La banca española quebró. El mismo presidente de la Reserva Federal tardó año y medio en reconocerlo. En septiembre de 2010 dijo claramente que la banca en EEUU y Europa estaban quebrada. Un robo de la banca privada. Hicieron creer que esto era un problema de unos cuantos políticos corruptos y se cargaron las Cajas para luego, a precio de saldo, quedárselas entre unos pocos bancos.
El Gobierno de Rajoy, que no le costó dejarse influenciar por la banca, la rescató, realizando el mayor programa de beneficencia que se conozca. Se gastaron nada menos que la friolera cantidad de 61.000 millones de euros para rescatar a la banca. Este dinero procedía, de nuevo, de ti y de mí. Prácticamente el mismo dinero que la hucha de las pensiones.
En este país el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando. Y los mayores medios de comunicación controlados por los poderes económicos no están por la labor. La izquierda defiende hoy que la banca vía impuestos contribuya al sostenimiento del sistema público de las pensiones, ya que los beneficios registrados en estos últimos años se apoyan en su rescate previo. “Rescate por rescate es de justicia social”. Es lo mínimo que se les puede exigir, o eso o devolver todo el dinero que se les prestó, ¿no?
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo se mantienen firmes en que España debe terminar con el proceso de privatización de las entidades que fueron nacionalizadas como fue BANKIA. Existe cierta inquietud porque no se ha hecho ninguna gestión para la privatización de estos bancos en manos del Estado desde 2014.
El gobierno de Rajoy se dio hasta 2019 para la privatización total de BANKIA, medida que, según el entonces Ministro de Economía, Luis de Guindos, tenía por objeto obtener el máximo retorno de las ayudas públicas concedidas a la banca (eso no se lo cree nadie).
La cuestión es que unas pocas entidades se han hecho con el control del mercado. Al mismo tiempo, la política de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas que ha realizado el Gobierno del PP ha permitido sanear los balances de prácticamente la totalidad de las entidades. Sin embargo, la economía real no parece haberse beneficiado de todo ello y, en tanto el sistema financiero vive de la economía real, cosa que tiende a olvidarse demasiado a menudo, han vuelto las tensiones al sector.
Una nueva crisis financiera para una economía como la nuestra sería dramática, más aún cuando los últimos años no han sido aprovechados para fortalecer los instrumentos públicos. BANKIA no debería privatizarse jamás y debería aprovechar la situación actual para conformar y extender un polo de banca pública que permita afrontar con mayores garantías retos venideros.
El abordaje de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa tras la moción de censura previsiblemente congelará los planes de privatización de BANKIA, entidad en la que el Estado mantiene una participación superior al 60% a través del FROB. En el PSOE hay partidarios de maximizar la recuperación de ayudas públicas, pues se considera que poner a la venta las acciones del Estado al precio de cotización actual supondría malvender la entidad. Como mínimo hay que exigir recuperar la totalidad de las ayudas públicas, que sólo con esta entidad ascendió a la friolera de 22.424 millones.
Desde el ala izquierda se pide que se desista de esta idea y que el banco se convierta en oficial. Esto de socializar las pérdidas del sector privado por ser estratégico para la economía nacional es propio de la derecha. Seamos serios, la privatización no garantizará que el sistema financiero español se levante de su depresión.
Es imprescindible impedir su privatización. No, no se puede perder la oportunidad de poner una parte de los ahorros de la sociedad al servicio de un verdadero desarrollo social. BANKIA debe consolidarse como una entidad pública de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión democráticas y transparentes, que sea un servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales de las administraciones públicas. De esta forma será posible que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en esta entidad esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y de un sector público productivo con el objetivo fundamentalmente puesto en la creación de empleo.
Todavía se desconocen los planes de Nadia Calviño, ministra de Economía y, por consiguiente, los del Gobierno al respecto. Pero, si yo tuviera la responsabilidad, lo primero que haría sería promover el relevo, primero de Goirigolzarri y por supuesto del resto de miembros del Consejo de Administración, así como la fusión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para comenzar a poner la entidad al servicio del bien común.
Los ultra-liberales le llaman competencia desleal, pero el sistema financiero europeo necesita una regulación más estricta que alinee sus intereses a los de la economía real. Al tiempo que es fundamental que exista un banco oficial con el que poder proteger a la ciudadanía y nuestros ahorros, facilitar el crédito a un precio razonable, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera, establecer líneas de crédito a sectores productivos relevantes, y transformar nuestro modelo productivo. Todo eso es necesario, pero también posible… Si hay voluntad.
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