Cambiemos Murcia propone suprimir el canon por vertido de agua de achique al alcantarillado
El concejal Nacho Tornel ha anunciado que presentará una moción con esta propuesta en el próximo Pleno, y ha señalado que los propietarios de las viviendas situadas en esos edificios tienen que pagar los trabajos de bombeo y también el mencionado canon, que afecta al vertido directo a las redes de alcantarillado de aguas no residuales, y los contadores para medir el volumen de agua desalojada de los sótanos.
Por tanto, “los contribuyentes tienen que pagar por un consumo de agua que en modo alguno realizan”, ha sostenido. A juicio del concejal, es necesario estudiar la parte de responsabilidad que tiene tanto el Ayuntamiento como las empresas constructoras de los edificios afectados por el hecho de no certificar, en el caso expreso del consistorio, que se han construido sótanos estancos, “un hecho que en realidad es el origen de los problemas de esos inmuebles”.
Otro aspecto que, para Tornel, adquiere una especial relevancia en este problema es el relacionado con la calidad y el destino del agua bombeada. Se trata de agua no contaminada y apta para determinados usos, que no necesita ser dirigida a las depuradoras. Por eso ha recordado que en 2005, el entonces comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer, denunció la saturación de la depuradora de Rincón de San Antón a consecuencia del vertido de agua procedentes de achiques de sótanos, “agua limpia que no debería mezclarse con aguas residuales para ser tratada posteriormente”.
Cambiemos Murcia también pedirá al Ayuntamiento que establezca un procedimiento para que el agua no contaminada no se vierta en el alcantarillado sino en acequias o en el río, lo que ayudaría, además, a alimentar el caudal ecológico y evitaría posibles actuaciones fraudulentas como el “mercado negro del agua”.
Por último, Nacho Tornel ha pedido a la empresa municipal de aguas, EMUASA, datos sobre cantidades de agua achicada, zonas de mayor incidencia e ingresos totales que percibe por este concepto: “Una gestión eminentemente pública del agua debe evitar este pago difícil de justificar y utilizar el agua para beneficio público, y no en forma de impuesto”.
