Anda el neodelegado del Gobierno intentando convencer a los regantes, los agroindustriales y los grupos de presión hídricos de lo imposible. Perdiendo el tiempo con quienes justifican lo injustificable y poniendo sordina a las declaraciones de Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica. Solo con el nuevo nombre de la cartera ministerial, los trasvasistas irredentos, que aquí son legión, deberían empezar a plantearse otras cosas ante la evidencia de que los macrocanales y macrotuberías para transportar agua de unas cuencas a otras ya no gozan de patente de corso.
Para qué sirve empecinarse en una solución, la trasvasista, a un supuesto déficit hídrico en la que ya no cree casi nadie. Se acumulan en las mesas y en las redes informes, evaluaciones, estudios, tesis que concluyen que la solución trasvasista ya no es tal. Añaden, por otro lado, que el problema se podría paliar gestionando la demanda y buscando otras alternativas, que las hay.
Parece mentira que al cabo de unos cuantos años, desde que empezó a vislumbrarse que el camino a seguir es el de mejorar la desalación y llevarla al grado de excelencia para abaratar costes, en el Levante español quienes controlan los procesos industriales y comerciales relacionados con el regadío y sus productos sigan empeñados en reclamar trasvases a troche y moche.
Insisten en seguir considerando el canal del Tajo al Segura como la única y exclusiva tabla de salvación de la economía levantina, al tiempo que las alteraciones climáticas progresivas recuerdan año a año que esa infraestructura está condenada a agostarse en sí misma. Más bien antes que después.
Desde que Cristina Narbona y su equipo pusieron en marcha el tímido programa AGUA hace ya unos cuantos años, en el reino de Valcárcel se han dedicado a denostar las desaladoras como alternativa y, de paso, a poner a parir a quien las propusiera, empezando por aquella ministra de entonces y terminando ahora mismo por la nueva responsable del departamento.
Pero de gestionar seriamente la demanda, impulsar la investigación para mejorar los sistemas de desalación y, consecuentemente, abaratar el coste del agua que sale de esas instalaciones… de eso, nada.
Así que se han multiplicado los regadíos y pozos ilegales al socaire de la campaña propagandística trasvasista que alcanzó su paroxismo con el Agua para Todos ––recuérdese el meme ecologista del slogan: Agua para Golfos––. Recientemente esa campaña ha alcanzado cotas de esperpento con la amenaza de un muy principal dirigente trasvasista de irse a las barricadas si no se aprobaba un enésimo trasvase ya mismo.
Mejor nos iría a todos si esos exégetas de la fe trasvasista se echaran al monte, pero para quedarse allí y no volver. Si eso ocurriera, a lo mejor se podría plantear alguna opción razonable de futuro. Lo volvió a decir Teresa Ribera el miércoles en el Congreso, al explicar que la política hídrica en España es «extraordinariamente sensible, importante y estratégica y por ello es imposible basarla sobre la decisión de proporcionar tanta agua como se demanda».
Esta vez no ha pasado nada porque el mismo día se aprobó un envío de agua por el canal del Tajo de 38 hectómetros cúbicos. Así que los de siempre volverán dentro de unas semanas a pedir más y más, fieles a sí mismos y a sus propios y exclusivos intereses. También volverán a amenazar con acciones radicales, de esas que luego se quedan casi siempre en agua de borrajas, y nunca mejor dicho. Así vamos: pensando en el futuro, rodeados de farfolla y cada vez más seguros de que, efectivamente, el olmo no da peras. Por mucha agua que se le eche.
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