Condenan a dos responsables de una macrogranja en Navarra por un vertido ilegal al río Aragón

El Juzgado de lo Penal número dos de Pamplona ha condenado a un año de cárcel a dos miembros del consejo rector de Valle de Odieta, la empresa dueña de la macrogranja de Caparroso, una de las más grandes de España con capacidad para más de 7.500 cabezas de ganado. En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza les considera responsables de un delito contra el medioambiente por haber regado con digestato varias parcelas y por un vertido ilegal en el río Aragón como consecuencia de ese riego.

Además de la pena de prisión de un año, a los dos directivos de la cooperativa propiedad de la macrogranja la jueza les ha impuesto una pena de 14 meses de inhabilitación para cualquier oficio o profesión relacionado con la agricultura y la ganadería y la obligación de reparar el daño medioambiental causado. Los otrs tres responsables de la macrogranja que se sentaron en el baquillo han sido absueltos.

Fue en el año 2021 cuando la Plataforma Navarra contra las Macrogranjas (integrada por Greenpeace y la Fundación Sustrai) llevó a los tribunales a las empresas Valle de Odieta y HTN (que también gestiona esta macrogranja, pero que la jueza de instrucción no ha encontrado indicios de que participase en este vertido) por episodio de contaminación de suelo y acuíferos que afectó a la Zona Especial Conservación de los tramos bajos del río Aragón y Arga, que se produjo como consecuencia de regar con digestatos resultantes del proceso de biometanización las parcelas agrícolas cercanas a la explotación.

La plataforma denunció que la contaminación “produjo importantes escorrentías, que llegaron a generar auténticas cascadas de residuos líquidos por los barrancos de la zona” y que llegó al espacio protegido de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, una zona de Especial Conservación (ZEC), hábitat de especies en peligro de extinción como el visón europeo y el galápago europeo.

La sentencia recoge que los responsables de la macrogranja emplearon “sin autorización administrativa” y “sin adoptar las medidas de precaución adecuadas para calcular la cantidad de digestato, el grado de permeabilidad de la tierra y las condiciones climatológicas” un sistema de riego por pivots en lugar de camiones cisterna. Eso provocó que se llevara a cabo “un exceso de riego que ocasionó encharcamientos en la zona regada, de modo que parte de este exceso de riego cayó por los cortados del barranco hacia el río Aragón y otra parte se deslizó por la acequia del camino del Soto de la Cueva hasta desembocar en la balsa del Soto”.

La jueza constata que estos riegos se realizaron “contra la autorización medioambiental” y que se realizó “sin controles específicos”, y con “conocimiento de que comportaba además de una infracción una peor gestión y un peor control de la distribución del digestato”. Apunta que el riego debió realizarse con camiones cisternas con brazos colgantes para lograr una aplicación uniforme, y que en caso de que en caso de que el digestato se distribuyera a las parcelas receptoras mediante conducciones fijas, el trazado y características de las mismas se debería notificar al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para su autorización previa a la ejecución.