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Décadas de privatizaciones del PP en Murcia desmantelan el sistema de atención a los mayores: “Si no se mueren de COVID, será de tristeza o abandono”

Una usuaria y una trabajadora en una residencia de ancianos

“Me llamaron ese mismo día y entré a las ocho de la noche a la residencia Ballesol en Molina de Segura. Esa primera noche ya tuve un fallecido allí. No había ninguna coordinación, los usuarios tenían frío debido a la COVID y no podía taparlos porque no había mantas. Nos dijeron que había que tratarlos a todos como infectados”, cuenta la auxiliar de enfermería María (nombre cambiado) del Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre su llegada en octubre a este geriátrico de titularidad privada con una cuarta parte de sus plazas concertadas situado en la urbanización molinense de Altorreal.

“El 80% de las trabajadoras de allí estaban de baja por COVID. Tenían cuatro gatos y los sanitarios que llegamos del SMS”, apunta la técnico en cuidados en auxiliar de enfermería (TCAE), una de los más de 320 trabajadores sanitarios contratados de la bolsa de trabajo en los últimos meses por CORECAAS, el equipo de Salud encargado de intervenir en las residencias públicas, privadas o concertadas cuando se detecta un brote en un geriátrico. “Nosotros somos apagafuegos. Hay una situación que es un incendio y llegamos a apagarlo”, así describe su labor Abel Novoa, el coordinador de este organismo.

"Ellos se tienen que quedar"

Conforme fueron pasando los días empezaron a separar en el geriátrico molinense a quienes estaban infectados de los que no; tres semanas después de que estallara el brote el 75% de los residentes eran positivos. Ya en noviembre, María, de 42 años, renunció a seguir trabajando “en ese infierno” y el SMS le penalizó con seis meses sin poder trabajar en una de las áreas I, VI y VII de las nueve que hay en la Región. “Yo me puedo ir, pero ellos se tienen que quedar”, repite la auxiliar en varios momentos. Gracias a que la situación se encuentra más bajo control por parte de la administración durante los últimos días, se permitirá a tres familiares de cada anciano volver a visitarlos a partir del lunes 23 de noviembre durante una hora.

María describe cómo dos ancianos comparten habitaciones muy pequeñas con camas que no están articuladas, de modo que es muy difícil moverlas para poder cambiarles de postura a menos que las arrastren. Además, mientras en la sanidad pública las auxiliares trabajan en parejas, en las residencias privadas o concertadas una sanitaria sola se puede ocupar de doce o más usuarios. "Si nosotros nos ocupamos de cinco o seis pacientes, en la privada pueden tratar hasta 20". “Hay que asearles, cortarles las uñas, ver las úlceras, hidratarles, darles de comer. Imposible con ese número de trabajadores”, asevera.

“La última noche que pasé allí murió una noche una persona que se encontraba en la habitación con un acompañante. La cama no se podía sacar porque no llevaba ruedas y tampoco había espacio para sacar la otra, así que el acompañante tuvo que oír cuando entró el médico a certificar la muerte del compañero y llegó el de la funeraria a echarle el sudario. No había un triste biombo para poner en medio. Y los familiares pagando unos 2.000 euros al mes”, cuenta la técnico.

"Úlceras sin tratar, falta de higiene y de cambios posturales"

“No he tomado una temperatura en el tiempo que estoy allí. Tienes un nudo en la garganta constantemente. Si no se mueren de coronavirus, será de tristeza o de abandono porque cuando la residencia está medio en marcha nosotros nos vamos a otra con un nuevo brote y aquello se queda con las antiguas condiciones: las úlceras sin tratar y con falta de higiene y de cambios posturales para los ancianos”, relata Esperanza (nombre cambiado), otra TCAE de 39 años que ha pasado por varios geriátricos, entre ellos el de la residencia Club de Campos en el municipio murciano de Campos del Río.

A María la volvieron a llamar para trabajar en la sanidad pública y se fue “de COVID a COVID porque tengo claro que es lo que hay ahora”, señala. “Pero en el hospital cada usuario tiene su ropa y un container para la basura en su habitación. Cierras el container a presión y se quema. Allí todo eso no hay, ¿cómo no se va a propagar la COVID?”.  No solamente se trata de containers, las trabajadoras sanitarias del SMS han entrado en las residencias de ancianos de la Región, de las que tan sólo 5 de las 64 son públicas, como elefantes en una cacharrería: no estaban acostumbradas a tener restricciones de material, ni a ver a ancianos desatendidos, ni a entender las condiciones de trabajo de los sanitarios que hacían muchos turnos seguidos sin descansar y que, en algunos casos, no llevaban más protección que una mascarilla quirúrgica y una bata de papel desechable hasta que llegaba el ‘destacamento’ del CORECAAS.

“En algunas residencias nos han visto como el enemigo que venía a contar cosas que son mentira”, destaca Rosa, otra técnico de 53 años que ha pasado entre otros geriátricos por el de Montepinar, situado en una urbanización a las afueras de la capital de la Región, donde un residente se precipitó desde una ventana el pasado domingo. De hecho, a raíz de que se publicaran en los medios de comunicación las condiciones en las que se encontraban los ancianos, las residencias privadas prohibieron a las sanitarias del CORECAAS entrar con los móviles a los centros para que no pudieran hacer fotografías.

"He visto cómo un técnico hacía labores de enfermería, como es poner heparina que se trata de una técnica invasiva y lo he tenido que decir. Si no tienen enfermeros es su problema", destaca Rosa.

Apertura de diligencias penales y civiles

La Fiscalía de Murcia abrió el lunes pasado diligencias de investigación penal para averiguar se si ha producido algún presunto abandono de ancianos en las residencias de la Región a raíz de estas publicaciones. El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, decidió incoar estas diligencias tras recibir un escrito de denuncia del Defensor del Paciente. “Veremos qué se deriva de ahí, si una actuación estrictamente civil o penal, pero al menos hay que escuchar a los trabajadores para que nos digan qué es lo que han visto”, dijo Díaz Manzanera a este periódico.

A estas diligencias penales abiertas esta semana sobre la situación en general de los geriátricos en la Región se suman otras tres civiles. También hay otro caso que ya está judicializado sobre la actuación que hubo en la residencia de ancianos de Caser en la pedanía murciana de Santo Ángel, en la que murieron 28 personas, según las instituciones, y 40, según los familiares. Si en la primera ola se produjeron un total de 66 fallecimientos oficiales en geriátricos de la Comunidad, en esta segunda ola ya son 106 muertos.

Desde el CORECAAS, Novoa dijo a este periódico que, en muchas ocasiones, las personas que se incorporan al servicio “vienen de la bolsa de trabajo y carecen de formación. Llegan con miedo y a veces renuncian el primer día de trabajo”.

"Es muy complicado porque no tenemos un retén de personas formadas esperando que ocurra un brote, sino que vamos contratando según vamos teniendo necesidades. Pero no paramos de crecer porque aumentan más los brotes que la capacidad que tenemos de movilizar personal", explica Novoa. "Entiendo los temores de los auxiliares porque nosotros llegamos a los centros cuando se están cayendo, pero los trabajadores van muy protegidos", añade el coordinador.

Una política que arrasa y privatiza "todo lo social y sanitario"

“Todo va a seguir igual cuando esto pase. El dinero se hace recortando recursos y personal”, apunta María. Como recoge Infolibre, quienes controlan los 12 mayores grupos de residencias en España, también en la Región, son fondos de inversión, multimillonarios y algunos empresarios corruptos.

“Esto es un problema estructural fruto de décadas y que ha puesto en evidencia la política en nuestra Región, una política que viene a arrasar y privatizar todo lo social y sanitario y que quita recursos humanos e inteligencia a estos sectores, de modo que la administración no tiene fortaleza ni una continuidad política y menos aún una estrategia a medio plazo. No hay nada. Es un desierto”, expone un experto sanitario que no desea ser identificado. “La pandemia ha dejado el sector completamente expuesto; ha dejado muy claro lo que hay”, añade.

Esta misma fuente apunta a que parte del problema es que la ley regional que establece los ratios de profesionales de las residencias de ancianos se retrotrae a 2005. “Esa regulación ya me pareció insuficiente en ese momento, pero 15 años después el perfil de usuario ha cambiado mucho: antes la mayoría de residentes eran casi todos independientes y se morían rápido; ahora los rescatamos de los eventos biológicos, pero acaban más discapacitados y durante más tiempo en las residencias”. El sanitario califica a las residencia como un “sector muy frágil” en cuanto a recursos humanos y “con mucha más necesidad de atención sanitaria” que antes.

 "Si los ratios están así, que los cambien y que sus últimos años las personas tengan un poco de dignidad de vida", reflexiona la técnico auxiliar de enfermería Rosa. "No puedo ver a una persona deteriorarse de esa manera y que nadie hable, tendría que volver a nacer", añade la técnico.

"Solo se detectan negligencias cuando las denuncian los familiares"

El profesor del Departameto de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU) y miembro del Instituto Universitario de Investigación del Envejecimiento de esta misma universidad, Marcos Bote, apuntala la idea de que "se necesita un modelo de atención al dependiente y, por supuesto, que tenga una atención médica".

En un estudio sobre la situación de los mayores en la Región para el Consejo Económico y Social en el que ha participado detectaron que la provisión en servicios sociales y la provisión sanitaria en la Región presenta un déficit enorme ya que está en la cola de la mayoría de indicadores. "El índice de cobertura -el número de plazas en función de la población mayor de 65 años- en la Región es el más bajo de toda España", señala.

Durante dicha investigación lo que más les repitieron los trabajadores de las residencias de ancianos es que "solo se detectan las negligencias cuando las denuncian los familiares ya que no hay una inspección periódica". "Las cuestiones de los trabajadores tampoco se estaban supervisando y todo estalla con la COVID", dice Bote.

"En general, cuando se habla de la cobertura pública y privada probablemente hay determinados servicios en los que la iniciativa privada puede tener un papel de apoyo, pero normalmente los cuidados no se pueden entender desde una lógica del coste/beneficio", concluye el académico.

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Publicado el
22 de noviembre de 2020 - 06:00 h

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