Alsasua celebrará un año más el día contra la Guardia Civil en medio de la polémica política y jurídica
El denominado Ospa Eguna o “Día de la expulsión”-que reclama la salida de las fuerzas de seguridad estatales de Euskadi y Navarra- se va a celebrar en Alsasua este sábado 31 de agosto. Es una cita recurrente en el calendario de esta localidad y de otras. Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto este viernes en el que rechaza prohibir la conmemoración porque considera que “no hay antecedentes de delitos en celebraciones previas que justifiquen tal restricción de derechos fundamentales”. El alto tribunal se ha pronunciado después de que la Fiscalía solicitase la suspensión del acto por considerar que puede ser constitutivo de los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo.
No es la única institución que ha solicitado su suspensión. Hace unos días, varias asociaciones de la Guardia Civil -entre ellas la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC)- enviaron sendos escritos solicitando su prohibición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y al Gobierno de Navarra. Aseguraban que la celebración de esta jornada es “un claro ejemplo de delito de odio”, y exigían a la Fiscalía que investigase esta “sinrazón de violencia psicológica” contra los guardias civiles y sus familias.
La Fiscalía había reaccionado esta misma semana exigiendo al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que prohibiese la celebración del evento. La presidenta de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco), Consuelo Ordóñez, también ha celebrado que la se solicitase la suspensión: “Es un acto que llevamos documentando durante años y que siempre nos ha parecido gravísimo”. Ordóñez ha asegurado a eldiario.es que hasta ahora la “impunidad” había caracterizado a la Audiencia Nacional, y que se ha dado rienda suelta al odio: “ETA ha dejado de matarnos, pero el odio sigue intacto. El culto a ETA, a los etarras, sigue intacto y va 'in crescendo'”.
Por su parte, el Gobierno de Navarra se ha pronunciado esta semana a través de dos vías. Por un lado, la presidenta, María Chivite (PSN); por el otro, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos (Podemos). María Chivite ha asegurado que no comparte “ni el espíritu ni los fines” del Ospa Eguna y que “reconoce la labor que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional” desarrollan en Navarra. Es más, en su petición de mayores competencias para la Policía Foral de Navarra ha incorporado el matiz de que ello no puede hacerse mandando un mensaje de que es una estrategia para infravalorar el papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Navarra.
Sin embargo, Chivite ha incidido en que “la democracia no puede prohibir un acto porque un colectivo o una asociación concreta estima que los participantes podrían cometer un delito”. El delito tiene que haberse consumado para castigarlo, viene a decir. Responde así a los colectivos y también a otros grupos políticos -entre ellos, el PP- que han solicitado que el Gobierno suspenda la jornada.
Consuelo Ordóñez -a preguntas de este medio- también se ha pronunciado sobre lo afirmado por la presidenta de Navarra. Reconoce que “al ser el sistema judicial español un sistema penal garantista, hasta que no suceda un delito no se puede prohibir”. Sin embargo, considera que lo dicho por la líder del Ejecutivo foral es cuestionable. “Si fuera el primer Ospa -aunque podamos presumir por los carteles y anuncios qué pueden hacer- no se podría prohibir, pero llevamos nueve años viendo cómo se celebra. Todos sabemos que son delitos de odio, de incitación al odio”, valora.
El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, ha ido un paso más allá. Respecto al concepto de “delito de odio”, el consejero afirma en una entrevista a eldiario.es -que se publicará este domingo-, que “es un concepto que se ha ensanchado indebidamente”. “Los delitos de odio están pensados para proteger a personas y colectivos especialmente vulnerables por razón de sexo, raza, ideología... No están pensados en ningún caso para proteger colectivos que no sean vulnerables y, en ese sentido, [la jurisprudencia] establece que las fuerzas de seguridad -por su propia entidad- no son colectivos vulnerables. Por tanto, la existencia de un delito de odio contra la Guardia Civil es antitético. No puede sostenerse jurídicamente”, argumenta el dirigente de Podemos.
Consuelo Ordóñez ha respondido a las afirmaciones de Santos. “¿Cómo que no es un colectivo especialmente vulnerable? ¿Es que no hemos visto qué ocurre cuando miembros de la Guardia Civil de paisano van a hacer la compra o a tomar una copa a un bar?”, se pregunta la hermana del dirigente del PP asesinado por ETA Gregoria Ordóñez en relación a lo ocurrido en Alsasua, la localidad que precisamente acoge el Ospa Eguna. La presidenta de Covite ha insistido en que el consejero navarro “no tiene ninguna razón, ni siquiera jurídicamente” porque la asociación ha demostrado “desde el punto de vista jurídico que [la Guardia Civil] es un colectivo especialmente vulnerable a estos delitos de odio. Precisamente, una de las agravantes que nos estimaron en el juicio de Alsasua es la de odio”.
Tanto la presidenta de Navarra, María Chivite, como el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, coinciden en que, en todo caso, la delegación de Gobierno sería la encargada de abordar esta cuestión, no el Gobierno de Navarra. Tras la resolución del juez Moreno, las fuerzas de seguridad tienen el cometido de vigilar que en Alsasua no se cometan delitos de enaltecimiento del terrorismo o menosprecio a las víctimas.
