Pedro Antonio Sánchez declarará como imputado en el `caso Auditorio´
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que prestar declaración como investigado -antes imputado- en el caso Auditorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El juez Julián Pérez-Templado le ha citado para el próximo 6 de marzo para que dé explicaciones sobre la irregularidades cometidas en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde.
Sánchez está siendo investigado por delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Su Ayuntamiento pagó las obras del edificio antes de que fuera concluido.
El presidente murciano ha adelantado esta mañana a los medios su declaración y ha asegurado que está dispuesto a “colaborar con la investigación”. Hace unos día dejó claro que no tenía pensado dimitir si finalmente era imputado en este caso porque se trata de “una cuestión absolutamente administrativa”.
Sánchez se ha mostrado muy confiado a la hora de colaborar con la justicia. “Es una oportunidad poder comparecer y dar la cara y a nosotros nos interesa que se sepa la verdad porque esto implica a una veintena de personas”, al insistir que este caso no tiene nada que ver con el acuerdo de gobernabilidad y regeneración democrática que mantiene con Ciudadanos desde el comienzo de la legislatura.
Por su parte, Ciudadanos declaró hoy que “espera la dimisión de Pedro Antonio Sánchez después de que el Tribunal Superior de Justicia haya confirmado su condición de investigado”.
Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha afirmado que “Pedro Antonio Sánchez debe de cumplir con el compromiso que ha adquirido con los murcianos y dimitir, en virtud de su palabra, el acuerdo de investidura y la ley de transparencia”.
El portavoz de C´s ha indicado que “el presidente está imputado o investigado por cuatro presuntos delitos de corrupción política y esta situación conculca claramente el acuerdo que firmó, así que debe afrontar su responsabilidad”.
Además, Miguel Sánchez ha indicado que “la situación del presidente atenta contra el artículo 54 de la Ley de Transparencia que indica que la permanencia de un imputado por corrupción política en el cargo es incompatible con la confianza que se le debe trasladar sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”.
A principios del pasado mes de febrero, el TSJM asumió el caso por la condición de aforado de Sánchez, después de recibir la causa de un juzgado de Lorca, que le trasladó el caso en diciembre.
El caso comenzó en 2015 tras una denuncia del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, contra Sánchez y otras 20 personas, en el que acusaba al presidente murciano de despreciar la ley en la contratación de las obras. En el caso también están imputados varios concejales del PP y un arquitecto.
López Bernal se juega esta semana su futuro. El Consejo Fiscal, que esta semana decide sobre una larga lista de nombramientos, no tiene previsto renovarle en su puesto, en medio de la investigación que comenzó tras su denuncia.
Además de esta investigación, el fiscal también está detrás de caso Carthago, en el que la Fiscalía llevó al banquillo de los acusados a la hija del, por entonces, presidente de la Comunidad, Ramón María Valcárcel (PP), acusada de delitos relacionados con la corrupción urbanística.
Durante la época de Sánchez al frente de la Alcaldía de Puerto Lumbreras se invirtieron seis millones de euros en la construcción del Auditorio. El dinero procedía de una subvención concedida en 2006 por la Consejería de Cultura, pero no llegó a concluirse.
El ayuntamiento de Puerto Lumbreras recepcionó el edificio cuando todavía quedaba un 38% por construir, lo cual hubiera necesitado una inversión extra de 2,3 millones de euros. El edificio sigue cerrado.
