Colectivos de apoyo a la infancia rechazan la retirada del plan para comprar viviendas para menores migrantes en la Región

La Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM) y la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (fapmi-ECPAT España) expresan su preocupación ante la retirada del plan para adquirir viviendas destinadas a niñas, niños y adolescentes migrantes en la Región de Murcia. Una decisión “que agravará sustancialmente la vulnerabilidad de las personas menores de edad migrantes y debilitará su derecho a una vida digna y protegida”.

Ambas entidades expresan su profunda preocupación por la reciente decisión del Gobierno regional a retirar el proyecto para la adquisición de viviendas destinadas a la atención de personas menores de edad migrantes no acompañadas. Esta medida “implica un retroceso significativo en la garantía de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, especialmente en un contexto de creciente necesidad de protección y estabilidad para estos niños y niñas”.

Según datos oficiales, en la Región de Murcia se atendió a 741 personas menores de edad extranjeras no acompañadas durante el año 2024, muchas de las cuales llevan años residiendo en el territorio, integradas en centros educativos, participando en actividades comunitarias y con vínculos afectivos consolidados. Por otro lado, en marzo de 2025 este territorio contaba con 619 plazas residenciales, todas ellas ocupadas. Teniendo en cuenta, que el reparto de personas menores de edad migrantes no acompañadas asignado a la Región de Murcia es de 133 más “¿qué va a pasar con estas niñas y niños?”, se preguntan desde estos colectivos.

La decisión tomada “deshumaniza a estas personas menores de edad y las deja en una situación de total incertidumbre”, señalan desde AMAIM. La falta de información “clara” sobre su reubicación (cuándo, dónde y en qué condiciones) “compromete, en definitiva, los principios básicos de protección, entre ellos, el interés superior del niño y la niña, recogido y reconocido internacionalmente en la propia Convención de los Derechos del Niño y también en la legislación nacional y autonómica”.

Además, “esta renuncia agrava una problemática estructural ya existente: la propia inestabilidad del sistema de protección a la infancia migrante”. Y es que más allá de las ‘plazas’ o ‘cupos’, “hablamos de personas menores de edad con historias de vida, derechos y necesidades específicas que estamos obligados a proteger”.

Fapmi-ECPAT España y AMAIM, así como diferentes entidades sociales, llevan años denunciando “la falta de consolidación de plazas estables, que obliga a atender a estos niños y niñas mediante procedimientos de urgencia. Es urgente, por tanto, garantizar la estabilidad y calidad de los recursos destinados a estas personas menores de edad, permitiendo proyectos sostenibles, integradores y centrados en su bienestar”.

Estigmatización de la infancia migrante

Del mismo modo, apuntan estos colectivos, “preocupa la creciente estigmatización que sufren estas niñas y niños, retratadas y retratados erróneamente como un problema social”. Este discurso “sesgado” impacta directamente “contra su dignidad, refuerza prejuicios y dificulta su integración: la infancia migrante no es un colectivo peligroso, es un grupo en situación especialmente vulnerable que requiere de protección, acompañamiento y también oportunidades”.

Por otro lado, también se observa -siguen- “una creciente inseguridad laboral entre los equipos técnicos y educativos que trabajan con estos niños, niñas y adolescentes; la fata de estabilidad a nivel institucional y de respaldo a largo plazo está provocando una ‘fuga’ de profesionales que compromete gravemente la continuidad y calidad de la atención”.

Desde ambas entidades hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional entendiendo que los derechos de la infancia y la adolescencia no pueden quedar supeditados a intereses coyunturales y siendo indispensable recuperar el plan de adquisición de viviendas, pero también apostar por un modelo de acogida que sitúe a niñas y niños en el centro de las políticas públicas.

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (fapmi-ECPAT España) trabaja para la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, realizando actividades de formación y sensibilización de profesionales, familias y población en general e implementando iniciativas para la protección de niñas, niños y adolescentes.

La Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada es una asociación sin ánimo de lucro en la que colaboran personas y entidades sensibilizadas en la defensa de los derechos de los niños y niñas, así como profesionales de distintas áreas que, de forma voluntaria, están implicados e implicadas en la atención de la infancia y la adolescencia. AMAIM promueve actuaciones dirigidas a prevenir y paliar las situaciones de maltrato y abuso infantil y a favorecer el conocimiento y la defensa de los derechos de la infancia.