La progresiva afinidad entre Geroa Bai y EH Bildu
Lo reflejaba la propia presidenta del Gobierno en una conferencia que ofreció en Madrid a mitades del mes de octubre. “Las relaciones se van a acidular”. La costumbre de Barkos de elegir términos eufemísticos para referirse a las relaciones entre los socios que apoyan su gabinete alcanzó aquel día un nuevo récord: “acidular” es el término que se emplea en cocina para hacer agria o más ácida cualquier mezcla, y también se usa en medicina para describir el proceso por el que cualquier sustancia se convierte de manera acelerada en ácida. En resumen, que las relaciones entre los socios de gobierno se van a volver más tirantes y difíciles conforme se acerque el próximo periodo electoral previsto para 2019. Ácido, agrio o amargo, cualquiera que sea el adjetivo que se desprenda del “acidular” presidencial, el camino que queda por recorrer al cuatripartito hasta las urnas no va a ser un paseo triunfal.
Si se atiende al resultado histórico de los diferentes gobiernos de coalición que ha habido en Navarra, al cuatripartito no parece esperarle un futuro muy halagüeño: el tripartito que encabezó el socialista Javier Otano junto a EA y CDN concluyó bruscamente su andadura, 14 meses y medio después de su constitución, al descubrirse una cuenta en Suiza a nombre del presidente; y el gobierno de coalición que formó la regionalista Yolanda Barcina junto al PSN en 2011 no llegó ni siquiera al año de andadura, porque Barcina echó a los socialistas de su gabinete bajo la acusación de “deslealtad”.
Gobernar en coalición con otros partidos políticos no se revela como una tarea fácil o cómoda. El cuatripartito suma en el Parlamento los 26 votos que le otorgan la mayoría simple necesaria para sacar adelante la mayoría de sus iniciativas. Pero el margen es tan escaso que, cada vez más frecuentemente, los proyectos del Gobierno pasan por el trámite parlamentario como quien debe atravesar una cuerda floja, con la duda permanente de si caerá al vacío o logrará llegar a su destino.
Las cadenas suelen romperse por el eslabón más débil, y el caso del cuatripartito no es una excepción. IU, el socio que aporta dos votos a la suma de 26 que alcanza el Gobierno, está siendo hasta el momento el partido más ácido para el cuatripartito. EH Bildu, en cambio, que con sus ocho parlamentarios es el segundo grupo más fuerte del cuatripartito por detrás de los nueve de Geroa Bai, ha entrado en una dinámica de evidente sintonía con el partido de la presidenta.
La afinidad entre Geroa Bai y EH Bildu en cuestiones de marcado carácter nacionalista (defensa a ultranza del euskera, deterioro de las relaciones con el Estado, llamamientos a la defensa del autogobierno….) han llegado a constituir de los dos partidos el núcleo duro de un Gobierno que prioriza los objetivos más nacionalistas de su acuerdo programático. Podemos e Izquierda Unida quedan así ‘a rebufo’ de las iniciativas que pactan entre Geroa Bai y EH Bildu para, por ejemplo, implantar una lista única para los opositores de Educación que intentarán hacerse con una plaza de docente en castellano o euskera el próximo año.
Lista única euskera y castellano
El euskera sólo es cooficial en Navarra en la llamada zona vascófona. Por esta razón, el Gobierno determina qué plazas de profesor deben impartirse en euskera. Para acceder a dichas plazas, se crea una lista de opositores a quienes corrige un tribunal en euskera. En otra lista, los opositores que aspiran a plazas docentes en castellano cuentan con un tribunal diferente. Pero para Geroa Bai y EH Bildu este sistema constituye una “segregación lingüística”. La presidenta Barkos ha denunciado en varias ocasiones que “la realidad sociolingüística de la Comunidad foral ha superado con creces la ley del Euskera”, que establece la citada zonificación lingüística. Pero el cuatripartito carece de la mayoría cualificada para modificar dicha ley. De forma que, entre Geroa Bai y EH Bildu, se han propuesto superar la ley por la vía de los hechos.
Como si el euskera fuera lengua oficial, y amparándose en que así se da respuesta a una amplia e histórica reivindicación sindical, la consejera de Educación, María Solana, anuncia la implantación de una lista única para opositores en castellano y euskera para la Oferta Pública de Empleo de docentes de 2018. Todos los exámenes de la oposición serán corregidos por el mismo tribunal y los opositores que acrediten euskera podrán presentarse con un solo examen a las plazas en castellano y en euskera.
El anuncio de Solana pilla fuera de juego a los dos socios no nacionalistas del cuatripartito. Podemos reclama al Gobierno conocer las razones por las que la lista única garantiza, como mantienen Geroa Bai y EH Bildu, mejores condiciones de acceso a todos los aspirantes a docente. Pero Izquierda Unida va más allá y se pronuncia abiertamente en contra de esta iniciativa del Gobierno.
Su reacción no habría quedado más que en un derecho a pataleta de no ser porque el PSN se adelantó a la jugada del Gobierno y presenta una ley, para su debate urgente, por la que se establece que habrá dos tribunales diferentes para corregir los exámenes en euskera y los que se hagan en castellano. Si la ley del PSN consigue aprobarse en el Parlamento, la aspiración de la lista única de Geroa Bai y EH Bildu quedará en nada. Así que Izquierda Unida anuncia su apoyo a la proposición de ley socialista y desata un furibundo contraataque nacionalista que incluye manifestaciones de LAB ante su sede, protestas airadas en redes sociales y numerosas declaraciones públicas de nacionalistas que claman contra la coalición de izquierdas por aliarse con la oposición en contra del euskera. Mientras tanto, la ambigua posición de Podemos hacia la lista única pasa más desapercibida después de que su Consejo Ciudadano vote por unanimidad no apoyar la proposición de ley del PSN.
La desunión en los símbolos
Izquierda Unida asegura que no está rompiendo el acuerdo programático al rechazar la lista única, ya que la implantación de este sistema para acceder a las plazas de docencia no está contemplada en dicho acuerdo. Pero el documento que firmaron las cuatro formaciones que sustentan al Gobierno sí incluye varios puntos de suma importancia para los nacionalistas a los que IU se avino sin contrariar la disciplina de voto del cuatripartito. La derogación de la ley de Símbolos fue uno de ellos. La mayoría parlamentaria del cuatripartito dejó sin vigencia la ley que prohibía expresamente el uso de la ikurriña en las instituciones forales, abriendo con ello la puerta a que la enseña vasca pueda volver a lucir de forma legal en Ayuntamientos y otros edificios oficiales.
La oposición coincidió en interpretar esta iniciativa como un ataque a los símbolos de Navarra y organizó una multitudinaria manifestación en defensa de la bandera foral. Para contrarrestar el deterioro de imagen que le supuso aquella masiva manifestación, el Gobierno de Uxue Barkos diseñó una estrategia con el objetivo de fotografiar a la presidenta con una gran bandera de Navarra de fondo y todos los partidos rindiendo homenaje a la enseña foral.
La presidenta eligió mal las cartas con las que jugó esta mano. Propuso entregar la Medalla de Oro de Navarra, el máximo galardón que concede el Gobierno, a los tres historiadores a quienes se atribuye el diseño de la bandera foral tal y como se conoce en la actualidad. Para empezar, la oposición de derechas criticó abiertamente la maniobra de Barkos por tratarse de “un lavado de imagen”, y anunció su ausencia en la ceremonia del Día de Navarra. Para seguir, los socialistas denunciaron por “xenófoba” la figura del historiador Arturo Campión y también avanzaron que darían plantón al Gobierno en la ceremonia oficial de homenaje. Así que no quedaban en la foto más que los socios del cuatripartito.
La cadena vuelve a romperse por el eslabón más débil. Izquierda Unida denuncia no sólo las ideas xenófobas de Campión, sino también su apoyo al régimen franquista, y se niega a contribuir al homenaje organizado por sus socios. Podemos, por su parte, sin criticar a los homenajeados, anuncia su ausencia en el acto por estar en desacuerdo con el proceso de elección de los galardonados. El Parlamento pide por mayoría al Gobierno que retire la concesión de las Medallas a título póstumo. Sin éxito, porque Barkos sigue adelante con su iniciativa. Pero, en lugar de la foto de unidad que pretendía, se encuentra con la realidad de que el único que le acompaña en su estrategia es su socio más afín, EH Bildu.
Defender a EH Bildu ante España
Cada vez que la presidenta Barkos acude a Madrid a ofrecer su visión sobre Navarra le toca defender la presencia de EH Bildu entre sus socios de Gobierno. En la conferencia “acidulada” del pasado mes de octubre volvió a hacerlo. En su opinión, ahora que “ETA es pasado”, resulta positivo que “tengan un espacio en política aquellos a los que tanto tiempo les hemos requerido que vengan a la política”.
Aunque Barkos reivindique el derecho de EH Bildu a ejercer la vía política, lo cierto es que su asociación está suponiendo un caro peaje para la presidenta. El Estado está pasando factura al Gobierno foral por contar con el apoyo de EH Bildu desde el primer momento en que el cuatripartito llegó al Gobierno de Navarra. Ha sido así con el corredor ferroviario de alta velocidad. Por muchos esfuerzos que haya hecho el vicepresidente Manu Ayerdi para intentar contentar al Estado, por una parte, y a EH Bildu por la otra, los intereses de ambas instancias son irreconciliables. Y el resultado es que Navarra se ha quedado sin la capacidad de licitar, decidir o influir sobre una obra que atravesará su territorio para conectarla con Madrid, Euskadi y Europa. Ni EH Bildu quería que Ayerdi firmase con el Estado un convenio para pactar la construcción del TAV, ni el Estado quería firmar dicho convenio con un Gobierno “rehén de sus socios” contrarios al corredor ferroviario de alta velocidad.
Y al Gobierno le toca afrontar varias cuestiones de calado para Navarra que, necesariamente, pasan por acordar con el Estado. Como la actualización del Convenio Económico, por ejemplo, un asunto que Euskadi ha cerrado de forma muy satisfactoria para el Gobierno vasco y que Navarra no consigue hacer realidad. Las palabras del ministro Montoro asegurando en el Congreso que el Convenio Económico estaría aprobado antes de finalizar 2017 empiezan a antojarse como un espejismo parlamentario. Si, como mantiene el consejero Aranburu, las negociaciones técnicas con el Estado están concluidas y a la actualización del Convenio Económico sólo le falta el impulso político del Estado para ser aprobada, entonces cabe cuestionarse qué es lo que frena la voluntad política del Estado para acordar con Navarra el principal instrumento económico de su autogobierno. ¿La desconfianza ya expresada del Estado hacia los socios de gobierno?
La consejera de Interior, María José Beaumont, fue el único nombre propuesto por EH Bildu para formar parte del gabinete de Uxue Barkos. En su figura se concentran dos polémicas que el Gobierno foral mantiene con el Estado, por una parte, y con sus propios socios del cuatripartito, por otra. Su ley de Policía, que fue rechazada con los votos de IU y Podemos, vuelve a la actualidad parlamentaria porque Geroa Bai y EH Bildu han negociado con parte de los sindicatos policiales ciertas concesiones en las condiciones laborales de los agentes. El núcleo duro del Gobierno ha conseguido romper la unanimidad sindical en la Policía foral y ha provocado una guerra abierta en el seno de este cuerpo para evitar sustanciosos recortes. EH Bildu sigue haciendo con esta cuestión visibles alardes de su fuerza dentro del Gobierno.
También los hace de cara al exterior. Beaumont encabeza, por ejemplo, la comisión del Gobierno que cuestiona al organismo estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre sus datos en torno a la seguridad de la ladera norte del pantano de Yesa. No sólo ha puesto en cuestión los estudios de la CHE, sino que pide al Estado la paralización de las obras de recrecimiento mientras no se elabore un estudio ajeno e independiente, que financiará el Gobierno foral, que determine que las obras se hacen con las debidas condiciones de seguridad.
El Estado se siente atacado en algunas decisiones por los socios del Gobierno foral. El episodio más reciente de esta expresión de desconfianza tiene lugar en boca del Teniente Coronel Jefe del polígono de tiro de Bardenas. José Joaquín Cobarro alerta de que “alguna plataforma” y el Gobierno foral maniobran para tratar de impedir la prórroga del contrato de alquiler de las instalaciones al ministerio de Defensa. El polígono de tiro se alquiló en 2008 al ministerio para que el Ejército del Aire realice maniobras en las instalaciones, algunas de ellas con fuego real, a cambio del pago de un canon anual. El contrato de alquiler prevé la renovación en 2018 por otra década más, doblando el precio que se paga por el uso de las instalaciones militares. Defensa mantiene que la prórroga del contrato es automática, pero el Gobierno foral no es de la misma opinión. De hecho, ha solicitado en reiteradas ocasiones a Defensa que se disuelva el contrato. Pero el Ejecutivo foral ni pincha ni corta en una operación en la que sólo tienen poder de decisión el Estado y la Comunidad de Bardenas. El Estado, no obstante, teme que el ruido que pueda provocar el Gobierno de Barkos y sus socios pueda perjudicarle.
