido sacando del desequilibrio del sistema.
Podríamos empezar por una nueva regulación de las famosas Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) mediante las cuales las grandes familias, los grandes empresarios y los ricos de toda la vida invierten en activos tributando solamente el 1% de rendimientos y plusvalías al erario español.
Las mayores SICAVs de España están en manos de grandes familias y empresas muy conocidas, alguno de ellos demasiado bien conocido, tal que los herederos de aquel Juan March que financió descaradamente a los golpistas del 36 y aumentó colosalmente su emporio empresarial gracias a los favores con los que la dictadura subsiguiente le devolvió su inestimable apoyo inicial, sin el cual… quién sabe.
Alguna otra de esas grandes fortunas, como la de los Ortega de INDITEX, se lava las manos haciendo donaciones a la Sanidad pública cuando las cosas pintan mal, pero no se plantean disolver las SICAVs y tributar, siquiera, al mismo nivel que hacen los empresarios corrientes y molientes que no disponen de ese instrumento para evadir impuestos legalmente.
Hay más. Las diez principales SICAVs españolas tienen invertido fuera de España el 70% del total de su patrimonio de 4.421 millones de euros, como ya publicó este diario. Esto es lo que comúnmente entienden algunos por patriotismo.
Y según los datos oficiales de la nada sospechosa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el número de SICAVs en España es tal que, personalmente, me atrevería a calificarlo de escandaloso. Cuéntenlas, si no lo creen.
Simplemente reorganizando mínimamente el sistema contributivo en el Estado español se podrían obtener recursos ahora fuera de control para sostener los sistemas públicos, las estructuras cuya solidez y buen funcionamiento se echa tanto de menos en situaciones de crisis como la de la actual pandemia.
Eso, lo anterior, por poner solo un ejemplo de lo más sangrante. Si se analizan otros rubros como la presión fiscal real en España ––que aunque mejora sigue lejos de la de los líderes económicos de la Unión Europea–– o la eliminación de privilegios tributarios a instituciones privadas como la Iglesia católica, tendríamos bastantes más cosas que llevarnos a la boca… Para discutirlas y avanzar hacia la cimentación real de ese Estado del Bienestar que vemos cómo se tambalea peligrosamente cada vez que nos sacude una crisis seria. Sea la del final de la dictadura, la financiera de 2008 o la de ahora mismo.
Así que, indudablemente, hay que intentar conseguir unos pactos o acuerdos generales válidos para contrarrestar los efectos de esta pandemia de 2020. Pero no pueden tener como efecto o daño colateral que sean los mismos de siempre los que paguen el peaje de la salida de la crisis, porque hay unos pocos que, entretanto, se lo siguen llevando crudo. Bastantes descolgados del sistema dejaron y todavía dejan los hundimientos económicos anteriores. Vale.
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