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REGIÓN DE MURCIA

Cerrar un centro de menores migrantes, revisar las ayudas a sindicatos y patronales y reforzar la caza: las victorias de Vox en los presupuestos de Murcia

Tras varias semanas de negociaciones, PP, Ciudadanos y Vox han acordado los presupuestos regionales de 2020

Uno de los escollos fue el blindaje del 'pin parental' exigido por la extrema derecha, que se mantendrá como una instrucción dirigida desde la Consejería de Educación

Vox ha conseguido que el centro de menores extranjeros no acompañados de la pedanía de Santa Cruz deje de usarse para alojar a los chicos "a la menor brevedad"

DOCUMENTO | Lee los doce puntos del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox

Mitin de Vox en el Pabellón Príncipe de Asturias / CARLOS TRENOR

Mitin de Vox en el Pabellón Príncipe de Asturias (2019)/ CARLOS TRENOR

Tras unas duras y largas negociaciones que no han estado exentas de polémica y roces entre los tres actores que las han protagonizado, Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) -socios en el Gobierno autonómico- han logrado cerrar en la noche del jueves un acuerdo con Vox para los Presupuestos de la Región de Murcia.

El proyecto de ley "será apoyado sin enmiendas por los tres grupos parlamentarios" en la Asamblea regional, según queda recogido en el documento firmado por las tres formaciones y al que ha tenido acceso eldiario.es de la Región de Murcia.

En el acuerdo se recogen los doce puntos que se han negociado hasta el último momento con el partido de extrema derecha, entre los que se encuentran la aplicación del 'pin parental' como en la actualidad, es decir, sin su endurecimiento mediante decreto, como Vox pedía. Al tratarse de una instrucción y no de una ley, los centros no están obligados a cumplirla.

No obstante, y pese a que no figura así en el documento firmado, Vox ha asegurado que la Consejería de Educación emitirá tres decretos que regulen las autorizaciones paternales, correspondientes a cada nivel educativo, una medida que ya está en marcha: "Se han introducido las modificaciones por cauce legal".

El partido de extrema derecha ha señalado que no espera enmiendas a la medida por parte de los grupos parlamentarios que han firmado el acuerdo, pese a que Ciudadanos ha emitido un comunicado en el que rechaza endurecer el  'pin parental' más de allá de la instrucción que ya está en funcionamiento.

La formación ha conseguido que se incluyan varias medidas de las que exigió en diciembre, más o menos edulcoradas, para conseguir su apoyo. Un ejemplo es el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados, situado en la pedanía murciana de Santa Cruz; además, el Gobierno regional ha recogido en el pacto la reducción de los beneficios fiscales al juego existentes en la actualidad, hasta su completa eliminación.

Si bien no se suprimirán las subvenciones a sindicatos y patronales, tal y como habían exigido desde Vox, sí que se revisarán; el acuerdo también incluye un plan de apoyo a la maternidad y el refuerzo de medios técnicos y personales a la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial, ambas peticiones de los de Abascal; además, se revisarán los programas y convocatorias de ayudas de cooperación internacional al desarrollo, entre otras medidas.

Algunas propuestas de Vox, como eliminar organismos relativos a la "ideología de género"; el fin de subvenciones para asociaciones de Memoria Histórica, la supresión de ayudas que "colaboren con la inmigración ilegal" o "no apoyar a asociaciones que ayuden al islamismo radical", se han quedado fuera del pacto rubricado.

Los doces puntos acordados por PP, Ciudadanos y Vox

El primero de los puntos acordados es el llamado 'pin parental', en el que establece que "se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias".

La medida ya se puso en marcha este septiembre por parte de la Consejería de Educación, que mandó una instrucción a tal efecto a los centros escolares. Durante varios días el endurecimiento del 'pin parental' en forma de decreto estuvo en el aire, después de que Vox presionara con su blindaje para conseguir su apoyo a los presupuestos. Finalmente la agrupación cedió y se mantendrá como una instrucción desde Educación. La decisión se tomó a escasas horas de que la ministra de Educación Isabel Celáa anunciara que llevaría la medida a los tribunales.

Otras de las exigencias en las que más han insistido desde Vox aparece en el segundo  punto del acuerdo: el compromiso de que el centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de la pedanía murciana de Santa Cruz deje de utilizarse para alojar a los chicos "a la menor brevedad, a lo largo del ejercicio presupuestario".

El cierre de este centro, que gestiona la Fundación Antonio Moreno, era uno de los compromisos al que llegó el Gobierno murciano de PP y Cs con Vox para facilitar el acuerdo para los presupuestos. Desde la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Murcia, en manos de Cs, han insistido en diversas ocasiones que es un centro "modélico" con capacidad para 72 menores: "El acuerdo se cumplirá pero cuando haya otro centro como el que tenemos ahora; no vamos a permitir que retrocedan los niños en derechos", aseguraba la consejera de Asuntos Sociales y vicepresidenta del Gobierno de Murcia, Isabel Franco, a este periódico.

Además, se reducirán proporcionalmente durante los tres próximos ejercicios los beneficios fiscales al juego existentes en la actualidad, hasta su completa eliminación; se desarrollará un paquete de medidas fiscales y de reducción de tasas con objeto de beneficiar a las familias numerosas murcianas, "especialmente las de categoría especial", y a familias con personas con discapacidad a su cargo, en al menos la misma medida que suponga la recuperación de la fiscalidad del juego. Otras de las exigencias de Vox.

En otro de los puntos se especifica que se promoverá la modificación de la ley de participación institucional y la legislación que resulte necesaria para regular las subvenciones básicas a los agentes sociales, de forma que se compense "de manera objetiva y justificada" su función de participación institucional. Esta medida hace referencia a otra exigencia de la extrema derecha, que tiene la guerra declarada a la financiación de sindicatos y patronales, a las que busca reducir su poder económico.

El acuerdo señala que "cualquier otra subvención a los agentes sociales será competitiva y para fines y proyectos de interés general, eliminando paulatinamente las subvenciones genéricas para gastos de funcionamiento durante los próximos tres ejercicios, hasta su desaparición".

Las tres derechas han rubricado el desarrollo de proyectos de reparación y mejora de la carretera de la pedanía de Benizar, habilitando para ello una partida presupuestaria. Vox y PSOE fueron los únicos partidos que remitieron mociones a la Asamblea Regional para llevar a cabo iniciativas de modernización reclamadas por Benizar. La localidad saltó a la fama después de conseguir que casi toda su población no acudiera a las urnas en todos los comicios celebrados durante 2019.

Otro de los puntos acordados es el refuerzo de plantilla médica para atención primaria, que ampliarán en hasta cincuenta el número de médicos en formación, “y dotando de personal especialista a los servicios de hemodinámica y de cirugía vascular del Hospital Santa Lucía de Cartagena”. En el municipio reclaman desde hace años la equiparación del servicio a la misma amplitud temporal que el tratamiento hemodinámico en la Arrixaca, que permanece abierto 24 horas todos los días del año. Varios casos de cardiopatías e infartos se han visto agravados por el horario reducido en el Santa Lucía.

Las tres derechas han acordado revisar los baremos y criterios competitivos de los programas de ayuda con cargo al 0,7% del IRPF para fines sociales, contando para ellos con representantes de los sectores beneficiarios. Además establecerán criterios de separación entre grandes y pequeñas organizaciones, y proyectos puntuales o con continuidad, así como el ámbito funcional: “Se dará prioridad a la familias, a las personas con discapacidad y a los mayores”.

Por otra parte, el Gobierno regional se compromete a evaluar los programas y convocatorias de ayudas al Tercer Sector de Acción Social (organizaciones privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo proyectos sociales) para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, contando para ello con la opinión de las empresas que lo integran, "priorizando las ayudas que vayan destinadas a las familias, a las personas con discapacidad y a los mayores".

El acuerdo rubricado finaliza con la propuesta de desarrollar un plan de apoyo a la maternidad y el refuerzo de medios técnicos y personales la Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial.

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